La lacra de la violencia policial se perpetúa en Colombia

Los especialistas coinciden en que Colombia necesita revisar su esquema tributario. Pero otro asunto es quizá más urgente: la reforma de los cuerpos policiales. La represión del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) ha vuelto a dejar su marca de sangre. La Fiscalía General de la Nación contabilizó siete muertos durante las protestas y puso el acento en los 278 detenidos y 83 imputados por incurrir en "hechos vandálicos, delictivos y de terrorismo". Las cifras no parecen ajustarse a la realidad. El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, dijo tener reportes "superiores a 20 fallecidos", además de 300 civiles lesionados y 46 uniformados en la misma situación. Pero el acento de Camargo estuvo puesto en la actuación de la temida ESMAD. "Nos preocupa el uso excesivo de la fuerza".

La oenegé Temblores reportó 21 decesos, "que podrían ser más", así como 940 casos de abuso policial, 92 heridos, 672 detenidos, 30 casos de disparos por arma de fuego y cuatro víctimas de violencia sexual por parte de la policía, además de "amenazas y hostigamientos" contra los ciudadanos y la prensa. "En Colombia no existen garantías para la protesta social, pero además podemos decir que ninguna persona está a salvo de ser agredida por la fuerza pública", asegura Alejandro Lanz, codirector de Temblores. "Se están disparando armas de fuego contra los manifestantes". La oenegé ha denunciado también el uso de tanquetas desde donde se dispararon gases lacrimógenos y bombas pequeñas que lanzan esquirlas y producen quemaduras en Bogotá y otros centros urbanos.

El presidente, Iván Duque, se felicitó a sí mismo el pasado sábado al señalar que el Gobierno se abstenía de una solución militar al conflicto, como había pedido su mentor, el exdirigente Álvaro Uribe. "El Ejército en las calles es urgente y mejor que estar registrando la noticia del asesinato y la destrucción vandálica", llegó a decir el líder de la derecha. Las palabras de Uribe provocaron tal revuelo que tuvo que borrar su trino de la cuenta de Twitter. Pero horas más tarde, y como si algo de aquel reclamo hubiera quedado en el aire, más de 4.000 policías comenzaron a patrullar con sus armas a la vista solo en las calles de la capital. "Son masivas las denuncias realizadas por la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos sobre la grave situación que está ocurriendo está noche principalmente en Cali, Palmira, Bogotá, Ibagué, Popayán y Pereira por ataques de la fuerza pública", advirtió la agencia Colombia informa.

El diario El Espectador le pidió al Gobierno que sepa diferenciar entre la protesta y los saqueos. "Si bien existen condiciones que hacen necesario el uso de la fuerza legítima del Estado, lamentablemente lo que hemos visto en estos días en ese sentido ha sido más bien un uso bastante ilegítimo de la fuerza del Estado". En ese sentido subrayó que "las escenas que se han visto en varias ciudades, particularmente en Cali, ya militarizada, y Pereira, no dejan pensar en que la militarización sea la mejor respuesta para apagar este incendio".

La violencia de las fuerzas de seguridad tiene su complemento ilegal en el asesinato sistemático de líderes sociales: desde que comenzó 2021 cayeron por balazos paramilitares o del narcotráfico 57 dirigentes. Las víctimas llegan a 1.173 en los últimos cinco años.

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