¿Cómo y por qué regula Catalunya el alquiler de temporada? Claves del último giro en la ley de vivienda

A partir del momento que el último decreto ley aprobado en torno a la ley de vivienda se publique en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), los pisos arrendados a estudiantes, trabajadores que estén en la comunidad por un tiempo determinado o personas que estén en medio de algún tipo de tratamiento médico serán formalmente alquileres de uso habitual. Así lo ha acordado este miércoles el Govern, al detectar que muchos propietarios estaban poniendo etiqueta de 'alquiler temporal' a estas viviendas y escapando, así, de las obligaciones que la nueva ley que regula el mercado del alquiler ha traído con ella. Pero, ¿qué ha decidido exactamente la Generalitat? ¿Cómo cambia esto el panorama?

¿Cual era el problema?

Son varios los portales inmobiliarios que han publicado en los últimos meses que, a raíz de la aprobación de la ley de vivienda, el alquiler temporal no ha parado de comer terreno al alquiler de uso permanente. Idealista, por ejemplo, hablaba la semana pasada de un incremento del 56% de esta modalidad de alquiler. Pese a que el Govern de la Generalitat no da mucho crédito a la cifra, sí dice haber constatado este tipo de "fraudes" y "picarescas" para eludir determinadas obligaciones como el tope en los precios o la obligación de asumir los propietarios determinados gastos inmobiliarios. "Estamos poniendo la venda rápido, antes de que venzan contratos que duran cinco años y haya más trasvase", justifican fuentes del departament.

Catalunya modifica su ley de vivienda para que los propietarios no puedan esquivar el tope de precios con la trampa del ‘alquiler de temporada’

¿Qué ha decidido la Generalitat?

El Govern ha aprobado un nuevo decreto ley para acotar esta situación. Se trata de una especie de apéndice añadido a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) que concreta lo que es un alquiler de temporada y lo que no. Al hacerlo así, se distingue entre aquellos apartamentos que se reservan con fines vacacionales o de ocio (que tienen sus propias normas) y los que alquilan estudiantes, trabajadores que están en la comunidad de forma temporal o personas que necesitan alojamiento mientras están en tratamiento médico, por ejemplo.

¿Qué ocurrirá en estos casos?

Siempre que estas viviendas estén situadas en un municipio considerado zona tensionada, sus arrendatarios tendrán las mismas garantías que cualquier otro piso o casa que esté alquilado con vocación de permanencia. Lo que entiende el Govern es que, por mucho que estos contratos tengan fecha de caducidad, su arrendamiento sí tiene detrás una voluntad de que esta vivienda se convierta en la residencia habitual de sus arrendatarios.

¿Qué cambia para el propietario?

El propietario tendrá que especificar en los contratos el uso final de esta vivienda, deberá asumir él los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato, estará obligado a indicar si es o no un gran tenedor (es decir, si es dueño de 5 viviendas o más) y a ser transparente en cuanto al precio que pagaban los anteriores inquilinos o a la renta que recomienda el índice de precios de referencia.

¿Qué ocurre con los alquileres de habitaciones?

Fuentes de la 'conselleria' de Territori admiten que es difícil atajar el fraude en esta área, por lo habituales que son los acuerdos sin contrato formal de por medio. En cualquier caso, este decreto ley también intenta poner coto en este ámbito especificando que el alquiler de habitaciones son, también, 'alquiler permanente' y que, como tal, el precio de todas las unidades que conforman el piso no puede superar el precio que pertoque por norma. Es decir, que si un inmueble no debería rebasar los 1.000 euros al mes de cuota por sus condiciones y situación, y ya hay dos habitaciones alquiladas por 400 euros cada una, la tercera solo se puede arrendar por 200 euros como mucho.

¿Qué garantías tiene el Govern de que esto se vaya a cumplir?

Una de las grandes novedades de este decreto ley es que se otorga al Govern capacidad sancionadora. Un propietario que alquile una vivienda un 30% más cara de lo que debería o de que haga constar un uso falso de la misma en el concreto, se enfrenta, a partir de ahora, a multas 'muy graves' de entre 90.001 euros y 900.000 euros. Aumentar fraudulentamente el precio entre un 10% y un 30% o no indicar en el contrato si se trata de un alquiler de ocio, habitual o profesional, por ejemplo, será una infracción grave, sancionable con entre 9.001 y 90.000 euros de multa. Por último, no hacer constar el precio recomendado del alquiler o el importe de la última renda, así como la condición de gran tenedor puede suponer una sanción leve de entre 3.000 y 9.000 euros.

¿Cuando entra en vigor este decreto ley?

En el momento en que se publique en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), lo que ocurrirá esta misma semana. Lo que puede ocurrir es que otros partidos activen el mecanismo para tumbar el decreto, que entraría entonces en la carrera de la convalidación. De todos modos, miembros de la 'conselleria' se han mostrado optimistas: teniendo en cuenta que el origen de la ley es nacional y está impulsada por el PSOE, confían tanto en su respaldo como en el del PSC.

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