El manejo de la, ahora sí, pertinaz sequía

Los climas áridos avanzan en España, desde mediados del siglo XX, a un ritmo anual de unos 1.500 kilómetros cuadrados al año, el equivalente en cinco años a la extensión de la provincia de Málaga, en detrimento de los climas templados. En el suroeste de Europa las olas de calor se están incrementando entre 3 y 4 veces más rápido que en el resto de zonas de latitudes medias. La sequía exige respuestas.

La sequía es un riesgo natural de comienzo indefinido, no disruptivo, como ocurre con las lluvias torrenciales o los terremotos. La sequía meteorológica es una escasez de agua coyuntural, mientras que la aridez supone una escasez hídrica estructural. España sufre con frecuencia sequías y cuenta con espacios áridos. Las regiones húmedas, como el norte de España, también padecen sequías, cuando llueve bastante menos de lo que es normal, mientras que en las regiones áridas, como el sureste peninsular, si llueve lo habitual, no se podrá hablar de sequía. Si los recursos de agua circulantes y almacenados en los embalses bajan de un cierto nivel se habla de sequía hidrológica, y de sequía agrícola y edáfica cuando el suelo reseco afecta a los cultivos de secano o a los de regadío. Igualmente, existe la sequía ambiental, cuando los ecosistemas se ven afectados negativamente por la falta de agua. Y hasta puede hablarse de sequía socioeconómica, en el caso de que el suministro de agua a la población y al sistema productivo se vea seriamente comprometido. 

Tras el año 2021, que fue muy seco en gran parte de España, el presente ha continuado con la misma tónica de escasez de lluvias, lo que ha dado lugar a que el agua almacenada en los embalses alcanzara, en promedio, el 20 de septiembre, solo 18.810 hectómetros cúbicos (33,5% de su capacidad), más de 17 puntos por debajo de la media de la última década. Solo en la Comunidad Valenciana, por las copiosas precipitaciones en el comienzo de la primavera, y en el País Vasco, Asturias, Madrid y La Rioja se superaba modestamente el 50%. En Catalunya, y en otras comunidades, en los últimos 24 meses, la escasez de lluvias sigue siendo muy acusada excepto en algunos puntos (por ejemplo, en los Ports de Tortosa-Beseit). Para la franja del litoral y prelitoral algunos índices pluviométricos permiten calificar la sequía de excepcional.

Esta situación excepcional ¿será la nueva normalidad en el futuro? ¿Cuántas regiones más sufrirán aridez o grandes sequías salpicadas por fuertes temporales de forma habitual? ¿Las sequías ambiental o socioeconómica pueden ser lo habitual en el futuro? 

Aunque los consumos urbanos ya son bajos en muchas ciudades (100-125 litros por persona y día), podría llegarse a unos 80 litros por persona y día, lo que constituiría un notable ahorro. Para ello el uso de aguas pluviales debería ser obligatorio en urbanizaciones, viviendas unifamiliares, polígonos industriales y otras superficies. Ni grandes embalses ni trasvases son ya posibles en España: simplemente, no hay suficiente agua. El impacto ambiental de las infraestructuras actuales implica que solo la mitad de los ríos españoles están en un buen estado ecológico. Además, con el cambio climático caerá menos nieve, se fundirá antes y las reservas en los embalses se agotarán (ya ha pasado este año). Y aún debemos añadir que la vegetación y los cultivos demandarán más agua por el aumento de temperatura. La mejora de los regadíos o la reutilización de aguas de depuradora no compensarán las pérdidas por el cambio climático a medio plazo. Ni, si seguimos como hasta ahora, podremos disponer de los caudales ambientales necesarios para cumplir los requerimientos de la Directiva Marco del Agua (DMA). El modelo de más recursos con infraestructuras ya no es posible.

¿Soluciones? Ahorro, eficiencia, mejores prácticas agrícolas o fuentes alternativas, como, por ejemplo, la desalación y el uso de aguas regeneradas en la costa. Esto puede asegurar el agua para la población y la industria, pero no para los regadíos actuales o futuros. Hay que producir alimentos, pero de forma sostenible. La agricultura industrial, las macrogranjas, los mangos o aguacates en zonas áridas, etc., no se podrán mantener en el futuro. 

Y algo muy importante, clave, decisivo para una gestión del agua sostenible: ordenación del territorio y gestión del paisaje. Las grandes masas arbóreas continuas actuales son pasto de grandes incendios y, como consecuencia, de erosión del suelo y, al final, más aridez. Hay que disminuir la biomasa forestal y transformar el paisaje en manchas heterogéneas de cultivos, pastos, maquias y bosques, de acuerdo con el clima de cada área. De esta forma contribuimos a evitar la propagación de los incendios forestales y recuperamos el agua en los suelos y los acuíferos. 

Pero este modelo tiene un problema: hace falta voluntad política y cambios en la mentalidad de los usuarios del agua para poder establecer un nuevo paradigma de la gestión hídrica en línea con la sostenibilidad. ¿Seremos capaces de avanzar hacia un futuro sostenible? No hacerlo va a suponer aumentar los efectos negativos de las sequías y la aridez, y un gran coste social y económico para toda España. No somos optimistas, ojalá nos equivoquemos.  

