El Gobierno afirma que no prevé el derecho de asilo por naufragio

Los inmigrantes que han llegado estas semanas a las costas andaluzas en condiciones lamentables hallarán ayuda humanitaria pero no una relajación en la aplicación de la ley de extranjería. La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, insistió ayer en que la normativa se llevará a cabo a rajatabla, aunque lamentó la tragedia de los 28 subsaharianos muertos en el mar --entre ellos, nueve bebés-- y subrayó que la prioridad en esos momentos es "facilitar la recuperación de cualquier ser humano que se encuentre en esta terrible situación".

Tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Ejecutivo expresó su "tristeza" por la muerte de quienes "huyen de la miseria y la pobreza tratando de buscar un futuro mejor para ellos y para sus hijos", y lamentó que "en pleno siglo XXI sigan dándose estas dramáticas situaciones". Así, indicó que lo más importante "es salvar vidas". "Y eso es lo que hacemos", agregó.

La vicepresidenta apuntó que la situación de los 33 supervivientes de Almería y los 23 de Motril se abordará "desde el punto de vista del derecho humanitario", pero aseguró que la ley "se va a aplicar y se tiene que aplicar", y recordó que el reglamento de Extranjería prevé situaciones excepcionales, "pero no, por ejemplo, el derecho de asilo por naufragio". Una puerta que, pese a todo, no quiso cerrar del todo la puerta al señalar que "la prioridad del Gobierno es cuidar a estas personas, atenderlas y, a partir de ahí, ver con arreglo a lo dispuesto en la ley cuál es su situación concreta".

De la Vega negó cualquier tipo de relajación en los controles de la inmigración irregular y manifestó que para combatir dramas como el del jueves es por lo que el Gobierno se reafirma en la política de inmigración que viene desarrollando: "cooperación para ayudar a esos países a su desarrollo, colaboración con los países de origen, control en las fronteras para que la inmigración sea legal y ordenada y, desde luego, implicación de la UE", aseveró.

DESESPERACIÓN Las declaraciones de la vicepresidenta contrastan con los cálculos de organizaciones que trabajan con inmigrantes y que, como ProDerechos Humanos, alertan de que existen unos 4.000 subsaharianos esperando en las costas africanas para jugarse la vida en el Estrecho. "La crisis alimentaria está afectando mucho a sus países de origen y la desesperación es cada vez mayor --explicó ayer Rafael Lara, portavoz de Inmigración de APDH--. Muchos de ellos viven en la globalización, tienen móvil, ven la tele y saben lo que pasa en otros sitios, pero solo cuentan con un euro al día, y saben que no tienen futuro".

Lara señaló que la tragedia de la patera de Almería "es una realidad constante, se repite desde hace tiempo aunque en este caso haya más sensibilidad por el tema de los niños". Así, resaltó que los flujos de inmigrantes hacia el norte de África son cada vez más duros. "Malviven durante años en condiciones infrahumanas, en parte a causa de la persecución policial impulsada por la UE en estos países".

En este sentido, Lara criticó la normativa de inmigración de la UE y apuntó que, aunque el verano es época propicia para el repunte de pateras, detrás de la avalancha de estas semanas se esconde un efecto alerta. "La alarma se nota; creen que la situación será peor de lo que está y deciden venir ahora", dijo.

Mientras tanto, los cinco inmigrantes trasladados a hospitales de Almería evolucionan favorablemente y no se teme por sus vidas. Una mujer recibió el alta la noche del jueves, mientras que su bebé está ingresado en la UCI pediátrica con quemaduras y deshidratación, aunque su pronóstico es menos grave. Las otras tres mujeres, una de las cuales sufrió un aborto de 34 semanas y permanece medicada y semiinconsciente, siguen en la UCI aunque su estado mejora lentamente.