Casi 800 cubanos son juzgados por participar del estallido social del 11J

  • Por los incidentes de julio pasado se juzgan a 55 personas con edades entre 16 y 18 años, y otras 60 entre 19 y 20 años.

  • El Gobierno se mantiene firme en la hipótesis que la protesta social fue una conjura externa 

La marcha en Cuba durante el 11J.

La marcha en Cuba durante el 11J. / EFE

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Abel Gilbert
Abel Gilbert

Corresponsal en Buenos Aires

Especialista en se ha especializado en temas políticos relacionados con la región pero también ha abordado cuestiones culturales y deportivas

Escribe desde se encuentra en la ciudad de Buenos Aires

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"Hoy quizá no recordarás su rostro", cantaba en 2020 Abel Lescay. La canción "La voz del viento" forma parte del disco Al pie del árbol. Por entonces, su autor tenía 21 años y comenzaba a cosechar elogios. Lescay, estudiante de la carrera de composición en la Universidad de las Artes es en la actualidad uno de los 790 cubanos que se encuentran bajo proceso judicial por haber salido a la calle durante el estallido social del pasado 11J.

"Información sobre los procesos penales de los disturbios del 11 de julio", tituló Granma, el órgano oficial del Partido Comunista para explicar las acciones de la Fiscalía General de la República que involucran a 55 personas con edades entre 16 y 18 años, y otras 60 entre 19 y 20 años. El 69% de los encausados cumplen prisión preventiva desde el momento en que cesaron las inéditas protestas que sacudieron a diversas ciudades de la isla. La Fiscalía, explicó Granma, ha asumido, después de varios meses de silencio, el "deber" de “continuar informando al pueblo y a la opinión pública internacional sobre la respuesta legal dada a los graves hechos" que "atentaron contra el orden constitucional y la estabilidad de nuestro Estado socialista".  Sobre las espaldas de esos ciudadanos pesan acusaciones de van desde la sedición al desacato, la instigación al robo de bienes estatales, el sabotaje y el desorden en el espacio público. En algunos, casos, como han relatado familiares de los detenidos, se los llevaron por replicar una consigna. Las penas que ha contemplado la parte acusadora llegan a los 30 años de cárcel.

La severidad judicial ha encontrado en Granma un justificativo que ha suscitado controversias dentro y fuera del país: "estos hechos ocurrieron en un contexto especialmente complejo de crisis económica mundial, agudizada por una pandemia sin precedentes que arrebató la vida a muchos cubanos, y el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de Estados Unidos a nuestro país, que continúa intentando, sin poder lograrlo, destruir a la Revolución". De ello se desprende que los manifestantes actuaron en función de esos propósitos desestabilizadores.

Por ahora han tenido lugar 84 juicios. En la mitad de esas causas se han dictado sentencias que afectan a 172 ciudadanos. "EEUU conoce bien que los actuales procesos judiciales en Cuba se desarrollan con pleno apego a la ley y dentro de estándares internacionalmente aceptados. Miente para empañar la labor ejemplar de Cuba en la protección a su niñez y justificar medidas coercitivas criminales", explicó el ministro de Exteriores, Bruno Rodríguez, a través de Twitter. “El canciller miente", le respondió Cubalex, un colectivo de abogados y periodistas que reporta sobre las violaciones de derechos humanos en la isla.

Los argumentos de la oposición

Según Cubalex, los 790 cubanos encausados son víctimas de "la criminalización de un derecho humano natural como la protesta pacífica". La legislación procesal cubana "carece" de herramientas que "garanticen los derechos del imputado". A este elemento "se le suma la total ausencia de voluntad política por parte del Gobierno para garantizar un estado de derecho a sus ciudadanos, extremo que se demuestra de manera fehaciente con la falta de separación de poderes".

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Las autoridades, añade la oenegé, "negaron a los familiares el paradero real de los detenidos". En muchos casos no tuvieron "acceso a la defensa letrada". Muchos detenidos fueron "coaccionados" para "declarar en su contra al momento de la detención". Se ha podido comprobar "el uso de métodos como el encierro durante largos períodos en patrulleros expuestos al sol sin permitirles la posibilidad de hidratarse, o en el caso de las mujeres el desnudo total, la revisión forzada de cavidades o el impedimento de aseo personal por varios días en presencia de su período menstrual".

La Habana señala a Estados Unidos

Granma pasó por alto estas denuncias y centró su furia en la suerte de los niños y adolescentes condenados por los tribunales norteamericanos, sobre la base del "Informe de ChildDefender". El presidente cubano, Miguel Díaz Canel se sintió obligado a opinar sobre lo que ocurre en Estados Unidos. "Alarmante informe El Estado de los Niños de América 2021, del Fondo @ChildDefender  reconoce flagrantes violaciones de derechos infantiles en #EEUU. Y ese Gobierno pretende acusar a Cuba. La doble moral del imperio no tiene límites".

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