LEGISLACIÓN RESTRICTIVA EN RUSIA
Putin firma una ley que permite expulsar oenegés «indeseables»
Bloqueo de cuentas bancarias, penas de prisión a los empleados locales de hasta seis años o multas que pueden llegar a los 500.000 rublos (unos 9.000 euros) en caso de reincidencia, prohibición de continuar ejerciendo su trabajo en territorio de la Federación Rusa... Estas son algunas penas que afrontan a partir de ahora las oenegés internacionales que sean declaradas «indeseables» en Rusia, tras la promulgación, el pasado sábado, por el presidente Vladímir Putin, de una ley aprobada por ambas cámaras del Parlamento y recibida con inquietud por los activistas de los derechos del hombre, tanto locales como foráneos.
De acuerdo con el texto legal, la categoría de «indeseable» será otorgada eventualmente por el fiscal general de Rusia o sus colaboradores, en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores. Dicha tipificación la merecerán aquellas oenegés que -según la ley- amenacen «la seguridad nacional», «los fundamentos constitucionales de Rusia» o las «capacidades de defensa».
El texto legal rubricado por el líder del Kremlin, viene a completar otro similar del 2012, que obliga a que toda organización rusa «con una actividad política» y que reciba financiación del extranjero, se registre como «agente extranjero» y se presente como tal. Memorial, organización cuyo lema es «a nadie se olvida, nada se olvida» y dedicada a sacar a la luz las violaciones de los derechos humanos que se cometieron, tanto en época de la URSS y como en tiempo presente, y el centro Sájarov, centrado en menesteres similares, y que cuenta, además, con un museo sobre la represión soviética, han sido dos de las oenegés a las que dicha ley les ha sido aplicada tras su promulgación.
LA REACCIÓN
Reaccionando al coro de voces críticas que arreciaron procedentes de Europa pero sobre todo de EEUU, el presidente del comité de Asuntos Exteriores de la Duma (Cámara baja del Parlamento), Aleksei Pushkov, aseguró, en un áspero lenguaje, en declaraciones a TASS, que las «críticas» del «Departamento de Estado de EEUU» mostraban la «absoluta falta de principios» de Washington. «Si el Departamento de Estado se preocupa tanto de los derechos humanos, lo que debería hacer es evaluar la negativa oficial del poder en Kiev de respetarlos en todo el territorio del este ucraniano», en referencia a Donetsk y Lugansk, donde las milicias prorrusas se han levantado contra el Gobierno de Kiev.
En cambio, Ludmila Alexeyeva, la más veterana de las activistas de los derechos del hombre en Rusia y fundadora del Grupo Helsinki Moscú, una influyente oenegé de derechos humanos establecida en 1976, aún en tiempos soviéticos, no contuvo sus críticas, en una conversación con un periodista de Interfax: «Siento mucho que esta ley haya sido firmada». En opinión de Alexeyeva, la nueva norma «está dirigida a aquellos organismos de derechos humanos a los que no afecta la ley sobre los 'agentes extranjeros'» del 2012. En concreto, nombró a «Amnistía Internacional» y a «Human Rights Watch», que han criticado a Rusia.
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