La encrucijada de la ciencia española

El anteproyecto de ley de ciencia no resuelve, sino profundiza los problemas de la ciencia española, agravados por la crisis de 2009 y ahora por la pandemia. No resuelve el creciente envejecimiento de las plantillas investigadoras, que acceden a un puesto fijo a los 43 años de media, con tasas de temporalidad mayores al 42% en el CSIC o del 80% en el sistema sanitario. No aborda la carrera profesional del personal técnico y de gestión e ignora al personal investigador sanitario.

La propuesta estrella es el cambio del sistema de acceso del personal científico, sustituyendo la escala funcionarial de Científicos Titulares por el 'tenure-track' (TT), contrato teóricamente fijo, pero con cláusulas de despido. Un contrato fuera de la legislación española y que vulnera el derecho internacional, como indica el Ministerio de Trabajo. En España ya existe este contrato: es el «Ramón y Cajal». Inventarse un nombre para prolongar ad infinitum la precariedad no cuela. En EEUU, Alemania o Italia el TT es un contrato temporal con evaluación, previo al acceso a un puesto fijo. No existe en el mundo nada parecido al TT que propone el anteproyecto.

La extinción de la escala de los científicos titulares (51% del personal investigador del CSIC) afectará la capacidad de atracción de personal investigador. ¿Quién va a querer trabajar en estas condiciones? Actualmente, el CSIC ni siquiera consigue cubrir su oferta de contratos Ramón y Cajal, porque los investigadores prefieren la universidad, donde, tras la evaluación, acceden a un contrato indefinido, con derechos de antigüedad e incentivos. ¿Quién va a competir por el TT, un contrato en el que pueden quedarse encallados unos 20 años antes de promocionar a Investigador Científico, a los 52-55 años? 

El último despropósito es la convocatoria de 20 o 25 plazas de tecnólogos, anunciada como «una prueba». Esta figura fue introducida en 2011 a propuesta de CCOO. Sin embargo, en una década no se ha desarrollado y ahora se intenta lanzar como un experimento.

El CSIC, además, acaba de absorber a casi 2.000 personas de tres organismos sumidos en una crisis de gestión (INIA, IGME e IEO), a pesar de su creciente incapacidad para cubrir sus propias vacantes, por los ínfimos complementos ofrecidos. 

El resumen es desolador: una carrera científica en peligro, con más de la mitad del personal declarado a extinguir, un contrato que empeora los derechos, un personal técnico y de gestión ninguneado, y un sistema de gestión sobrepasado que puede hundir el CSIC. En tanto, su dirección no ha dado ni un solo paso para detener el proceso. La única respuesta posible es retirar este anteproyecto, identificar los problemas del sistema y sentarse a discutir cómo mejorarlo. En ello nos va el futuro de la investigación y el futuro de España.

Bienvenido sea el anteproyecto de Ley de la Ciencia. Que se haya reconocido por parte del Gobierno que, en su estructura actual, el sistema de I+D+i no puede sobrevivir y que esto es un problema serio para España, es algo muy positivo. Se podrá estar de acuerdo o no con las propuestas, pero por lo menos se ha planteado el debate. En un mundo en el que innovación significa supervivencia, con grandes empresas invirtiendo enormes cantidades de dinero en investigación, seguir en la situación actual es suicida. 

Ya se ha visto la fragilidad de una industria basada mayoritariamente en el turismo. La empresa que no se ha incorporado a la filosofía de la innovación no podrá invertir las cantidades necesarias si no tiene un horizonte claro y este lo proporciona la estabilidad de la investigación pública. Mientras esta siga ligada y aherrojada por la administración pública actual, siempre desconfiada de todo y de todos, nunca podremos competir con nuestros colegas europeos. Y no digamos ya con las grandes multinacionales que invierten en un año en tecnologías de la comunicación más que la UE completa en siete. 

