El Gobierno aplaca a las grandes eléctricas y se abre a permitirles más inversiones en sus redes

El Gobierno busca aplacar las quejas de las grandes eléctricas y facilitar unas inversiones imprescindibles para hacer posible el boom de nuevas plantas renovables. El Ejecutivo se abre a estudiar un aumento del límite legal de las inversiones de las compañías energéticas en redes eléctricas, por las que reciben una retribución a través de la factura de luz que pagan todos los consumidores. Pero quiere hacerlo con condiciones.

“Es pertinente plantear un incremento del límite de inversión siempre que eso permita más volumen de inversión, y no que se destine a alimentar más rentabilidad”, apuntan fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Teresa Ribera. El negocio de las redes de transporte y de distribución eléctricas es un negocio regulado, en el que las compañías ejecutan las inversiones en sus infraestructuras con un tope fijado por ley y por las que se les retribuye a través de los peajes de acceso que se cargan en la factura eléctrica.

Actualmente, a Red Eléctrica se le aplica un límite máximo de inversión del 0,065% del PIB (sin contabilizar el coste de las interconexiones internacionales) y el tope para las distribuidoras es del 0,13% del PIB. En total, unos 1.000 millones de tope anual para redes de transporte y unos 2.000 millones para las de distribución. Las grandes eléctricas, que son las que controlan principalmente las redes de distribución, vienen reclamando elevar esos límites de inversión para acelerar el despliegue y modernización de sus redes y, al tiempo, elevar la retribución que perciben.

“Sabemos que este es un momento crítico, en el que se requiere acelerar las inversiones” en redes eléctricas para poder conectar todas las nuevas renovables y también todos los grandes proyectos industriales consumidores de luz, apuntan desde el Ministerio. Pero el Gobierno busca hacerlo de tal manera que el aumento de inversiones en redes retribuidas en la factura no implique un encarecimiento excesivo de la luz para los clientes. “Desde la Secretaría de Estado de Energía se viene trabajando en distintos escenarios para adoptar las medidas más adecuadas”, indican las mismas fuentes.

El Gobierno ha movilizado en los últimos años fondos europeos para financiar mejoras en las redes eléctricas sin que se contabilicen como parte de los límites legales de inversión y evitando que se trasladen al consumidor a través de la factura. El Ejecutivo ha reservado 931 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) para pagar parte de las obras necesarias para una ampliación de las redes y una actualización de la planificación de las infraestructuras de alta tensión, y también ha destinado 525 millones a financiar la digitalización de las redes.

Las grandes eléctricas llevan años reclamando al Gobierno cambios legales para hacer posibles las inversiones milmillonarias necesarias en redes eléctricas, cuya modernización y expansión resultan imprescindibles para integrar el boom de nuevas energías renovables. El Gobierno se ha venido resistiendo a elevar la retribución que perciben las compañías por esas inversiones y que se carga en la factura eléctrica para evitar nuevas subidas, pero ahora se abre a abordar una revisión de esos topes siempre que sirve para acelerar la ampliación y mejora de las redes, y se limite su impacto en los clientes a través del recibo de luz.

Quejas de las eléctricas

El Gobierno se plantea ahora elevar ese límite de las inversiones en redes de transporte (que gestiona Red Eléctrica) y las de distribución (en manos fundamentalmente de grandes grupos como Iberdrola, Endesa o Naturgy) como vía para impulsar su despliegue y digitalización en plena avalancha de nuevas plantas renovables.

Desde Transición Ecológica se manifiesta la sorpresa por la “interpretación” que las grandes eléctricas han dado a unas declaraciones de la secretaria de Estado, Sara Aagesen, y que ha provocado las críticas de las compañías por el temor a que se cerrara la posibilidad de elevar los límites vinculados al PIB de las inversiones en redes.

“Las inversiones en redes para incrementar la demanda no encarecen los peajes de la red eléctrica, sino al contrario. Es como las autopistas, cuantos más coches circulen, menores tendrán que ser los peajes. Además, España cuenta con los fondos europeos para poder impulsar las inversiones en las redes sin tener que encarecer por ello la factura de la luz del consumidor”, manifestó esta semana Marina Serrano, presidenta de la patronal Aelec (que agrupa a Iberdrola, Endesa y EDP). “La falta de desarrollo de las redes de distribución eléctrica en España impide que el consumidor industrial pueda beneficiarse de la reducción de los precios de la electricidad. (…) De no impulsar el desarrollo de la red, corremos el riesgo que toda esta demanda se marche a otros países europeos atraídos por sus fuertes planes de inversión en redes”.