Quieren recibir visitas
Clamor en Italia por el aislamiento de los ancianos vacunados
El Ministerio de la Salud publicó en noviembre y diciembre de 2020 dos disposiciones permitiendo la apertura de las residencias y sus condiciones
Los centros se resisten a abrir por miedo a asumir responsabilidades ante posibles nuevos contagios
Rossend Domènech
Corresponsal en Roma
Corresponsal en Roma
Los 365.000 ancianos de las 7.400 residencias italianas están prácticamente todos vacunados (95%), pero el 64% de ellos no puede recibir visitas ni siquiera de los familiares. Por esta razón en las últimas semanas se ha levantado un clamor popular para protestar por la situación y las familias se han coordinado en una asociación que amenaza con presentar un pleito colectivo.
El Ministerio de la Salud ya publicó en noviembre y diciembre de 2020 dos disposiciones permitiendo la apertura de las residencias y las condiciones. "No digan que depende de nosotros", afirma Sandra Zampa, exsubsecretaria y actual consejera del ministro de la Salud. "Si las familias contestasen la legitimidad del cierre, tendrían razón", añade.
Las ordenanzas de Salud fijan los detalles sobre quien y cómo puede entrar en los locales, las medidas previas a tomar y quiénes pueden restringir las visitas. Sin embargo, los directores de las residencias, que deberían abrir las puertas, se resisten por miedo a asumir responsabilidades ante posibles nuevos contagios, amparándose en afirmaciones generales de Salud.
Tragedia durante la pandemia
Sebastiano Capurso, presidente de Anaste, asociación de administradores de residencias, subraya que "la ordenanza (del ministerio) no menciona abiertamente que sea posible un contacto físico entre el visitador y el visitado (...), queremos que nos digan claramente lo que tenemos que hacer". La situación es tan incomprensible que el departamento de sanidad de Lombardía (Milán) ha presentado un proyecto de ley regional para sus 70.000 internos de las residencias.
En Lombardía, durante 2020, se produjo la mayor tragedia en geriátricos a causa del incomprensible error de trasladar a las residencias, cuando ya se sabía que se trataba de coronavirus, a los contagiados de covid que no cabían en los hospitales. Solo en el Pio Albergo Tribulzio, el mayor geriátrico de la región, murieron 400 ancianos contagiados.
En la provincia de Trento, en el norte, siete residencias han abierto sus puertas siguiendo los protocolos y en dos meses no han constatado ningún contagio.
Varias fiscalías tienen sumarios abiertos sobre lo que sucedió en 2020 en las residencias al principio de la pandemia, principalmente en la región de Lombardía, pero un año después no han llegado todavía a ninguna conclusión. Actualmente, desde hace dos meses en Italia siguen muriendo entre 300 y 500 personas de covid al día, el valor más alto de la UE, pero ningún político, partido, ministerio, diario o televisión ha explicado si se trata de una falta de aparatos, de personal o de cualquier otra causa. Por otra parte, fuentes del Ministerio de Asuntos Regionales aseguran que en las conferencias periódicas entre regiones y Estado "no se ha hablado del tema".
Eterna zona roja
La Comunidad de San Egidio acaba de realizar un estudio en 237 residencias de la península ubicadas en 11 ciudades de 10 regiones, que concluye que el 64% de ellas "no permiten visitas". Únicamente el 50% dispone de un sistema de videollamadas y solo el 15% permite las visitas de familiares, amigos y voluntarios. "Son una eterna zona roja", concluye el documento. Marco Impagliazzo, presidente de San Egidio considera las residencias "un sistema fuera de control (…), porque se trata de un régimen en monopolio".
Entre los proyectos del plan europeo de reconstrucción, Italia ha insertado un cambio radical para las residencias: los ancianos serán acogidos en sus domicilios o en "casas de la comunidad" cercanas a sus territorios, a lo que se destinarán una parte de los 13.000 millones para Sanidad del NextGenerationUE. En dicho plan ya está trabajando una comisión de Salud. Según Impagliazzo , "las residencias ya no funcionaban antes del covid por una desproporción entre los costes y la calidad de los servicios que prestan".
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