Las propuestas de flexibilización de la carrera científica (¿para cuándo una técnica que contemple la función de gestión?) me parecen insuficientes y ya tienen la oposición frontal de los sindicatos y los científicos jóvenes. Si quieren usar el sistema anglosajón de 'tenure track' háganlo, pero del todo. El sistema funcionarial español no reacciona ante los cambios con la flexibilidad necesaria (véase lo ocurrido con las vacunas de covid-19) y eso hay que aceptarlo. Los jóvenes no quieren ser funcionarios: quieren un futuro sin sobresaltos y con derechos, y eso también hay que asumirlo. 

Si las presiones de los cuerpos de élite de la administración han sido tan fuertes que no se ha podido optar por el sistema anglosajón, ¿por qué no se ha mirado a nuestro vecino francés? Conservan la categoría funcionarial pero no son tan encorsetados como nosotros. Espero que la discusión lleve a una decisión mejor. Con todo, es importante que esta discusión no nos desvíe de lo esencial. El sistema español de I+D+i está en un hoyo. 

Las infraestructuras han de salir de su actual estado de abandono y deben adelantarse a los acontecimientos. ¿Alguien se ha planteado el Centro sobre Enfermedades Infecciosas que se viene reclamando desde hace años? Hay que pedir más valentía con el programa de recuperación y resiliencia. Hace falta una apuesta por la investigación sobre el clima y las energías renovables, incluyendo la economía circular. Nos jugamos mucho más que una ley fallida, nos jugamos el futuro de nuestro país.

La Ley de la Ciencia fue aprobada en 2011 y modificada muy parcialmente en 2019. Para empezar, resulta extraño que una ley de esta naturaleza se someta a una reforma tan solo 10 años después de su aprobación, cuando el desarrollo reglamentario de la misma podría haber dado mucho más juego. No obstante, si las reformas son para proponer una mejora ostensible y rápida, no seré yo el que me oponga. 

La universidad es uno de los agentes más relevantes del sistema para realizar propuestas pertinentes y es la institución que puede ver más afectado su nivel de eficiencia. Las universidades contribuyen al 70% de las publicaciones científicas españolas, que reciben el 71% de las citas totales que recoge el sistema español . Por estos motivos me hubiera gustado que la universidad hubiera desempeñado un papel más protagonista en el diseño de la reforma de la ley.

Según lo relatado en el propio anteproyecto, se persiguen tres objetivos fundamentales: diseñar una carrera científica estable, predecible y atractiva, impulsar la transferencia del conocimiento y mejorar el modelo de gobernanza de nuestro sistema de I+D+i. Estos objetivos responden a las necesidades de mejoras del actual sistema de ciencia, pero en mi opinión son muy limitados y no consiguen solucionar los principales problemas existentes. 

El más grave de ellos, que hay que resolver de manera perentoria, es el de su infrafinanciación permanente y persistente, en la que lleva inmerso desde hace más de una década. La financiación debe ser estable, regular y sostenida para conseguir alcanzar cifras de inversión de la Unión Europea y esta debe quedar reflejada en el articulado de la ley para evitar la 'infrapresupuestación' a la que ha sido sometida la ciencia. 

Además de lo señalado, son necesarias actuaciones en aras de eliminar la tasa de reposición y las barreras legislativas y administrativas que dificultan la investigación e innovación, adoptar medidas de simplificación administrativa y que la investigación salga de la Ley de Subvenciones. 

Por último, la reforma debería contemplar la creación de una Oficina de Desarrollo e Innovación que dependa directamente del presidente del Gobierno de España, que coordine las dos carteras implicadas en el desarrollo normativo del anteproyecto y que sea competente para la implantación de una política ajustada a la de la UE y a las exigencias de competitividad mundial.

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Esta reforma influirá de manera decisiva en el futuro de la investigación de nuestro país. Ha llegado el momento de plantear, no como fórmula hueca, sino como reto de eficacia, un cambio en la ley. Y para que no se quede en un papel mojado, debe ser valiente e innovador, si queremos gestionar con eficacia los recursos de los cuales disponemos. Al igual que necesitamos incrementar esos recursos con inteligencia y urgencia. 

No habrá más oportunidades.