Fujimori será procesado por una matanza pese al indulto

“Confío en que mi padre será absuelto en un juicio sin presiones políticas”, dijo Keiko Fujimori después de que la Sala Penal Nacional resolviera que el derecho de gracia que el autócrata Alberto Fujimori recibió del presidente Pedro Pablo Kuczynski no lo blinda frente a las investigaciones de la matanza de seis campesinos perpetrada en 1992.  La ingeniería que permitió sacar de la cárcel a Fujimori a cambio de evitarle a Kuczynski la destitución parlamentaria por presunta corrupción ha quedado en el aire.

Su hija y excandidata presidencial de Fuerza Popular advirtió de inmediato el cambio de escenario desde que, a fines de diciembre, 'el Chino' salió de la prisión donde cumplía desde el 2009 una sentencia de 25 años por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. “Este pronunciamiento judicial no debe ser una excusa para volver a encarcelar a un hombre de avanzada edad y delicado de salud. Alberto Fujimori merece afrontar este proceso en libertad”, pidió.

La Sala Penal Nacional hizo trizas el derecho de gracia otorgado por Kuczynski al hombre que gobernó Perú durante toda la década de los 90. En sus fundamentos, los magistrados Miluska Cano, Otto Verapinto y Omar Pimentel tomaron en cuenta las reclamaciones de los familiares de las víctimas y consideraron que la potestad presidencial carece de efectos jurídicos en el llamado 'caso Pativilca'.

Una matanza atroz

Hace 26 años, un empresario chino que se disputaba un terreno con familias de bajos recursos los acusó de pertenecer al grupo armado Sendero Luminoso. Un comando del Ejército, el llamado Grupo Colina, secuestró entonces a seis personas, de entre 17 y 35 años, a las que torturó con quemaduras de soplete en diversas partes de sus cuerpos, incluido el ano. Luego, fueron asesinadas con disparos de bala en la cabeza y lanzaron sus cuerpos en un cañaveral.

La matanza perpetrada el 29 de enero de 1992 tuvo un fuerte impacto en Perú. Uno de los integrantes de esa fuerza paramilitar, Jorge Ortiz Mantas, confesó haber participado en la masacre ante un tribunal. Señaló también que el Grupo Colina dependía del exgeneral Nicolás Hermoza Ríos, quien a su vez respondía a las órdenes de Fujimori.

Dada la gravedad de lo ocurrido un cuarto de siglo atrás, el tribunal subrayó que la medida tomada por Kuczynski es incompatible con los deberes de investigar, juzgar y sancionar graves violaciones de los derechos humanos y colisiona “claramente” con los preceptos constitucionales. El abogado de Fujimori, Miguel Pérez Arroyo, anunció que impugnará la resolución del tribunal. 

Cuando Fujimori fue extraditado de Chile, en octubre del 2007, la justicia de ese país no incluyó este caso en el expediente. Pero hace dos años, el Gobierno peruano pidió incorporarlo y el Supremo chileno aceptó esa solicitud. La directora de la Asociación Pro Derechos Humanos, Gloria Cano, destacó que el pronunciamiento de la Sala Penal no solo giró alrededor de las condiciones por las que Fujimori fue extraditado sino del derecho de las víctimas a conocer la verdad y alcanzar justicia. En su opinión, se han creado las condiciones para que “se realice un efectivo proceso de investigación y juicio a todos los presuntos responsables de la matanza”. Amnistía Internacional también ponderó la decisión del tribunal.

Indulto polémico

El Gobierno se vio en un brete después del otorgamiento del indulto y el derecho de gracia y explicó que se dio ese paso por razones humanitarias, debido una enfermedad supuestamente terminal y degenerativa del reo, de 79 años, que nunca fue cabalmente comprobada. El perdón a Fujimori provocó varias manifestaciones.  Una última encuesta da cuenta de que el país está prácticamente partido en dos en relación con la figura de Fujimori: el 49% se oponía a que abandonara la prisión.