El fin del oasis portugués para ricos y jubilados extranjeros

El Gobierno portugués sigue avanzando en el desmantelamiento de las polémica gestión destinada a atraer inversión extranjera. Medidas como la expedición, desde el año 2012, de permisos de residencia a cambio de inversiones principalmente inmobiliarias -conocida como visados dorados-, o los beneficios fiscales para trabajadores y pensionistas extranjeros, algunos de los cuales estaban exentos del pago de impuestos desde que Portugal aprobó la medida en el año 2009. Tanto la Unión Europea como organizaciones internacionales habían criticado al Ejecutivo de António Costa por mantener estas ventajas, que pueden conllevar delitos de blanqueo de capitales, corrupción y evasión fiscal y que plantean serias dudas en cuanto a la generación de riqueza en el país.

A partir de 2022, la compra de casas para uso residencial en las áreas metropolitanas de Lisboa y Oporto, así como en el litoral del país, quedarán excluidas para la obtención de visados dorados. De esta manera, el Gobierno luso pretende contener el auge de los precios de la vivienda en las grandes ciudades, que se ha disparado en la última década, y trata de desplazar la inversión hacia zonas del interior, mucho menos atractivas en términos económicos. Según datos del Servicio de Extranjeros y Fronteras (SEF), el 97% de los visados dorados expedidos por la compra de inmuebles entre enero y septiembre de 2020 se concentra en en el litoral del país y en las grandes ciudades, principalmente en Lisboa.

El presidente de la Asociación de Profesionales de Mediación Inmobiliaria (APEMIP), Luís Lima, asegura que a pesar de que la inversión en el interior del país es necesaria, la exclusión de las zonas metropolitanas de Oporto y Lisboa afectará a la confianza de los inversores extranjeros. “Cuando se producen constantes alteraciones en los programas, la fiscalidad y en la legislación, las dudas empiezan a surgir”, lamenta Lima, quien da por hecho que las inversiones extranjeras disminuirán a partir del próximo año. “En un período de pandemia, la entrada de capital de terceros países es fundamental para levantar la economía. Esta alteración legislativa es un error”, afirma. 

Pero los partidos políticos de izquierda, que abogan por la completa eliminación de estos visados, sostienen que la gran mayoría de las inversiones inmobiliarias responden a intereses especulativos y que apenas aportan beneficios a la población local. El Bloco de Esquerda, hasta hace poco socio parlamentario del Gobierno socialista, critica que tan solo 17 de los  casi 10.000 visados dorados que se han expedido desde que la ley entró en vigor han tenido en cuenta la creación de puestos de trabajo. Los bloquistas consideran, además, que la ley supone una “discriminación inaceptable entre ciudadanos” por la aceleración de los trámites burocráticos para los más privilegiados frente al resto de inmigrantes “que viven aquí y cotizan a la Seguridad Social”.

Impuestos a las pensiones

La limitación a la expedición de visados dorados se suma a la aplicación de un 10% de impuestos sobre las pensiones de los extranjeros residentes en Portugal, conocidos como Residentes No Habituales (RNH). Este cambio en la tributación, que estará plenamente en vigor a partir de este año, acaba con las ventajas fiscales aprobadas en 2009 por el Gobierno del entonces primer ministro socialista José Sócrates, que trataban de atraer a pensionistas de países europeos -entre ellos España- con una exención al pago de impuestos durante un período de diez años. El único requisito era cambiar la residencia fiscal y demostrar una permanencia en el país de al menos 183 días al año.

Con esta modificación, el Gobierno luso acaba con las críticas de algunos países europeos, como Finlandia o Suecia, que acusaron a Portugal de competencia desleal por aprovecharse de los convenios de doble imposición. Sin embargo, la nueva tributación no afectará a los más de más de 40.000 residentes extranjeros que ya disfrutaban de ventajas fiscales en el país antes de su entrada en vigor y que se ahorraron, solo en 2019, un total de 610 millones de euros en impuestos, según el Tribunal de Cuentas luso.

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