Grupos perseguidos

La ONU acusa a China de posibles crímenes contra la humanidad contra la minoría uigur

La investigación de Naciones Unidas apunta a las políticas de Pekín contras las minorías étnicas musulmanas

La saliente alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

La saliente alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. / EFE/Valentín Flauraud

Adrián Foncillas

Adrián Foncillas

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China ha desdeñado el informe de la ONU sobre los uigures como un “mosaico de mentiras”, lo ha calificado de “invención” que Estados Unidos y otros gobiernos occidentales usan como herramienta política y ha exigido el fin del doble rasero en materia de derechos humanos. Era descartable que la rueda de prensa diaria del Ministerio de Exteriores eludiera los caminos trillados. Aquel esperado informe sobre los abusos en Xinjiang salió publicado minutos antes de que Michelle Bachelet recogiera sus bártulos del despacho. La alta comisionada de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU mostró al fin las conclusiones del asunto más sensible y politizado de su mandato tras soportar las presiones de uno y otro bando durante un año. El texto evita el término genocidio, una denuncia muy exagerada de Washington y gobiernos afines, pero recoge suficientes atropellos para satisfacer a los críticos e irritar a China.

Sienta el informe que “las numerosas y discriminatorias detenciones de uigures y de otros miembros de grupos musulmanes (…) pueden constituir crímenes internacionales, en particular crímenes contra la humanidad”. Acusa a las políticas en la región autónoma de Xinjiang de "separar familias" y considera "creíbles" las denuncias de torturas en los centros de formación voluntarios, según la definición china, o centros de reeducación forzosa, según las de varias organizaciones de derechos humanos. El estudio incide en el envío de cientos de miles de uigures a esos centros entre 2017 y 2019 en los que, añade, hubo “tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes”. La oficina de Bachelet ha hablado con decenas de antiguos moradores.

Centros de reeducación forzosa

Esos centros han saltado al debate político desde que China los abriera un lustro atrás. Ahí fueron a parar sin juicio previo cientos de miles de uigures y otros musulmanes, según las estimaciones más fiables, donde fueron sometidos a un febril adoctrinamiento. China admitió tras tercos desmentidos su existencia y los calificó de centros donde la población acudía voluntariamente para aprender oficios y desintoxicarse de su extremismo. Pekín sostiene que, cumplida ya su función, la red ha sido desmantelada.

La ONU acompañó su informe con otro del Gobierno chino que triplicaba en páginas al primero y lo acusaba de basarse en “la desinformación y mentiras fabricadas por fuerzas sinófobas” y de “calumniar y difamar deliberadamente a China”. Las discrepancias son irresolubles porque Pekín y la ONU priorizan asuntos dispares: la primera, el ejemplo más refinado de pragmatismo, alude al fin, mientras la segunda, con una tradición más humanista, denuncia los medios. Las políticas chinas en Xinjiang han finiquitado el terrorismo islamista, un problema serio y contrastado con frecuentes atentados. El cometido por terroristas armados con cuchillos en la estación de tren de Kunming, en 2014, dejó una treintena de civiles muertos. Para Occidente, en cambio, los desmanes cometidos sobre una etnia al completo son intolerables.

El informe ha perturbado el primer y único mandato de Bachelet en la Oficina de Derechos Humanos de la ONU y es más que probable que renunciara al segundo por su hastío por el escrutinio de su labor en el asunto uigur. A su oficina llegaban a diario las exigencias de publicar el informe y ella priorizó un viaje a Xinjiang que, tras terminarlo en mayo, no convenció a nadie. Reconoció que no había podido hablar libremente con la población y sus conclusiones fueron criticadas por tibias por muchos. A Bachelet, víctima de la represión y acreditada activista de los derechos humanos, se la acusó de complicidad con la dictadura china. La publicación del informe tras un año de tremendas presiones por ambos lados sella su adiós pero no abre la vía a cambios sustanciales en Xinjiang, ni siquiera en el supuesto de que una mayoría de países secundara una investigación sobre el terreno. Es costumbre que los países nieguen el acceso a la ONU.