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Responsabilidades pecunarias

La Fiscalía pide embargar el sueldo del Ayuntamiento de Madrid a Ignacio González

El expresidente madrileño ha reingresado como consejero técnico en la Subidrección General de Apoyo Jurídico

El Periódico / Agencias

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González / VICTOR LERENA (EFE)

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido embargar al expresidente madrileño Ignacio González su sueldo en el Ayuntamiento de Madrid al conocer su reingreso en el cuerpo de funcionarios como consejero técnico en la Subdirección General de Apoyo Jurídico, Incompatibilidades y Régimen Disciplinario.

Fuentes jurídicas han confirmado esta petición de la Fiscalía al juez del caso Lezo, Manuel García Castellón, que ha adelantado la 'Cadena Ser'.

Según las fuentes consultadas, la Fiscalía ha hecho esta solicitud al juez con el objeto de cubrir las responsabilidades pecuniarias a las que González puede llegar a ser condenado por el caso Lezo -sobre presuntas irregularidades en el Canal de Isabel II-, ya que con los bienes que le han sido embargados hasta el momento no ha quedado cubierta en su totalidad esa cantidad.

Reintegro como consejero técnico

El pasado 19 de octubre el Ayuntamiento de Madrid dio el visto bueno a su reingreso como consejero técnico "dentro del margen que establece la ley", según informaron entonces fuentes municipales. Al recibir la solicitud de reingreso, el 24 de julio, el Gobierno de Manuela Carmena remitió un oficio al Juzgado Central de Instrucción número 6 de Madrid para descartar "algún tipo de inconveniente a su reingreso".

El pasado 17 de septiembre el juzgado indicó en una providencia que no se había adoptado "ninguna medida cautelar" que "inhabilite o suspenda" a Ignacio González "para el ejercicio de la función pública".

Tras recibir esa comunicación el trámite "siguió el curso establecido y habitual" hasta que el pasado viernes se firmó la resolución para su reingreso.

El expresidente Ignacio González pasó 201 días en prisión preventiva (entre abril y noviembre del 2017) por su presunta vinculación en la trama Lezo, relacionada con la supuesta corrupción en la empresa pública Canal de Isabel II, de la que él fue presidente.