El Ayuntamiento de Mataró intenta sin éxito precintar las instalaciones ilegales de la escuela rural Casa Nostra

Pedirá una orden judicial para evitar que se utilicen las construcciones ilegalizables que hay en la finca

Padres de la escuela rural Casa Nostra de Mataró impidiendo la entrada de técnicos municipales del Ayuntamiento que pretendían precintar las instalaciones ilegales, este jueves por la mañana.

Padres de la escuela rural Casa Nostra de Mataró impidiendo la entrada de técnicos municipales del Ayuntamiento que pretendían precintar las instalaciones ilegales, este jueves por la mañana. / periodico

JOAN SALICRÚ / MATARÓ

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Sigue el conflicto entre el Ayuntamiento de Mataró y la escuela rural Casa Nostraque opera <strong>sin permiso alguno</strong> en una finca de la zona agrícola de las <strong>Cinc Sénies</strong>, en el Este de la ciudad.

Este jueves por la mañana, a las 9 horas, los propietarios de la escuela –que habían pedido la colaboración de padres y vecinos- han negado la entrada a los técnicos municipales del servicio de Licencias que iban a precintar unas obras e instalaciones ilegales realizadas en la parcela.

Ante estos hechos, el Ayuntamiento de Mataró ha anunciado que solicitará a los juzgados una autorización de entrada a domicilio para acceder a la finca privada de Can Gual con tal de llevar a cabo el precinto de las instalaciones que según el consistorio son “ilegalizables” además de “ilegales”.

El hecho es que Can Gual está incluida en el Catálogo del Plan Especial urbanístico de Masías y Casas Rurales y que la normativa urbanística no permite hacer nuevas construcciones en la finca más allá de las catalogadas, que son la casa principal, de 272 m², y una construcción anexa de 63 m².

En este sentido, el Ayuntamiento tiene abiertos, desde febrero y abril, dos expedientes de disciplina urbanística por la realización de diferentes construcciones sin licencia, en concreto la transformación del almacén con cubierta metálica en un edificio de obra destinada a aula, con un porche en un lateral; una construcción destinada a cocina (exterior); una caseta de madera destinada a vivienda; una caseta tipo móvil destinada a casa; una caseta destinada a laboratorio; una caseta de madera destinada a aula de refuerzo; la instalación de una piscina en la zona del jardín; y fuera de la parcela, en el camino de acceso a la misma, la habilitación de una finca como aparcamiento así como la instalación de unos rótulos en el camino de acceso.

“Estas instalaciones y edificaciones no se pueden legalizar, por lo que se ha requerido a los propietarios mediante diferentes decretos su derribo, así como el cese de la actividad de centro educativo hasta disponer de los permisos pertinentes”, reza el comunicado del Ayuntamiento.

"El Ayuntamiento muestra una hostilidad manifiesta contra la escuela rural y la 'granja escola'", ha asegurado por su parte Maria Bellmunt, promotora del centro junto con su marido.

TERCER EXPEDIENTE ABIERTO, AHORA POR TEMAS DE SALUD PÚBLICA

Pero eso no es todo. El Ayuntamiento ha dado a conocer también este jueves que, aparte de los dos expedientes de disciplina urbanística que siguen su curso, el Ayuntamiento ha abierto un tercer expediente que afecta a Can Gual en el ámbito de Salud Pública.

En este caso, el expediente se abrió a requerimiento de la Agencia de Salud Pública de Catalunya. Este organismo de la Generalitat comunicó al Ayuntamiento que la cocina exterior utilizada para dar servicio de comedor escolar presentaba a finales de mayo deficiencias estructurales importantes.

SIGUE EL PROCESO DE LEGALIZACIÓN

Pero aunque la situación esté cada vez más tensa, nada impide que por otro lado el Ayuntamiento esté tramitando –a petición de los propietarios- y desde hace unas semanas el cambio de uso de la finca para desarrollar actividades educativas, siempre y cuando se cumplan todos los requisitos normativos que sean pertinentes con respecto a los espacios e instalaciones utilizadas.

La finca de Can Gual tiene actualmente uso de vivienda familiar, pero con ese cambio de usos parece que la escuela podría funcionar legalmente como mínimo dentro de la casa, aunque no queda claro –Ayuntamiento y Generalitat no se ponen de acuerdo tampoco en esto- cuántos alumnos podría acoger finalmente.

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