CRISIS POLÍTICA EN BRASIL
Un 68% de los brasileños quieren el juicio político contra Rousseff
La encuesta de Datafolha se conoce en medio de la disputa en los tribunales a favor y en contra de la asunción de Lula como jefe de ministros
Abel Gilbert
Corresponsal en Buenos Aires
Especialista en América Latina y doctor en comunicación. Ha cubierto los principales acontecimientos políticos regionales durante las últimas dos décadas para El Periódico. Es autor de ocho libros, tres de ellos en colaboración, y se apresta a publicar otros dos.
ABEL GILBERT / BUENOS AIRES
Un 68% de los brasileños apoyan la realización del juicio político por supuesta violación a ley de responsabilidad fiscal del 2015 contra la presidenta Dilma Rousseff, según una encuesta de Datafolha. De esta manera, el respaldo a ese posible proceso creció ocho puntos desde febrero. El sondeo se conoce en momentos que una comisión especial de la cámara de Diputados analiza si el juicio es procedente. La comisión es impulsada por el diputado Eduardo Cunha a pesar de su condición de procesado por los sobornos en la petrolera estatal Petrobras. En tanto, el rechazo al 'impeachment' se ha reducido del 33% al 27%.
Después de conocerse los datos, el expresidente Fernando Henrique Cardoso le dijo al diario 'Estado' que Rousseff debe ser apartada de la presidencia por el Congreso. Para él, esa es la única salida a la crisis política y económica. “He defendido que ella tuviese un gesto de grandeza y renunciase. Pero, debido a la incapacidad que tiene en estos momentos el Gobierno para funcionar, el camino ahora es el juicio político. Eso es lo que gritan las calles”.
El vicepresidente Michel Temer, del centrista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), viene emitiendo señales claras de su toma de distancia de Rousseff. Ante una eventual destitución de la presidenta por parte del Parlamento, le tocaría asumir la titularidad del Ejecutivo. El apoyo a una presidencia de Temer solo llega al 16%, de acuerdo con Datafolha.
APELACIÓN DEL GOBIERNO
En medio de nuevas manifestaciones opositoras en Sao Paulo, el abogado general del Gobierno brasileño, Eduardo Cardozo, apeló el dictamen de Gilmar Mendes, el polémico miembro del Máximo Tribunal Federal que anuló el nombramiento de Luiz Inacio Lula da Silva como jefe de la Casa Civil (Ministerio de la Presidencia). Cardozo aseguró que la asunción de Lula “fue legal y no tuvo ningún vicio”.
Mendes es conocido por su relación con el Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB) de Cardoso. En virtud de su fallo, la situación de Lula volvió a estar en manos del juez provincial de primera instancia Sergio Moro, quien abrió una investigación en su contra en el marco de la resonante causa 'Lavado rápido'.
PETICIÓN DE PRISIÓN
Moro tiene sobre su mesa una petición de prisión del líder del Partido de los Trabajadores (PT) formulada por la fiscalía de Sao Paulo por el supuesto delito de ocultamiento de patrimonio.
Por estas horas, Lula carece de fueros y la posibilidad de su detención flota en el aire. El expresidente habló el pasado viernes por la noche ante miles de personas en Sao Paulo y les aseguró que “no habrá golpe” en Brasil.
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