Los archivos de Trump: secretos y lagunas

Donald Trump nunca fue un presidente convencional, en muchos aspectos. Uno fue la heterodoxia que mostró en el mantenimiento, archivo y manejo de registros y documentos oficiales durante su tiempo en el Despacho Oval. Ese reto a las normas, y quizá incluso a la ley, está complicando ahora el trabajo que realiza el comité de la Cámara Baja del Congreso de Estados Unidos que investiga el asalto al Capitolio. En la reconstrucción de ese puzle faltan piezas. Y aunque el comité está encontrando vías para completar los huecos y sumando victorias, los últimos días han vuelto el foco a las cuestionables acciones de Trump.

El comité, por ejemplo, ha descubierto agujeros en los registros de llamadas del 6 de enero de 2021. Son lagunas entre las conversaciones telefónicas que aparecen en los listados oficiales y las que se sabe fehacientemente que Trump mantuvo aquel día: en el tiempo que transcurrió desde que volvió a la Casa Blanca tras dirigirse a los manifestantes que luego asaltaron el Capitolio y el momento, más de cuatro horas después, en que grabó el vídeo en que, pese a insistir en la falsedad de unas elecciones “robadas”, les instó a “irse a casa”.

Nuevas imágenes del asalto al Capitolio

No hay pruebas de que los registros telefónicos se hayan alterado o que se hayan borrado números y se sabe que Trump usaba tanto su móvil personal como los de ayudantes, pero los vacíos crean interrogantes.

Registros telefónicos

Para tratar de llenar esos huecos, el comité ha enviado citaciones para obtener los registros telefónicos de más de 100 personas, aunque de momento no del propio Trump. No hay garantías de que vaya a conseguir todo lo que busca. Por ejemplo, Dan Scavino, que era subjefe de Gabinete de Trump y solía prestar al republicano su móvil, ha demandado a la empresa de telefonía Verizon para bloquear la entrega de los datos de su teléfono.

Más garantías tiene el comité de avanzar en otro aspecto de su investigación: saber a quién vio Trump en la Casa Blanca no ya el día del asalto, sino desde la noche de las elecciones, un tiempo en el que se trató de gestar una forma de revertir el resultado legítimo de los comicios.

Esta semana el presidente Joe Biden ha estimado que los registros de visitas al 1600 de la Avenida Pensilvania no están protegidos por el supuesto “privilegio ejecutivo” que alegaba Trump para evitar que el comité tuviera acceso a esos listados y el demócrata ha dado un plazo de 15 días para que sean entregados desde los Archivos Nacionales. Ya en enero Trump sufrió un varapalo cuando el Tribunal Supremo rechazó ese mismo argumento de privilegio ejecutivo y “liberó” cientos de páginas de otros documentos para que fueran entregados al comité, que ha tenido acceso a material como el borrador de una orden ejecutiva en la que se instaba al Departamento de Defensa a incautarse de máquinas y registros electrónicos de voto en varios estados.

Ley de Registros Presidenciales

En las últimas semanas también se ha intensificado el análisis a las prácticas irregulares de Trump después de que los Archivos Nacionales revelaran que solo a mediados de enero de este año obtuvieron, y no sin duras negociaciones, 15 cajas con material que Trump debía haber enviado al abandonar la Casa Blanca pero se llevó a Mar-a-Lago, su residencia en Florida. Algunos documentos estaban marcados como clasificados, incluyendo algunos categorizados como top secret. También había páginas que se habían sido hechas pedazos y reconstruidas con cinta adhesiva.

Lo sucedido ha llevado a los Archivos a consultar con el Departamento de Justicia, que de momento no ha emprendido acciones, pero está también ya bajo investigación del Comité de Vigilancia del Congreso, que cree que pudo haber “violaciones potencialmente serias” de la Ley de Registros Presidenciales. Su presidenta, la demócrata Carolyn Maloney, ha tildado de “profundamente preocupante pero no sorprendente” la acción de Trump.

De privados a públicos

a ley, que se aprobó en 1978 tras el escándalo del Watergate, cambió la propiedad de documentos presidenciales de privada a pública y obliga a darlos a los Archivos Nacionales y ponerlos a disposición de la ciudadanía 12 años después. Uno de sus problemas es que no da a los Archivos capacidad ni mecanismos para garantizar su aplicación ni tampoco establece penas por violarla.

Las prácticas irregulares de Trump crean también sombras sobre la posibilidad de que destruyera documentos que debían ser archivados, algo que también sugirió Maloney, pero numerosos expertos dudan de que pueda ser probado o perseguido legalmente. Habría que demostrar, por ejemplo, que era selectivo en lo que rompía y tener pruebas de que quería comportarse ilegalmente.

Lo sucedido, en cualquier caso, ha granjeado críticas de hipocresía a los republicanos y al propio Trump, que cuando Hillary Clinton era aspirante a la presidencia la criticaron ferozmente, y la investigaron, por su uso de un servidor de correo electrónico privado cuando era secretaria de Estado. “La gente que no tiene nada que ocultar no destruye pruebas para evitar que sean públicamente archivadas como requiere la ley federal”, dijo en una ocasión Trump.

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