El Gobierno francés aprueba el presupuesto de 2023 sin voto parlamentario

El Gobierno de Emmanuel Macron contará con un presupuesto a su medida, pero esto podría suponerle un coste político que dañe su imagen. La primera ministra francesa, Élisabeth Borne, ha anunciado este miércoles por la tarde en la Asamblea Nacional la aprobación de la primera parte del presupuesto de 2023 a través de un decretazo gubernamental.

La dirigente centrista ha confirmado el recurso al polémico artículo 49.3 de la Constitución, lo que permite al Ejecutivo aprobar las cuentas del año que viene sin una votación parlamentaria. Era una posibilidad comentada por la prensa gala desde hacía días. Pero su anuncio oficial corre el riesgo de reforzar la imagen de un presidente que gobierna con mano de hierro y escucha poco a la oposición.

"Cuando empezamos el debate presupuestario, sabíamos las dificultades a las que nos confrontábamos", aseguró Borne en un breve discurso en la Asamblea. "Todas las oposiciones reafirmaron su voluntad de rechazar el texto", subrayó esta dirigente que dirige el Ejecutivo desde mayo. Desde las legislativas de junio, la coalición de partidos afines a Macron se quedó sin mayoría absoluta en la Cámara baja, algo poco habitual en Francia, donde los partidos presidenciales suelen disponer de una amplia mayoría. Y para aprobar el presupuesto por la vía convencional debería haber hecho numerosas concesiones a la oposición.

"Señal de debilidad"

En este caso, el Ejecutivo podría haber cedido a las peticiones de Los Republicanos (LR, afines al PP en Francia), que con 62 escaños representan la cuarta fuerza en la Asamblea -por detrás de la alianza unitaria de la izquierda (NUPES, 151 diputados) y de la ultraderechista Reagrupación Nacional (89)-, pero ejercen como bisagra ante un Ejecutivo más bien orientado hacia el centroderecha. Sin embargo, el Gobierno de Macron y Borne renunció a esta opción y apostó por la vía rápida del 49.3.

"El uso del 49.3 resulta una señal de debilidad por parte del Gobierno que no sabe trabajar con la pluralidad política de la Asamblea", criticó la diputada de los verdes Cyrielle Chatelain, cuyo partido forma parte de la NUPES, junto con la Francia Insumisa de Mélenchon, el Partido Socialista y el Partido Comunista. Esta coalición de la izquierda anunció la presentación de una moción de censura.

Esta, sin embargo, no tiene ninguna posibilidad de prosperar. La oposición resulta mayoritaria en número de escaños, pero está dividida en polos ideológicos opuestos. "El Gobierno está más aislado que nunca", dijo, por su parte, Jean-Philippe Tanguy, representante del partido de Le Pen (ultraderecha), al salir del hemiciclo.

Sin impuesto especial a las grandes empresas

Desde 1992, ningún Gobierno había recurrido al polémico 49.3 para aprobar los presupuestos, sin duda, una de las leyes más importantes. A pesar de asociarse a la voluntad del Ejecutivo de imponerse por la fuerza al poder legislativo, los distintos gobiernos utilizaron este mecanismo 89 veces durante la Quinta República. Uno de los dirigentes que lo aplicó más a menudo fue el socialista Michel Rocard, quien gobernó en minoría. Un escenario parecido al de Borne y Macron.

Con este mecanismo, el Ejecutivo macronista se asegura la aprobación de unas cuentas hechas a su medida. No incluirán mediáticas enmiendas adoptadas en las últimas semanas, y consideradas como un revés parlamentario para el presidente, como la aprobación de un impuesto a los "superdividendos" de las grandes empresas. También mantendrán su objetivo de un déficit público del 5%. 

Tras unos presupuestos en los últimos tres años marcados por un considerable aumento del gasto para hacer frente a la pandemia, los de 2023 se caracterizan por un retorno a la senda ideológica del pasado. Apuestan por el control del gasto y la disminución de impuestos a las empresas, aunque mantienen ayudas públicas, de unos 11.000 millones de euros, para hacer frente a la crisis energética.