La policía se alió con los narcos en la matanza de estudiantes en México

El jefe de la policía ordenó detener a los estudiantes y el jefe de los narcos ordenó que los mataran. Así resumía este lunes el fiscal del estado mexicano de Guerrero, Iñaky Blanco, la oscura trama que hace 11 días disolvió a tiros una manifestación en Iguala y secuestró a 43 estudiantes de magisterio para llevarlos a una muerte atroz. Hasta 28 cuerpos calcinados, «algunos completos y otros fragmentados», aparecieron en seis fosas comunes el pasado fin de semana; ayer eran analizados por los forenses, mientras las lágrimas y gritos de familias y estudiantes llegaban hasta la autopista.

Las autoridades de Guerrero se dieron «entre 15 días y dos meses» para confirmar identidades, pero el fiscal Blanco reveló las confesiones de cuatro sicarios del grupo Guerreros Unidos, quienes aseguraron que 17 estudiantes que iban en un autobús fueron trasladados a ese paraje de Pueblo Viejo, un lugar que los vecinos de Iguala conocían ya como «el cementerio de los narcos». Blanco insistió en que no podía adelantar que se tratara de ellos y explicó: «Los cuerpos fueron colocados sobre una cama de ramas y troncos, y rociados con una sustancia inflamable acelerante, que pudo ser diésel, gasolina o petróleo».

La orden

Cuando ya tenía a 33 sospechosos detenidos, entre policías y narcos, el fiscal guerrerense señaló: «Fue el director de seguridad pública municipal de Iguala, Francisco Salgado, quien dio la orden de detener a los estudiantes, en tanto que la instrucción de matarlos provino de un sujeto apodado 'el Chucky'. Iñaky Blanco dijo que también se busca al alcalde de esa población, José Luis Abarca, y se le levantará la inmunidad para poder procesarlo. En otro lado, varios estudiantes recordaban «las imágenes de sangre» de aquel sábado en que municipales y pistoleros dispararon a matar.

Llegaron a Iguala en autobuses desde su Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Y cuando se retiraban, las patrullas de los municipales les cortaron el paso, los ametrallaron y «se llevaron a muchos». Uno de los alumnos, que «iba en el tercer autobús», recuerda que bajó con un compañero para tratar de apartar, junto a otros, el vehículo policial que impedía el paso. «Entonces nos empezaron a disparar y a él le pegó una bala en la cabeza», explica. «Vi un charco de sangre, grité y cuando intentamos tirar de él nos 'rafaguearon' otra vez y ya desde entonces fue una descarga continua contra nosotros», añade.

Los casquillos

Tras las ráfagas, los propios municipales recogían los casquillos. El estudiante afirma que incluso les gritó: «¿Qué hacen, cabrones?» Dispararon contra el autobús, lo rodearon, bajaron encañonados a los estudiantes. «Los acostaron en el suelo y se los fueron llevando en grupos. Los subieron a las patrullas. Eran como 30». Al menos seis personas, entre ellas tres de los conocidos como «normalistas» (por su escuela Normal), murieron esa noche. Y ese fin de semana familias y estudiantes contaron hasta 43 desaparecidos, «la mayoría de primer curso» de esa escuela de magisterio cuya puerta proclama: «Ayotzinapa, cuna de la conciencia social».

Después de una semana de manifestaciones y reclamos, los estudiantes y los familiares siguieron exigiendo ayer «la aparición con vida de los 43 desaparecidos» y cortaron el tránsito en el autopista del Sol, que baja de la capital a Acapulco. Los organismos de derechos humanos pidieron también que las autoridades «no se limiten a lo encontrado, sino que den prioridad a una búsqueda de personas vivas».

A última hora de ayer, el presidente, Enrique Peña Nieto, ordenó a su Gabinete de Seguridad «conocer la verdad» de unos hechos que calificó de «indignantes, dolorosos e inaceptables». La intervención federal, con la «profunda investigación» exigida por el presidente, no disipó la conclusión del sacerdote Alejandro Solalinde, conocido activista defensor de inmigrantes: «México es una tumba clandestina, porque todo lo enturbian y no hay claridad en la justicia mexicana».