Crisis del coronavirus
Biden impone el pasaporte covid para las empresas de más de 100 trabajadores
El sector privado tiene hasta el 4 de enero para implementar la medida, el más ambicioso uso del poder ejecutivo en la lucha contra la pandemia
Gobernadores y fiscales de estados republicanos prometen desafiar la iniciativa en los tribunales
Idoya Noain
Corresponsal en EEUU
Corresponsal en Estados Unidos desde 2001.
La lucha contra la pandemia avanza en Estados Unidos, ahora a golpe de decreto y no sin resistencia. Este jueves la Casa Blanca ha formalizado un plan que el presidente Joe Biden avanzó en septiembre y obliga a las empresas privadas con más de 100 empleados a garantizar, a partir del 4 de enero, que todos sus trabajadores están vacunados o se someten a pruebas semanales (que deberán pagar ellos mismos) y llevan todo el tiempo mascarillas en sus puestos de trabajo. En caso de incumplir el mandato, las empresas enfrentarán multas de algo más 13.000 dólares por cada violación seria y de 136.000 dólares cuando sea “deliberada”.
La Casa Blanca también requiere para esa misma fecha que estén vacunados todos los trabajadores de 76.000 centros de salud y residencias que reciben fondos federales de los servicios públicos de salud Medicaid y Medicare. En ese caso, no habrá opción de someterse a pruebas y la única opción es la inmunización, aunque se admitirán excepciones por causas médicas o religiosas.
En total la Administración calcula que las dos medidas, emitidas al amparo de la emergencia nacional por el coronavirus, cubrirán a más de 100 millones de trabajadores, 84 millones en el sector privado y 17 millones en los centros médicos, o dos tercios de la masa laboral en EEUU. Y la orden para el sector privado, donde las empresas deben dar tiempo a sus empleados para inmunizarse y cubrir sus bajas si tienen efectos secundarios, representa el más contundente uso del poder ejecutivo de Biden hasta la fecha en la lucha contra la pandemia.
Tiene ya garantizada la oposición política y legal de gobiernos y fiscales estatales republicanos, que rechazan los mandatos y han prometido retarlos en los tribunales, así como de algunas empresas privadas. Es algo que por ahora han hecho, sin demasiado éxito en sus demandas, con una orden similar que la Administración ya dictó para los funcionarios públicos y contratistas del Gobierno.
“La opción para nuestro país es simple: vacunar a más gente o prolongar esta pandemia y el impacto en nuestro país”, ha dicho Biden en un comunicado. En ese texto ha asegurado que habría preferido que la obligatoriedad no fuera necesaria pero también ha apuntado que “demasiada gente sigue no vacunada como para que salgamos definitivamente de esta pandemia”.
Ha recordado, asimismo, que las órdenes de vacunación o reglas de seguridad en el trabajo dictadas desde Washington “no son nada nuevo”, poniendo como ejemplo la obligatoriedad de uso de cascos en lugares de construcción o de gafas protectoras en laboratorios.
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