Portugal, ante la lenta muerte del Tajo

Los efectos del cambio climático, la industria y la agricultura intensiva están acabando poco a poco con la vida en el río más largo de la península ibérica. Es el grito que varias organizaciones ambientalistas portuguesas llevan realizando desde 2015, cuando salieron a la luz las consecuencias que los vertidos de las fábricas de celulosa, situadas a escasos kilómetros de Lisboa, tenían sobre la calidad del agua del Tajo. Unos vertidos que provocaron la aparición de importantes capas de espuma tóxica durante varios meses y que, a pesar de los esfuerzos de las autoridades, siguen apareciendo de forma puntual.

El activista Arlindo Marques, también conocido como el guardián del Tajo, ha sido una de las personas que se ha encargado de denunciar la contaminación en el río en los últimos años. "Entre 2015 y 2018 la situación fue caótica. Las autoridades identificaron a varios responsables de la aparición de esta espuma, entre ellos las fábricas de celulosa. Ahora, a pesar de que se han instalado plantas para tratar el agua, las fábricas siguen funcionando incluso cuando el caudal es reducido, lo cual impide que el río absorba todos estos residuos", lamenta.

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Caudal mínimo

La falta de un caudal estable es una de las principales denuncias de las organizaciones ecologistas, que aseguran que la escasez de agua contribuye a la aparición de algas y a la falta de oxígeno para los peces. Esta escasez de agua es provocada en parte por los acuerdos entre Portugal y España sobre el volumen semanal que tiene que pasar por la frontera a través de las presas, contemplado en el Convenio de Albufeira. A pesar de que la cantidad acordada entre ambos países es suficiente en términos totales, esta varía a diario en función del criterio de las plantas hidroeléctricas, lo cual genera grandes oscilaciones en el caudal y un fuerte impacto ambiental. 

El Gobierno portugués trató de revertir esta situación a mediados de este año y consiguió un acuerdo para que el volumen de agua semanal sea distribuido de forma más uniforme, aunque las organizaciones ecologistas consideran que queda lejos del mínimo necesario. El Ejecutivo reconoce que se ha producido una pérdida de caudal en los últimos años en el Tajo por culpa de la falta de lluvias y también por la obtención de agua de forma ilegal para el regadío, algo que se ha comprometido a fiscalizar.

El estuario, en riesgo

A los vertidos de las fábricas y la falta ocasional de caudal se suma la mala gestión de las aguas residuales a lo largo del río y especialmente en el estuario, donde se concentra la población de Lisboa y su área metropolitana. A mediados de este año, los vecinos del municipio de Seixal, en el lado sur del río, denunciaron el vertido de aguas sin tratar directamente al Tajo, algo que el propio municipio reconoció y atribuyó al "deficiente funcionamiento" de la planta de tratamiento de aguas residuales, según relataron portavoces del ayuntamiento al diario Público. 

El fundador de la asociación ProTejo, Paulo Constantino, critica la falta de transparencia de la Agencia Portuguesa de Ambiente (APA) a la hora de facilitar los datos sobre la eficiencia de las plantas de tratamiento de aguas urbanas. "Portugal ha invertido mucho en las depuradoras gracias a los fondos europeos, pero el problema es que muchas veces los municipios no tienen dinero para hacer un mantenimiento adecuado. La APA debería hacer un informe anual para analizar la información y ver la evolución de la calidad del agua", asegura el activista. 

Preguntada por este medio, la APA asegura que ha realizado un "esfuerzo elevado" para ampliar las estaciones de monitorización, que permiten identificar en tiempo real la calidad del agua y las posibles descargas indebidas. Sin embargo, desde la agencia reconocen que "la recuperación de las masas de agua no es inmediata y que algunas de las medidas implementadas todavía no han producido efecto". 

La aparición de altas cantidades de partículas contaminantes en las muestras microbiológicas han obligado al Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera (IPMA) a prohibir la pesca de moluscos en gran parte del estuario, mientras que en las zonas donde sí está permitida la captura, los moluscos deben pasar un estricto proceso de depuración antes de ser puestos a la venta. La contaminación del río y las alteraciones climáticas están acabando lentamente con la biodiversidad en estas aguas, algo que, según el guardián del Tajo, es desolador: "Un río sin especies es un río muerto".

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