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No está demostrado que las políticas migratorias provoquen un efecto llamada

La existencia de ese efecto es una cuestión discutida dentro del mundo académico y no hay una respuesta evidente

Un grupo de migrantes que llegó este martes al muelle de Arguineguín.

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El nuevo anteproyecto de ley que regulará cómo se tiene que determinar la edad de aquellas personas extranjeras que llegan a España sin documentación ha vuelto a poner sobre la mesa el supuesto efecto llamada. El procedimiento para especificar la edad de los menores que viajan sin la compañía de un adulto es clave a la hora de darles permiso de residencia pero, ¿esta nueva regulación hará que lleguen más inmigrantes a España, como aseguran muchos mensajes virales?

A pesar de ser un tema recurrente en el discurso político, los datos y los expertos apuntan que los cambios en la legislación migratoria no provocan un efecto llamada. Cuando hay un avance en cuanto a los derechos reconocidos de las personas migrantes, “de manera casi instintiva se vuelve a hablar del efecto llamada”, explica a Verificat Francesco Pasetti, investigador principal del área de Migraciones del Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB). Esta vez, en un video publicado en TikTok por una cuenta ajena y compartido también en Telegram aparece la ministra española de Justicia, Pilar Llop, explicando la nueva ley y el usuario de TikTok escribe “¿haciendo llamamiento a la inmigración ilegal?”. 

El supuesto efecto llamada no es nuevo en el discurso político. En 2000, el Partido Popular ya proponía cambiar la ley de extranjería del PSOE precisamente porque, según decían, provocaba un “efecto llamada”. Más recientemente, el expresidente del PP, Pablo Casado, también hizo referencia en noviembre de 2020 con la gran llegada de migrantes y refugiados a Canarias y en 2019 Santiago Abascal, presidente de Vox, también culpaba del efecto llamada a las políticas migratorias. Más allá de esto, los medios de comunicación también han contribuido “de forma notable” a reproducir este discurso, según apunta un estudio que analiza la cobertura mediática del fenómeno migratorio en España, desde 1994 a 2002.

 

147.000 niños sin documentos

 

En España, en 2019 había aproximadamente 147.000 niños en situación administrativa irregular, según estimó el informe 'Crecer sin papeles en España', realizado por la fundación porCausa y Save The Children. Esto quiere decir que uno de cada cinco niños y niñas menores de 19 años (un 20%) no tenía documentación legal, casi el doble que en el caso de los adultos (13%), según apunta el mismo estudio. En cuanto a los menores que se encuentran cerca de la mayoría de edad, de los 7.745 expedientes abiertos para determinar la edad en 2019, un tercio de los jóvenes fueron declarados mayores de edad y, por lo tanto, no pudieron acceder a los mecanismos de protección a los cuales tiene derecho un niño o niña, según explica el informe. 

Pero en la actualidad no hay una regulación específica sobre cómo se tiene que determinar la edad de las personas que llegan a España sin documentación y, por eso, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 12 de abril un anteproyecto de ley para definirlo. La reforma del procedimiento para determinar la edad de los menores migrantes ya se previó en la ley 8/2021, después de que la ONU acusara en 2020 a España de violar la Convención de los Derechos del Niño a la hora de evaluar la edad de los niños. Sin embargo, políticas migratorias que se han aplicado en otros momentos de la historia o en otros países no han implicado un aumento de la inmigración ilegal. Dentro del mundo académico tampoco existe evidencia clara que indique que las políticas migratorias tienen un impacto significativo en el número de llegadas. 

 

Migración más ligada al ciclo económico

 

Las llegadas de población extranjera están más relacionadas con la economía y la situación del país de origen que con las medidas políticas del país de acogida, según un informe del Defensor del Pueblo de 2019. “A lo largo de las últimas dos décadas, la migración neta ha variado de forma significativa, siguiendo una dinámica vinculada al ciclo económico sin que, en este mismo período de tiempo, se hayan registrado cambios reseñables favorables en el marco de prestaciones del Estado de bienestar español”, explica el informe (a la página 57). 

 

Este efecto llamada no se cumplió con el cambio de la ley de extranjería del año 2000. Según la ley en vigor hasta aquel año aprobada por el PSOE, un extranjero en situación irregular estaba cometiendo una infracción grave y recibía una multa, pero no se le expulsaba directamente. En cambio, con la reforma del PP aprobada en diciembre del mismo año, las personas sin permiso de residencia o trabajo podían ser expulsadas en 48 horas por un procedimiento de urgencia. Este cambio legislativo que llevaría la política migratoria española no frenó la llegada de migrantes, sino todo lo contrario, según apuntan este estudio de la Universidad Complutense de Madrid y también los datos disponibles. En 2001, las llegadas de migrantes a las costas españolas se incrementaron un 23%, según las cifras del Ministerio del Interior

En este sentido, un artículo más reciente de Jesús Fernández-Huertas, profesor de Economía de la Inmigración en la Universidad Carlos III, sobre las políticas migratorias también afirma que estas “por sí solas no explican la evolución de la inmigración en España en el siglo XXI”.

