Dimite la presidenta del banco británico que cerró las cuentas de Nigel Farage

La presidenta del gigante bancario NatWest, Alison Rose, ha dimitido este miércoles tras reconocer que filtró a la BBC información privada e inexacta sobre las cuentas del expolítico ultraderechista Nigel Farage, uno de los principales impulsores de la campaña a favor del Brexit, que fueron cerradas de forma abrupta a finales de junio. Rose justificó el cierre precipitado de las cuentas de Farage en el banco Coutts –una entidad para grandes fortunas propiedad de NatWest– asegurando que no cumplía con la cantidad mínima de patrimonio exigida a sus clientes (de entre uno y tres millones de euros).

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El exlíder del partido ultranacionalista UKIP, sin embargo, atribuyó en un primer momento el cierre de sus cuentas a los presuntos pagos recibidos de Rusia -que él siempre ha negado- y posteriormente a una persecución de sus opiniones políticas. Algo que ha quedado demostrado tras la publicación de un documento del propio banco, al que ha tenido acceso Farage, que revela que los responsables de la entidad mostraron preocupación, en una reunión celebrada el pasado noviembre, por las “opiniones expresadas públicamente” por el expolítico, entre ellas comentarios racistas y transfóbicos. Unas opiniones que van en contra de la “posición inclusiva de la organización”.

Disculpa de la BBC

La revelación de este documento ha puesto en evidencia a la BBC, que dió por válidas las declaraciones hechas por la presidenta de NatWest al editor de negocios de la cadena, Simon Jack, y que descartó una motivación política detrás del cierre de las cuentas de Farage. “La información en la que basamos nuestro reportaje sobre Nigel Farage y sus cuentas bancarias procedía de una fuente de confianza y de alto nivel. Sin embargo, la información resultó ser incompleta e inexacta. Por lo tanto, me gustaría pedir disculpas al señor Farage”, ha escrito Jack en su cuenta de Twitter.

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Unas disculpas aceptadas por el exlíder ultraderechista, quien ha pasado toda la responsabilidad a la ya dimitida presidenta de NatWest, a la que acusa de romper con los acuerdos de confidencialidad entre el banco y sus clientes. Farage también ha cargado contra el resto del consejo de administración y ha exigido su dimisión al completo por proteger a Rose hasta el último momento. “El consejo de administración de Natwest ha apoyado su posición y es por eso que todos deben dejar su cargo”, ha dicho al canal 'GB News'.

Farage sostiene que son miles las personas afectadas por las políticas discriminatorias de NatWest y ha expresado su preocupación por lo que considera una privación de los derechos de los ciudadanos. “No puedes vivir o sobrevivir en el mundo moderno sin una cuenta bancaria porque te conviertes en una ‘no persona’. Los bancos son un servicio esencial, igual que el agua”. El expolítico ha criticado con dureza a la entidad, que fue rescatada parcialmente con dinero público tras la crisis financiera de 2008.

Reacción del Gobierno

El Gobierno británico ha celebrado la dimisión de Rose y ha mostrado su apoyo a Farage, en lo que considera que ha sido una vulneración de sus derechos. “Es justo que la presidenta de NatWest haya dimitido”, ha dicho el ministro de la City, Andrew Griffith, a través de Twitter. “Esto nunca habría ocurrido si NatWest no se hubiera encargado de retirar una cuenta bancaria debido a las opiniones políticas legítimas de alguien. Eso ha sido y será siempre inaceptable”, ha añadido. Una posición defendida también por el líder del Partido Laborista, Keir Starmer, quien ha reconocido a la BBC Radio 5 que la entidad financiera “se ha equivocado”.

Farage ha iniciado una batalla para evitar que los bancos puedan cerrar las cuentas de sus clientes si no cuentan con motivos de peso para hacerlo. Algo que ya está poniendo en marcha el propio Gobierno, a través del ministro Griffith, quien se ha reunido este miércoles con los responsables de los principales bancos para tratar el asunto. En una carta dirigida a las entidades financieras, el ministro de la City ha asegurado que la posición del Ejecutivo es “inequívoca” en este sentido. “Los bancos y otros proveedores de servicios de pago, que ocupan una posición privilegiada en la sociedad, no deberían rescindir los contratos [con sus clientes] por motivos relacionados con el derecho a la legítima libertad de expresión”.