Los conservadores británicos presionan a Sunak para que aparque las políticas verdes

El Gobierno conservador de Rishi Sunak se encuentra ante una encrucijada: cumplir con los objetivos para alcanzar la neutralidad climática en 2050 sin que eso afecte a la economía de las familias en el corto plazo, en un contexto de crisis inflacionista y con unas elecciones generales previstas para dentro de poco más de un año. El debate ha adquirido una nueva dimensión esta semana dentro del Partido Conservador tras la victoria contra pronóstico del candidato ‘torie’ en la circunscripción de Uxbridge and South Ruislip en las elecciones parciales, una zona al oeste de Londres afectada por la expansión de la zona de bajas emisiones de la capital británica.

El sector más duro del partido considera que la victoria en esta circunscripción, más dependiente del vehículo privado que otras, es una muestra del rechazo al proyecto del alcalde laborista, Sadiq Khan. Como respuesta al mensaje del electorado, algunos diputados conservadores han vuelto a poner encima de la mesa un posible aplazamiento de las medidas que pueden afectar de forma directa al bolsillo de los contribuyentes, en un momento de enorme dificultad económica para muchas familias, golpeadas por el aumento de sus gastos diarios y por la subida del precio de las hipotecas.   

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Difícil equilibrio

“Vamos a avanzar hacia los compromisos de neutralidad carbónica, pero vamos a hacerlo de una manera proporcionada y pragmática que no suponga más molestias innecesarias y más costes en la vida de la gente”, ha dicho esta semana Sunak. “Eso no es lo que me interesa ni lo que estoy dispuesto a hacer". El ministro de Vivienda y Desarrollo, Michael Gove, ha puesto encima de la mesa una extensión del plazo máximo para cambiar las calderas de gas en los hogares por otras más eficientes a nivel energético, previsto para 2035, pero ha descartado permitir la venta de vehículos de gasolina y diésel más allá de 2030, una de las medidas planteadas por miembros de su propio partido.

El objetivo del Gobierno es lograr un difícil equilibrio entre la complacencia de los votantes más reacios a las políticas verdes y la necesidad de mantener una imagen a favor de la transición ecológica. En un programa presentado a finales de marzo para reducir las emisiones de carbono, el Ejecutivo destacó que la guerra en Ucrania ha acelerado la necesidad de reducir la dependencia de los combustibles fósiles y de realizar un “cambio radical” en el sistema energético hacia un modelo más limpio y más económico. La apuesta por entregar nuevas licencias para la extracción de petróleo y gas en el Mar del Norte, sin embargo, parece alejarlo cada vez más de este objetivo. 

Batalla legal

Las organizaciones ecologistas han iniciado una batalla legal para tratar de frenar los nuevos proyectos de extracción, argumentando que no contribuirán a la reducción del precio de la energía porque el 80% de la producción irá destinada a la exportación. “El Gobierno está apoyando a la industria nacional del petróleo y del gas, y eso es realmente preocupante”, explica a EL PERIÓDICO Tessa Khan, la directora ejecutiva de Uplift, una de las organizaciones ambientalistas que ha llevado a juicio al Gobierno. 

La ambivalencia del Ejecutivo ha sido criticada por su propio asesor climático y presidente del comité del cambio climático en la Cámara de los Lores, John Gummer, quien aseguró a mediados de junio que el Reino Unido “podría ser calificado perfectamente como un país hipócrita” en caso de salir adelante los proyectos de explotación en el Mar del Norte. Algo con lo que coincide Khan. “Por un lado, [los miembros del Gobierno] están insistiendo en la necesidad de iniciar una transición lo más rápida posible, alejada de los combustibles fósiles, y por el otro están usando esta preocupación por la seguridad energética como una excusa para abrir nuevos yacimientos de petróleo. No se pueden hacer las dos cosas a la vez”, denuncia la activista.

Solución dudosa

Una de las apuestas del Gobierno para compensar las emisiones derivadas de la explotación de nuevos yacimientos, equivalentes según Greenpeace a las de 14 millones de coches durante un año, es la de impulsar el desarrollo e instalación de sistemas para captar y almacenar emisiones de carbono en los núcleos industriales. Una medida que todavía está en fase de investigación, aunque el Ejecutivo ya ha anunciado su intención de destinar 20.000 millones de libras (unos 23.000 millones de euros) en su implementación en los próximos años. Las organizaciones ambientalistas, sin embargo, se muestran escépticas y apuntan a que el objetivo del Gobierno de capturar decenas de millones de toneladas de carbono al año a partir de 2030 no es realista.

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