 

El efecto llamada no está demostrado

 

La existencia del efecto llamada es una cuestión discutida dentro del mundo académico y no hay una respuesta evidente, tal como demuestra una revisión de la literatura sobre los factores de empuje y atracción de la migración realizada por la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) de la Unión Europea. Marcello Carammia, investigador en la Universidad de Catania (Sicilia) que ha trabajado para el organismo, explica a Verificat que no hay evidencia en un nivel tan detallado que pueda demostrar que, si un país relaja un poco las políticas migratorias, llegarán más migrantes. “Esta es una gran simplificación”, afirma el politólogo.

 Las medidas nacionales para regular la migración forzosa tienen un alcance limitado, porque los factores que impulsan a abandonar los países de origen son más relevantes que las variables políticas de los países de acogida, apunta un estudio del 2006 publicado por la Cambidge University Press. El mercado de trabajo en el país de acogida y la presencia de personas de la misma nacionalidad son factores que tienen un impacto mayor en la migración que las propias políticas migratorias, según explica Carammia a Verificat. 

Otro estudio estadístico elaborado por Dimiter Toshkov, doctor por la Universidad de Leiden de los Países Bajos, apunta que existe cierta relación entre el porcentaje de solicitudes de asilo resueltas y el número de nuevas demandas de asilo. Sin embargo, este efecto es muy débil. Es decir, si por ejemplo los sirios tienen una tasa de reconocimiento de asilo alta en España, serán más proclives a venir a este país, ejemplifica Marcello Carammia.

 

Qué determina que alguien emigre?

 

“Las dinámicas migratorias son el resultado de un amplio conjunto de factores micro, meso y macro, relativos tanto al país de origen como a país de destino”, explica el investigador del CIDOB Francesco Pasetti. Es decir, tienen que ver condicionantes como la edad, el género, la clase social, pero también la red de contactos que la persona puede tener en el país de acogida y, finalmente, el contexto del país desde donde emigra y del país de destino: si hay situaciones de conflicto o las condiciones económicas y laborales, entre otros.

En cuanto a los flujos de migración irregulares de los últimos años en Europa, un estudio de 2015 indica que quienes se van de sus países de origen lo hacen “impulsados por una combinación de conflictos, inestabilidad política e inseguridad económica”. Por eso, a menudo no tiene demasiado sentido distinguir entre las personas que se han visto obligadas a irse de su país y aquellas que lo han hecho en busca de una mejor situación económica, según detalla este mismo informe. 

En este sentido, reducir el proceso migratorio al efecto llamada “no es solo erróneo sino también peligroso, porque se politiza el tema migratorio y hace imposible hablar de derechos de las personas migrantes sin la alarma de una presunta avalancha migratoria”, apunta Pasetti. 

En sentido contrario un estudio de 2016, publicado en la revista académica European Union Politics, apunta que la restricción de la política migratoria aumenta los flujos de migración irregular. Según esta publicación, que analiza las llegadas en 29 estados europeos en la década de los 2000, un aumento del 10% de las denegaciones de asilo eleva de media entre un 2 y un 4% el número de entradas irregulares. Del mismo modo, un aumento del 10% de las denegaciones de visados de corta duración provoca un aumento de entre el 4 y el 7% de llegadas irregulares en las fronteras. 

 

Nueva ley para determinar la edad: ¿qué cambia?

 

Hasta la aprobación del anteproyecto presentado por el ministerio de Justicia no había ningún procedimiento judicial específico para determinar la edad de aquellas personas que llegaban a España sin documentación. El procedimiento que se sigue actualmente es el establecido por dos leyes (la Ley 1/1996 y la Ley 4/2000), que indican que es la Fiscalía quien se encarga de determinar la edad de los inmigrantes a partir de pruebas médicas realizadas respetando la “dignidad” del menor y sin hacer, “en ningún caso, desnudos integrales, exploraciones genitales u otras pruebas médicas especialmente invasivas”.

Con el cambio legislativo que ahora se ha iniciado, esto puede cambiar. El procedimiento pasará a tener un carácter judicial y no administrativo como hasta ahora, según ha explicado la ministra Llop en rueda de prensa. Por lo tanto, será un juez, y no un fiscal, quien en un periodo de 25 días dictará sentencia sobre la edad del menor. La ministra de Justicia también ha remarcado que “se acabarán todas las pruebas invasivas para determinar si una persona es o no mayor de edad” y que este proceso será “más garantista, ágil y simplificado”. Actualmente, por ejemplo, una radiografía de una mano, que tiene un margen de error de cuatro años, puede servir para determinar la edad de una persona, según precisa el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. El texto del anteproyecto está en fase de consulta pública hasta el 10 de mayo, luego tendrá que ser aprobado otra vez por el Consejo de Ministros y finalmente se iniciará la tramitación parlamentaria.

Esto se especifica porque, hasta ahora, a pesar de las garantías previstas en la Ley 1/1996, las autoridades competentes habían violado alguno de estos preceptos, como por ejemplo ha determinado recientemente una sentencia del Tribunal Supremo, alegando que la Fiscalía autorizó exploraciones genitales para determinar la edad de una niña cuando estas están prohibidas.


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