política de seguridad
Bolsonaro hace frente a su primera crisis por disturbios en el nordeste de Brasil
Abel Gilbert
Corresponsal en Buenos Aires
Especialista en América Latina y doctor en comunicación. Ha cubierto los principales acontecimientos políticos regionales durante las últimas dos décadas para El Periódico. Es autor de ocho libros, tres de ellos en colaboración, y se apresta a publicar otros dos.
Abel Gilbert
Jair Bolsonaro tiene su primer desafío como presidente y nada menos en una de las cuestiones que enarboló como bandera electoral: la seguridad en las ciudades. Ceará, con nueve millones de habitantes, pone tempranamente a prueba su pericia para manejar una crisis que ya lleva tres días de ataques perpetrados por bandas de delincuentes en distintas zonas de ese estado nordestino.
La violencia se ha extendido la madrugadas de este sábado. Los medios de prensa informan de acciones contra edificios públicos y privados, comisarías, agencias bancarias y autobuses. Unos 300 miembros de la Fuerza Nacional aterrizaron en Ceará por orden del ministro de Justicia, Sergio Moro, para restablecer la normalidad en un lapso de 30 días.
Los incidentes se concentraron primero en Fortaleza y la periferia pero luego se extendieron hacia el interior. Al menos 21 ciudades han sido escenario de hechos violentos. Hasta ahora, según la Secretaría de Seguridad Pública y Defensa Social, los disturbios han ocasionado un muerto y tres heridos. Cincuenta personas han sido detenidas.
Doble dilema
La crisis de Ceará representa un doble dilema para Bolsonaro. De un lado, pone a prueba su programa de Gobierno. El presidente pide más atribuciones y protección judicial para la policía. Por otra parte, el estado es gobernado por Camilo Sobreira de Santana, quien pertenece al Partido de los Trabajadores (PT), la fuerza demonizada por la ultraderecha en el Gobierno nacional. Bajo estas circunstancias, el capitán retirado aseguró que “jamás haremos oposición al pueblo de cualquier estado. El pueblo de Ceará nos necesita en este momento”.
Los episodios de violencia se desencadenaron después de que el gobernador anunciara una reforma de la administración de las prisiones de ese estado, donde purgan sus penas algunos cabecillas de las bandas de delincuentes.
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