Demandan colectivamente a InmoCaixa por cláusulas abusivas en el alquiler de centenares de inquilinos

El Sindicat de Llogateres y el bufete de abogados Col·lectiu Ronda han interpuesto una demanda colectiva contra una inmobiliaria de Criteria por incluir cláusulas abusivas que, consideran, inflan sobremanera el precio de los contratos de centenares de inquilinos. Los demandantes acusan a la entidad bancaria de prácticamente doblarles el precio de sus arrendamientos con condiciones presuntamente ilegales, como cobrarles el IBI del piso -algo que debe hacer el propietario-, obligarles a domiciliar su nómina o pensión a una cuenta bancaria de CaixaBank -propiedad, en parte, de Criteria-, o costear de su bolsillo el seguro ante un potencial impago; entre otros.

Los demandantes han hecho públicas sus acciones legales este miércoles en una rueda de prensa. Desde la misma han anunciado que tienen contabilizadas al menos 37 promociones urbanísticas en 23 municipios diferentes, donde vivirían o habrían vivido alrededor de 2.000 personas en los últimos años y sobre las que habrían regido un total de 16 cláusulas que consideran abusivas. Promociones que en su día fueron erigidas como viviendas de protección oficial dentro de los programas de 'L'Obra Social de La Caixa'. La demanda está ya presentada, según han explicado, y ahora deberá ser el juez el que determine si la acepta a trámite, primero, y si, después, Inmocriteria, la inmobiliaria de Criteria, actuó o no conforme a la ley.

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La abogada del Col·lectiu Ronda a cargo del caso, Montse Serrano, ha calificado de "pionera" la demanda, ya que por primera vez una asociación de consumidores -en este caso el Sindicat de Llogateres- inicia acciones legales en cuestiones de vivienda para defender los intereses de un colectivo de afectados. De darles la razón los tribunales, estos podrían declarar la nulidad de las 16 cláusulas denunciadas y abrirían la posibilidad a los centenares de afectados -pertenezcan o no al Sindicat- de reclamar las cuantías cobradas de más.

"La actuación de InmoCaixa se basa en un cumplimiento estricto de la legalidad. La compañía busca siempre un equilibrio entre la defensa de su cartera y la sensibilidad en los casos de vulnerabilidad economico social acreditada por parte de los inquilinos. En caso de desacuerdos puntuales con sus inquilinos, InmoCaixa lo gestiona caso a caso y con flexibilidad para encontrar la mejor solución", afirman fuentes consultadas de la entidad. Esas mismas fuentes afirman no tener constancia formal, por el momento, de la demanda judicial.

Desequilibrio entre las partes

Ricardo reside en Vila-seca, en uno de los pisos construidos en su día en una de esas 37 promociones urbanísticas. Entró en 2011 y durante los últimos tres años ha seguido pagando el alquiler, pero sin un contrato de por medio, ya que la inmobiliaria ha declinado renovarselo sin aviso previo, según explica. Ello presuntamente incumpliría una de las clásulas que desde el Sindicat y Ronda califican de abusivas como es la exclusión de la prórroga voluntaria. Es decir, que si vence el contrato y ninguna de las dos partes expresa su voluntad de no renovarlo -la propiedad debe hacerlo con cuatro meses de antelación-, este se prorroga por un año adicional de manera automática.

Asun es vecina de El Vendrell y cuenta que en su contrato figura sí o sí la obligación de asumir el arrendamiento de una plaza de párking, quiera o no. A ella, que no tiene coche ni pretende tenerlo, eso le supone pagar cada mes un 'extra' de 50 euros. También se queja de otro 'extra' de 50 euros que paga cada mes por el mantenimiento de su finca, que "es penoso, cuando no inexistente". Además de otros 80 euros anuales que costea de su bolsillo por el seguro que tiene contratada la inmobiliaria por si ella deja de pagarles.

Otras cláusulas detalladas en la demanda es la obligación de los arrendadores de asumir los costes de rehabilitación del piso o la obligación de pagar un año entero de alquiler si no se cumple con el preaviso de no renovación. Los demandantes consideran que todas estas cláusulas han sido impuestas "unilateralmente y en contra del principio de buena fe", son "desproporcionadas, generan un desequilibrio o merman los derechos mínimos que establece la ley" ya que "no han sido pactadas en igualdad de condiciones", según ha afirmado la letrada de Ronda. 

La portavoz del Sindicat, Carme Arcarazo, ha recordado que hace un año un juzgado de Barcelona ya falló a su favor en la denuncia que interpusieron al fondo de inversión Azora también por cláusulas abusivas. Si bien ha reconocido que el caso contra CaixaBank será "complicado", ha confiado en que sirva de precedente para "pararle los pies" y evitar que este tipo de cláusulas se popularicen. También ha criticado la falta de "voluntad negociadora" cuando han intentado mediar con la filial de la entidad financiera.