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"El precio del peaje de la investidura: una inaceptable quiebra del Estado de Derecho"

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, preside la primera reunión de la Mesa del Congreso de los Diputados de la XV Legislatura.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, preside la primera reunión de la Mesa del Congreso de los Diputados de la XV Legislatura.

Como reza el refrán popular, "zapatero a tus zapatos". Es decir, cada uno debe ocuparse de sus asuntos, de su profesión, de su cometido y opinar solo de lo que entiende, evitando inmiscuirse en lo que no le afecta, ni entiende, ni le incumbe. Al hilo de ello, resulta que la Mesa del Congreso ha admitido a trámite dos comisiones de investigación parlamentaria con la indisimulada y preclara intención de señalar a determinados jueces, a someterles a un sonrojante, indigno y humillante descrédito y desprestigio, mediante un miserable escrutinio, so pretexto saduceo de contar con la soberanía nacional depositada en la Cámara y denunciar un supuesto 'lawfare'. Una odiosa y repugnante politización de la justicia, a impulso de quienes se verán beneficiados de la anunciada Ley de Amnistía. Es el precio del peaje de la investidura. Una inaceptable quiebra del Estado de Derecho.

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Además de subvertir la presunción de inocencia, como ha declarado el Tribunal Constitucional, esa actividad inquisidora, indagatoria, constituye una insólita e inaudita afrenta a los miembros de la carrera judicial, un atentado a la división de poderes, una intromisión inadmisible. Se pervierte el sistema constitucional. No es dable una supervisión de la excelsa función jurisdiccional por ningún otro poder del Estado. Es un ataque sin precedentes a la independencia judicial. Un mayúsculo desprecio al Estado de Derecho herido de muerte. La Unión Europea debe pronunciarse con celeridad y contundencia.

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