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CRIMEN EN HONDURAS

Ingresan en pisión los sospechosos del asesinato de la activista Berta Cáceres

La familia de la víctima ha pedido a las autoridades que investigue el caso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Momento en que uno de los presuntos asesinos de Berta Cáceres es detenido en Tegucigalpa.

Momento en que uno de los presuntos asesinos de Berta Cáceres es detenido en Tegucigalpa. / REUTERS / JORGE CABRERA

Cuatro supuestos implicados en el asesinato de la ambientalista y defensora de derechos humanos Berta Cáceres han ingresado en prisión por orden de un juzgado de Tegucigalpa, ha informado la portavoz del tribunal que lleva el caso, Bárbara Castillo.

Se trata de Douglas Bustillo; Mariano Díaz Chávez, un mayor del Ejército hondureño; Edilson Duarte Meza, oficial militar retirado; y Sergio Rodríguez, empleado de la hidroeléctrica "Agua Zarca", un proyecto que pretende desarrollar la empresa Desarrollos Energéticos (DESA), en el occidente del país centroamericano.

Los sospechosos fueron arrestados el lunes en Tegucigalpa y en la ciudad de La Ceiba, en el Caribe hondureño, en el marco de la "Operación Jaguar".

Los cuatro hombres fueron capturados debido a que hay "evidencias probatorias" de su participación en el crimen de la líder indígena de la etnia lenca, ocurrido pese a que tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), indicó en la víspera el Ministerio Público en un comunicado.

Hasta el momento las autoridades no han precisado el nivel de participación de los detenidos en el crimen de Cáceres, quien además era coordinadora general del Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).

Los cuatro hombres son acusados por los delitos de asesinato en perjuicio de Berta Cáceres y de asesinato en su grado de ejecución de tentativa contra el activista mexicano Gustavo Castro, director de la asociación Otros Mundos Chiapas y único testigo del crimen.

CONTRA LAS HIDROELÉCTRICAS

Cáceres, quien fue una defensora de derechos humanos y ambientalista reconocida a nivel internacional, fue asesinada el pasado 3 de marzo en la occidental ciudad de La Esperanza, donde residía, al parecer por dos hombres armados.

La ambientalista y defensora de derechos humanos, madre de cuatro hijos, denunció en varias ocasiones que era amenazada de muerte, lo mismo que varios miembros de su familia, por su oposición a la construcción de hidroeléctricas en territorios indígenas.

La familia de Cáceres ha reiterado a las autoridades de Honduras que sea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la que investigue su asesinato.

La hidroeléctrica Agua Zarca, por su parte, ha rechazado su participación en el crimen y ha recibido con sorpresa la detención de Sergio Rodríguez, gerente en temas sociales y medioambientales de esa empresa.

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