30 sep 2020

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Ciudadanos vulnerados: los vehículos de inversión inmobiliaria llamados SOCIMI

Luisa Vicente

Fachada del edificio de El Corte Inglés de la plaza de Catalunya (Barcelona).

Fachada del edificio de El Corte Inglés de la plaza de Catalunya (Barcelona). / EFE / JULIÁN MARTÍN

De nuevo, la prensa señala a los pisos turísticos como causa directa de la inflación en el precio del alquiler, junto con los fondos buitre, que no son precisamente quienes dicen ser. No niego que pueda haber algunos pisos turísticos en manos de particulares, pero los problemas son otros.

Sería un poco largo de explicar por qué aparecieron unos vehículos de inversión inmobiliaria llamadas SOCIMI (Sociedades Cotizadas de Inversión en Mercados Inmobiliarios), dedicadas exclusivamente al negocio del alquiler, pero su proliferación vertiginosa desde que fueron creadas por Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy en 2009, y reformadas en 2013 por el exministro Luis De Guindos, delata el suculento negocio que obtienen de la compra, promoción y rehabilitación de pisos e inmuebles para su posterior arrendamiento

España es el segundo país del mundo con más SOCIMI. En 2017, había 40 y, actualmente, existen más de 72. Al igual que en su día las SICAV (Sociedad de Inversión de Capital Variable) fueron y siguen siendo paraísos fiscales sin salir de España, las SOCIMI cumplen la misma función de refugio para sus accionistas. Hablamos de grandes fortunas, algunas catalanas, bancos españoles, deportistas de élite, presentadores de televisión, hijos de expresidentes españoles, políticos, todos ellos inversores en el negocio del alquiler. Dichas empresas obtienen suculentos dividendos y, por el contrario, tienen pocos requisitos, muchas ventajas fiscales, opacidad y un gran flujo monetario a paraísos fiscales. 

No hay que ser muy listos para imaginar que, detrás de este tinglado, los llamados fondos buitre (Blasckstone, Fidere, Cerberus, etcétera) operan a modo de testaferros de los auténticos inversores. La comisión que perciben del 35 por ciento en todas las operaciones que gestionan los hace también participes de manera muy lucrativa del pastel de viviendas que arrebataron a miles de familias desahuciadas en la crisis y a las que desahucian ahora por impago de la hipoteca o del alquiler. 

Quizá el argumento del Ajuntament y de la Generalitat en referencia a la falta de medios policiales disponibles para controlar la ola de criminalidad que nos invade obedezca a que decenas de policías, de Mossos, incluso de furgones de Intervención Policial (UIP) estén presentes en los innumerables desahucios que se producen cada mes en Barcelona. Impedir que la gente se manifieste ante el lanzamiento de una anciana o de una familia a la calle y detener a las patrullas ciudadanas del metro parece ser más importante que detener a los carteristas y criminales que campan a sus anchas.

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