Bruselas termina con su disputa sobre el Estado de derecho con Polonia

Una de las primeras cosas que hizo el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, nada más hacerse con la jefatura del Gobierno el año pasado fue abrir negociaciones con la Comisión Europea para restaurar las relaciones y resolver los problemas de su país con el respeto al Estado de derecho. Varsovia vio recompensados sus esfuerzos a finales de febrero cuando Bruselas accedió a empezar a desbloquear miles de millones en fondos europeos. Este lunes el Ejecutivo comunitario ha confirmado que el Gobierno de Tusk va por el buen camino y que está dispuesto a cerrar también el procedimiento del artículo 7 del Tratado, que en última instancia podría suponer la pérdida del derecho de voto en el Consejo.

"Después de más de seis años, creemos que se puede cerrar el procedimiento del artículo 7, apartado 1. Felicito al primer ministro Donald Tusk y a su Gobierno por este importante avance. Es el resultado de su arduo trabajo y sus decididos esfuerzos de reforma", ha celebrado en un comunicado la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que al igual que Tusk pertenece al Partido Popular Europeo.

"Si bien es necesario continuar el trabajo, las acciones tomadas hasta el momento nos permiten concluir que el riesgo claro de una violación grave del Estado de derecho ya no existe. Es bueno para la UE y para Polonia que este procedimiento se cierre pronto", ha añadido la vicepresidenta responsable de Valores y Transparencia, Vera Jourová, que presentará el análisis de la Comisión al próximo Consejo de Asuntos Generales.

Plan de acción

Según la Comisión, Polonia ha puesto en marcha una batería de medidas legislativas y no legislativas para abordar las preocupaciones sobre la independencia del sistema judicial, ha reconocido la primacía del derecho de la UE y se ha comprometido a aplicar todas las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación al Estado de derecho, incluida la independencia judicial.

Concretamente, Bruselas considera positiva la adopción en febrero pasado de un plan de acción para garantizar la independencia judicial, el reconocimiento de Varsovia de que es necesario reforzar el Estado de derecho y la incorporación del país a la Fiscalía europea, algo a lo que se negó el anterior gobierno liderado por el ultraconservador Ley y Justicia (PiS).

"Tras examinar estos factores, la Comisión concluye que ya no existe un riesgo claro de violación grave del Estado de derecho", ha anunciado el Ejecutivo comunitario, que ya ha informado al Consejo y al Parlamento Europeo de su intención de cerrar un procedimiento que la Eurocámara también lanzó contra Hungría. Esto significa que el país que lidera Viktor Orbán será en adelante el único Estado miembro sometido al procedimiento.