El periodo de sequía persistente que nos afecta evidencia una cuestión obvia, pero que a menudo suele pasar desapercibida: que el agua es un bien escaso, especialmente en España, y que esa escasez tenderá a ser mayor. Esta realidad invita a una serie de reflexiones sobre los problemas y retos que la sequía y el cambio climático ofrecen a nuestra economía.

1. En términos de oferta, el agua procede de tres orígenes: aguas superficiales (74%), aguas subterráneas (23,5%) y los recursos no convencionales, como la desalación (2,5%).

2. El volumen máximo de agua embalsada ha sido, desde 2010, de casi 45.000 hectómetros cúbicos por año en promedio. Sin embargo, este reservorio de agua tiende a la baja. Un régimen de lluvias inferior a la media y más irregular unido a unas temperaturas casi un grado más elevadas impide compensar el consumo anual de agua. De esta manera, sistemáticamente desde 2013, el nivel máximo de agua disponible está por debajo del máximo del año anterior. En los últimos 10 años, esta disponibilidad máxima de agua se ha reducido en un 23% (hasta los 35.000 hectómetros cúbicos por año), porque han mermado las aportaciones a los cauces de los ríos no solo por una pluviosidad menor sino porque también el calor ha aumentado la evapotranspiración.

3. España utiliza más agua al año que Francia, Portugal, Grecia, Italia o Alemania. La demanda de agua anual se estima en torno a los 32.000 hectómetros cúbicos por año. El principal uso de esta demanda es la agricultura (65%), seguido del sector industrial (19%) y del abastecimiento urbano (14%). También debe destacarse el caudal medioambiental que debe respetarse en las cuencas hidrográficas.

4. El volumen de agua de riego utilizado por las explotaciones agrarias ronda los 15.000 hectómetros cúbicos al año. La mayor parte de la superficie (68%) se riega con agua superficial, seguida por las aguas subterráneas (26%).

5. En España, son casi cuatro millones de hectáreas dedicadas al regadío, frente a los 2,5 de Italia, el 1,2 de Grecia o 1,4 de Francia. De hecho, España es el primer país de la UE en superficie de regadío. El 53% de esa superficie se riega con el sistema localizado o por goteo, el más eficiente. El sistema de riego por gravedad concentra el 23,5%, el riego por aspersión es del 15%, mientras que el riego automotriz representa el 8,5% de la superficie total de riego.

6. La superficie regada en España es solo un 23% del total de superficie cultivada, pero su contribución a la producción final vegetal es del 65% del total de un sector, el primario, que representa el 3% del PIB y el 4% de la población ocupada.

El potencial productivo y de generación de empleo del regadío unida a la percepción entre los agricultores de que la provisión de agua iba a ser ilimitada y a un precio muy reducido explican que se haya registrado un aumento del 20% en la superficie regada en los últimos 20 años.

7. Sin embargo, la extensión del regadío tiene como contrapartida la sobreexplotación de los recursos hídricos en un país con territorios donde estos son realmente escasos. Esta dinámica ha ido acompañada de un abandono progresivo de tierras en las zonas de secano. La consecuencia es la degradación del suelo por la erosión y la desertificación del territorio, que avanza irremediablemente desde el sureste de la península hacia las zonas más húmedas del norte.

8. Con independencia de las causas naturales (sequía / pluviometría / calor), en España existe un claro desequilibrio entre la oferta y la demanda de agua. Este estrés hídrico, que se ha ido agravando con el tiempo, se ha intentado resolver históricamente por el lado de la oferta: embalses, trasvases, sobreexplotación de ríos, acuíferos y humedales, desalinizadoras… Pero ha llegado un punto en que el ritmo al que ha ido creciendo la demanda no puede ser acompasado por la oferta.

9. El problema no es tanto que falte agua porque llueve menos o de manera más irregular, sino más bien porque el consumo de agua resulta excesivo. Por ello es urgente un cambio de paradigma en el modelo de relación y explotación del agua en España. La idea es procurar el ahorro y la optimización en el uso del agua, ajustando la gestión de las cuencas hidrográficas a la oferta de agua disponible: debe ser esta oferta quien determine la demanda y no al revés.

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10. La solución pasa por invertir en infraestructuras para reducir las fugas en las redes y mejorar el suministro de agua. Pero la gran oportunidad pasa por la digitalización de los usos del agua. Así, la instalación de herramientas de sensorización y comunicación o el desarrollo de plataformas informáticas de análisis, consulta y registro de datos pueden dotar a la agricultura de gran cantidad de información para poder aplicar modelos predictivos y conseguir ahorros en el uso del agua, pero también en los principales insumos de las explotaciones como fertilizantes, fitosanitarios y energía.

Los recursos del PERTE (Proyecto Estratégico para la Recuperación y la Transformación Económica, 3.060 millones de euros) pretenden financiar esa inversión en infraestructuras y formación de personas, necesaria para que la transformación digital y modernización del sector agrario sean una realidad.