Amnistía critica las restricciones de Italia para los no vacunados

En un análisis de las últimas medidas restrictivas de Italia para frenar el fenómeno de los ciudadanos que no se quieren vacunar contra el covid-19, entre ellas la imposición de la vacuna obligatoria para mayores de 50 años y la prohibición de trabajar para los no vacunados, la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) ha redactado una dura nota dirigida al Gobierno de Mario Draghi. "Seguimos instando al Gobierno a basar sus iniciativas en los valores de legalidad, legitimidad, necesidad, proporcionalidad, y no discriminación", ha opinado AI, haciéndose eco de principios fundacionales del Derecho Internacional, y alertando sobre el peligro que estas iniciativas implican de cara a la protección de los derechos humanos.

La organización internacional, que en el documento se ha expresado abiertamente contraria a "los mandatos generalizados de vacunación obligatoria", ha considerado que la obligatoriedad debe ser solo "el último recurso" y que, en cualquier caso, se deben "mantener los estándares internacionales de derechos humanos". En este sentido, AI ha reconocido que existen algunas excepciones limitadas que pueden permitir a los Estados imponer las vacunas obligatorias", pero "cualquier propuesta" debe ser "precisa, limitada en el tiempo, y adoptada como último recurso", ha reiterado.

La decisión de Italia de excluir a los no vacunados de la posibilidad de obtener el pasaporte covid reforzado (que ahora el país entrega solo a vacunados o personas que han pasado la enfermedad, lo que restringe la participación activa de los no vacunados en la vida pública), no puede implicar que se le despoje del "derecho a la educación, de ir a trabajar, o tener acceso a tratamientos médicos". Son esos "derechos fundamentales" que posee "toda la población", ha subrayado AI. 

Normas europeas

Un tema, este, sobre el que en los pasados meses se han pronunciado diversos juristas italianos, sin que llegar a un consenso común. Aún así, la resolución número 2361 del Consejo de Europa estableció en enero de 2021 que "nadie" puede ser "discriminado por no vacunarse". Mientras que la directiva europea 953/2021 consideró que "es necesario evitar la discriminación directa o indirecta de las personas que no estén vacunadas, por ejemplo, por motivos médicos", o los niños, "porque aún no han tenido la oportunidad o han decidido no vacunarse".

Dos colectivos que, por supuesto, no son representativos de los alrededor de seis millones de italianos estimados que, en la actualidad, se resisten a vacunarse. Para ellos, AI pide "medidas alternativas", como el "uso de dispositivos de protección y test de covid-19", que permitan "que también la población no vacunada pueda seguir realizando su trabajo y utilice los transportes, sin discriminaciones". 

Estado de emergencia

De igual manera, la organización insta al Gobierno italiano a reconsiderar "atentamente" la eventual prórroga del estado de emergencia en Italia, que el país mantiene desde hace dos años y que en la actualidad está en vigor hasta el 31 de marzo. Esta medida "no está prevista por la Constitución y encuentra fundamento en el decreto legislativo 1/2018, que prevé que el Consejo de Ministros puede deliberar el estado de emergencia a nivel nacional, haciendo una excepción a cualquier disposición vigente", ha señalado AI. 

Además, AI también se ha expresado negativamente sobre la decisión del Ministerio del Interior italiano de limitar, en noviembre pasado, a través de una directiva, las protestas callejeras de personas contrarias a las medidas del Ejecutivo. "AI seguirá reivindicando el derecho a manifestarse pacíficamente" y apoyará "el derecho a la información, denunciando cualquier agresión o violencia injustificada" de los manifestantes contra los periodistas.