El Supremo mexicano eclipsa a López Obrador en la agenda de izquierda

El júbilo en las calles de la marea verde contrastó con el silencio sepulcral en el Palacio Nacional, la sede del Gobierno mexicano. El 7 de septiembre de 2021 quedó marcado en los libros de Historia del país azteca. Ese día, el pleno del Supremo despenalizó el aborto en una votación unánime. Pero en el seno del primer Ejecutivo de izquierdas en la democracia mexicana no hubo celebración. La decisión de la Corte pasó desapercibida. No fue hasta el día siguiente que, en su habitual conferencia de prensa matutina, el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, fijó una posición: "Esta es una decisión (...) que debe de respetarse, que no debemos nosotros, en mi caso, tomar partido porque hay posturas encontradas".  

En México hay una opinión que se suele verter en las discusiones de café y que regresa de vez en cuando a los platós de las tertulias: el presidente es de izquierdas... hasta que deja de serlo. Esta paradoja ha quedado en evidencia más de una vez en los tres años de Gobierno de López Obrador y ha sido el Poder Judicial el que lo ha pillado con el pie cambiado. Durante su Administración, los magistrados han fallado a favor de la despenalización del aborto, del no reconocimiento de la vida desde la concepción en las leyes estatales, el registro en la Seguridad Social de las parejas del mismo sexo y la regulación de la marihuana. Para evitar polémicas, el mandatario, de religión protestante y un confeso seguidor de Jesucristo, ha sido estratégicamente ambiguo. 

Pero es difícil esconderse en la ambigüedad. López Obrador ha tenido una relación conflictiva con el feminismo. Y el aborto es uno de esos temas de los que prefiere hablar lo menos posible. Las activistas nunca le perdonaron que haya apoyado la candidatura a gobernador del estado occidental de Guerrero de Félix Salgado Macedonio, señalado por violación. Para el líder izquierdista las protestas fueron una maniobra de "infiltrados" de la oposición. El mandatario no solo ha chocado con las feministas en temas políticos, sino también en la guerra cultural. Sobre los cambios en los roles de género, llegó a decir: "La tradición en México es que las hijas son las que más cuidan a los padres, nosotros los hombres somos más desprendidos, pero las hijas siempre están pendientes".

Javier Martín Reyes, profesor de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas (CIDE) resume la actitud del presidente de la siguiente forma: "Este Gobierno es de izquierda, pero la izquierda que tenemos aquí es muy diferente. No es ni socialista ni socialdemócrata, es una corriente que viene del viejo nacionalismo del PRI [el partido que gobernó durante 71 años tras la Revolución Mexicana]". El problema no es que el presidente no quiera mojarse. Los fallos de la Corte difícilmente pueden tener el alcance de una ley, y sin estar acompañados por una legislación terminan limitados por la buena voluntad de los 32 estados del país o de los juzgados. 

Las capacidades limitadas del Supremo

En pocas palabras, las decisiones del Supremo -que también tiene las competencias de un tribunal constitucional- son vinculantes pero de corto alcance. Por ejemplo, desde 2010 el alto tribunal dio luz verde al matrimonio entre personas del mismo sexo, pero aún existen estados que han buscado enquistar las solicitudes en el registro civil.

Con la autodeterminación de género de los menores de edad pasa lo mismo. Muchos niños trans tienen que mirar en un mapa para saber dónde pueden y dónde no pueden cambiar su identidad. Iván Tagle, director general de la oenegé Yaaj México, censura la falta de voluntad política para cambiar las leyes: "Los gobiernos [estatales y federal] siguen sin reconocer lo conquistado en el Tribunal Supremo. Ya tenemos matrimonio, pero todos los derechos que vienen incluidos no llegan".

Uno de los mejores ejemplos -y más reciente- de lo que puede pasar cuando el Congreso, donde la coalición de López Obrador tiene mayoría, decide mirar a otro lado es la regularización de la marihuana. Los magistrados determinaron desde 2018 que la prohibición atenta contra la libertad individual de los consumidores y le dieron a los diputados un plazo de un año para legislar. Desde entonces solo ha habido excusas. Hoy, el consumo de la  marihuana está en un limbo. En junio, la Corte declaró inconstitucionales los artículos de la ley que la prohíben. Pero sin una norma que la regule, los usuarios deben acudir a abogados y costear un engorroso proceso burocrático para conseguir una licencia. Cristina Reyes, abogada de la asociación México Unido Contra la Delincuencia, se queja amargamente de la actitud de los legisladores oficialistas: "No notamos la apertura que hubiéramos esperado de este Gobierno. Las prácticas conservadoras que habíamos visto en las administraciones anteriores continúan".

Continuar las batallas en los tribunales

López Obrador ha sugerido que estos temas se sometan a un referéndum. Para Tagle, el planteamiento no tiene ningún sentido: "Los derechos se garantizan, no se consultan". Luis Fragoso, director del despacho de abogados especializado en derechos LGTBI+ Identidad Diversidad Legalidad va más allá: "Eso es discriminatorio". Esta actitud del mandatario no es nueva, pero cada vez encuentra más resistencia incluso dentro de su propio partido, una ensalada ideológica que revuelve a progresistas y evangélicos en un mismo lugar.

En la práctica, el Gobierno ha dejado claro que las batallas sociales solo se ganarán en los tribunales. Es precisamente en los despachos donde el movimiento feminista pudo empujar para lograr la despenalización del aborto, una situación completamente diferente a la de Argentina, donde el Ejecutivo de Alberto Fernández impulsó una ley nacional.

Martín Reyes insiste en que, hasta el momento, el feminismo se ha permeado en la élite judicial, pero no en la política: "En el gremio jurídico se han premiado mucho estas posiciones". Pero para Cristina Reyes, de México Unido Contra la Delincuencia, esto no es algo necesariamente bueno:  "Mi preocupación es que vamos a seguir litigando por muchos años estos temas. Lo deseable es que el Congreso dé ese paso, pero ha quedado claro que no es una prioridad".

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