penalización a Budapest

La justicia de la UE condena a Hungría por la ley de transparencia sobre oenegés

Los jueces del Tribunal de la Unión Europea consideran que las restricciones que impone el Gobierno de Viktor Orban en su financiación vulnera la legislación de los Veintisiete

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán.

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán. / REUTERS / MARKO DJURICA

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Silvia Martinez
Silvia Martinez

Periodista

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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha vuelto a condenar este jueves a Hungría. En esta ocasión por la llamada ‘Ley Stop Soros’, que impone la obligación de registro, declaración y publicidad a ciertas categorías de organizaciones de la sociedad civil, que reciben directa o indirectamente ayuda del extranjero, así como por la posibilidad de aplicar sanciones a las oenegés que incumplan estos requisitos. Esta ley fue diseñada para frenar las actividades del multimillonario estadounidense de origen húngaro y enemigo n, George Soros, en Hungría. 

Según la corte europea, con estas exigencias “Hungría ha establecido restricciones discriminatorias e injustificadas tanto respecto a las organizaciones en cuestión como de las personas que les conceden la ayuda”. Estos requisitos, prosigue el Tribunal, son contrarias a las obligaciones de los Estados miembros en cuanto a la libre circulación de capitales y varios artículos de la Carta de los Derechos Fundamentales sobre el respeto a la vida privada y familiar, el derecho a la protección de datos de carácter personal y el derecho a la libertad de asociación.

El Gobierno de Viktor Orban adoptó la ley, presentada como una norma dirigida a garantizar la transparencia de las organizaciones civiles que reciben donaciones del extranjero, en 2017. Según esta norma, las organizaciones debían registrarse ante los órganos jurisdiccionales húngaros como “organizaciones receptoras de ayuda extranjera” desde el momento en que el importe de las donaciones procedentes de otros Estados miembros o de países terceros que reciban en un año supere un determinado importe.

Concretamente, estas organizaciones debían indicar, entre otras cosas, el nombre de los donantes cuya ayuda alcance o supere los 1.400 euros (500.000 forintos húngaros) así como el importe exacto de la ayuda que se publica posteriormente en una plataforma electrónica pública y está accesible gratuitamente. Además, las organizaciones civiles afectadas deben mencionar, en su página web de inicio y en todas sus publicaciones que son una “organización receptora de ayuda extranjera”.

Recurso de la Comisión

La Comisión Europea presentó un recurso contra Hungría al considerar que la ley vulnera el Tratado de la UE y los jueces europeos le han dado este jueves la razón al considerar la ley “una medida restrictiva de carácter discriminatorio” porque establece una diferencia de trato entre los movimientos nacionales y transfronterizos de capitales que “no responde a ninguna diferencia objetiva entre las situaciones de que se trata y que puede disuadir a las personas físicas o jurídicas domiciliadas en otros Estados miembros o en países terceros de prestar ayuda económica a las organizaciones afectadas”. 

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Además, subrayan que las medidas que establece pueden crear un clima de desconfianza hacia estas asociaciones y fundaciones y queHungría no ha demostrado por qué el objetivo de aumentar la transparencia de la financiación de las asociaciones que invoca justifica las medidas incluidas en la Ley de transparencia. “Las restricciones derivadas de la Ley de transparencia no estaban justificadas y, por tanto, Hungría incumplió las obligaciones”, concluyen los jueces. En cuanto al derecho a la libertad de asociación, el TJUE considera que la ley húngara limita ese derecho, lo mismo que el derecho al respeto de la vida privada y familiar y la protección de datos de carácter personal. “Ninguno de los objetivos de interés general invocados por Hungría podía justificar las disposiciones de la Ley de transparencia. 

A juicio del Ejecutivo comunitario se trata de una "sentencia importante" aunque es ahora el Gobierno de Orban quie tiene la obligación de cumplir con ella. "No tenemos que pedir a Hungría que haga nada. Cuando hay una sentencia del TJUE no hay un intermediario que le tiene que pedir que haga nada para cumplir. Son las autoridades nacionales quienes tienen que cumplir sin pasos administrativos adicionales", ha recordado el portavoz de la Comisión, Eric Mamer.