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Un modelo de educación pública y científica del que el Estado debe responder
Isabel Celaá. / JOSÉ LUIS ROCA
Julián Arroyo Pomeda
Circula una plataforma que denuncia falta de libertad de educación. La Constitución reconoce el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza, pero no hay suficiente libertad, según organizaciones y colectivos en su mayoría católicos.
Entretodos
El pasado diciembre, la Conferencia Episcopal Española pidió a la ministra Celaá un pacto educativo. Quiere enseñanza concertada porque los padres tienen derecho a que sus hijos se eduquen de acuerdo con sus convicciones. Otros distinguen enseñanza y educación: instruir y orientar la vida personal. El artículo 27.2 atribuye a la educación "el pleno desarrollo de la personalidad humana".
Exigen formación religiosa "en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales", según el Acuerdo de enero de 1979, el cual fue redactado antes del referéndum de diciembre de 1978. Es preconstitucional, aunque saliera después de aprobarse la Constitución.
Tiene 40 años; tiempos, situaciones y modelos son diferentes, aunque los conciertos y la asignatura de religión permanecen. ¿Cómo es la libertad de gestión de centros mantenidos con fondos públicos? La religión en la escuela evita el vacío cultural y el Estado correrá con gastos del profesorado nombrado y controlado por los obispos, quienes establecen los contenidos. Existe un monopolio eclesiástico, invocando el derecho natural de los padres a la educación de sus hijos.
El Estado ofrecerá un modelo educativo público y científico, que es "la capacidad de entender temas elementales de ciencia a un nivel suficiente para participar en el debate científico", lo que repercutirá en la formación ciudadana de cada uno y en su desarrollo. No es enseñar ciencias, sino educar desde ellas, ejercitando el pensamiento, la reflexión, la investigación y el deseo de aprender. ¿Encajan aquí idearios y enseñanza de la religión católica?
La educación debe ser pública y la misma para todos (Aristóteles), por lo que requiere vigilancia pública. El Estado responde de la escuela pública y supervisa la privada.
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