Estado de derecho

Bruselas lleva a Hungría ante la justicia por discriminar al colectivo LGBTIQ

La Comisión Europea también lleva al TJUE la decisión del gobierno ultraconservador de Viktor Orbán por cerrar la cadena de radio Klubradio y violar así la libertad de expresión

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, durante un discurso frente a la Casa del Terror de Budapest.

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, durante un discurso frente a la Casa del Terror de Budapest. / periodico

Silvia Martinez

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El enfrentamiento entre la Unión Europea (UE) y el Gobierno de Viktor Orbán por una legislación húngara que discrimina al colectivo LGBTIQ y que impide por ejemplo hablar de homosexualidad o identidad sexual en los programas escolares comenzó hace más de un año. Trece meses después y ante la falta de avances la Comisión Europea ha decidido denunciar a Hungría ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) al considerar que existe discriminación contra los ciudadanos sobre la base de la orientación sexual y la identidad de género. Según Bruselas, la ley viola las reglas del mercado interior, los derechos fundamentales de los ciudadanos, particularmente del colectivo LGBTIQ, y los valores europeos.

La legislación, aprobada el año pasado, prohíbe o limita el acceso de personas de menos de 18 años a contenidos que promuevan o representen lo que el Ejecutivo húngaro denomina “divergencia en relación a la identidad personal correspondiente al sexo al nacer, el cambio de sexo o la homosexualidad”. Catorce Estados miembros instaron hace más de un año a la Comisión Europea a que actuara contra Hungría y el asunto generó mucha polémica en la cumbre de líderes europeos de junio de 2021.

Un año después Budapest no se ha movido un milímetro y en Bruselas han decidido pasar a la acción dado que “las autoridades húngaras no han respondido de forma suficiente a las preocupaciones de la Comisión en relación con la igualdad y la protección de los derechos fundamentales, ni han presentado un compromiso para poner fin a la incompatibilidad”. El Ejecutivo comunitario sostiene que nunca ha cuestionado el derecho a la protección de los niños pero considera que la ley húngara “discrimina claramente a las personas por su orientación sexual, a en contra de los valores fundamentales de la UE y viola una serie de normas de la UE”.

Particularmente, la directiva sobre medios audiovisuales, la directiva sobre comercio electrónico, la libre prestación de servicios, el derecho a la protección de datos, la normativa sobre transparencia de mercado único así como el derecho a la vida privada y familiar, la libertad de expresión e información y la no discriminación entre otros, consagrados en la Carta de derechos fundamentales.

Caso Klubradio, también a Luxemburgo

No es el único movimiento que ha dado Bruselas este viernes contra Hungría. Las autoridades comunitarias también han decidido acudir al TJUE para denunciar a Hungría por vulnerar las reglas de telecomunicaciones de la UE al negar a la cadena de radio Klubradio el uso del espectro radioeléctrico “por motivos altamente cuestionables”. Según Bruselas, el gobierno húngaro exigió “condiciones desproporcionadas y no transparentes para la renovación del derecho” de la cadena independiente y crítica con el gobierno de Orbán a utilizar el espectro. Además, con su conducta concluyen que Hungría también ha violado la libertad de expresión.

En el punto de mira de Bruselas también sigue Polonia. En su caso, la Comisión Europea ha decidido lanzar un ultimátum al Gobierno polaco en el marco del procedimiento de infracción abierto en diciembre por las dudas sobre la imparcialidad del Tribunal Constitucional y varias sentencias de la corte polaca que consideran varias disposiciones de los Tratados de la UE incompatibles con la Constitución de Polonia. El intercambio de posturas desarrollado desde finales del pasado año no ha resuelto las dudas de Bruselas. “Por esta razón la Comisión Europea ha decidido dar un paso más en el procedimiento de infracción”, ha anunciado. Varsovia tiene dos meses para satisfacer las preocupaciones de la Comisión. De lo contrario podría terminar de nuevo denunciado ante el Tribunal de la UE.