La Fiscalía de Perú amplía la investigación a la presidenta Dina Boluarte por dinero de procedencia incierta y joyas valiosas

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, está siendo investigada por la Fiscalía de su país por depósitos bancarios de procedencia no explicada, así como por lucir valiosas joyas. Esta investigación se ha sumado a las pesquisas abiertas en marzo pasado por tres relojes Rolex no declarados, según ha informado el Ministerio Público. La ampliación de esta investigación, que tiene carácter preliminar, fue revelada el martes por el fiscal general peruano, Juan Carlos Villena, durante una presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de su país.

Aunque señaló que la investigación abierta el pasado 18 de marzo es reservada, Villena informó de que el 1 de abril "se dispuso ampliar el marco fáctico de la imputación, ya no solo por los tres relojes Rolex". Sostuvo que se ha incluido unas declaraciones juradas en las que aparece un incremento en el patrimonio de Boluarte de 432.000 soles (unos 111.000 euros) "en el plazo de dos años" y la posesión de una pulsera de lujo que, "según una fuente abierta", tiene un valor de 56.000 dólares (unos 52.000 euros).

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También dijo que existen otras joyas con un valor que superaría los 500.000 dólares (más de 463.000 euros) y "depósitos de origen desconocido" por más de 1,1 millones de soles (casi 250.000 euros) en cuentas bancarias de la gobernante. Sobre estos depósitos, Boluarte ha señalado en los últimos días que ese dinero pertenece al Club Departamental Apurímac (una asociación de migrantes de esa región en Lima), que presidió hasta antes de integrar, en 2021, el gobierno de Pedro Castillo.

Investigación de carácter reservado

El fiscal general de Perú remarcó que esta investigación preliminar por un presunto enriquecimiento ilícito "es bastante compleja" y que mantiene un carácter reservado, ya que incluye a numerosos funcionarios, además de pericias especializadas. Villena recordó también a los legisladores que el Ministerio Público puede culminar una investigación preliminar de este tipo con una acusación constitucional, pero remarcó que el proceso contra un gobernante "no puede continuar hasta que culmine sus funciones", tal como establece su Constitución.

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La presidenta estaba citada el pasado martes en el Ministerio Público para mostrar sus relojes, y para dar su testimonio al día siguiente, pero pidió reprogramar ambas citas debido a su "cargada agenda", y no acudió a ninguna de estas. Esto provocó que a la medianoche del pasado viernes se ordenara el allanamiento de su vivienda, donde el operativo policial rompió la cerradura de la puerta, y del Palacio de Gobierno. Tras los hechos la mandataria ha afirmado que ese procedimiento se había hecho de una manera arbitraria, abusiva y desproporcionada.

En respuesta, el Ministerio Público aseguró que el operativo se realizó "por orden del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema" y que en el operativo "no se ubicó ni se produjo la entrega de los relojes Rolex por la presidenta de la República, pese a que se le requirió", pero sí obtuvo otros elementos de interés para la investigación.