La electrificación tropieza con la burocracia de las ayudas europeas... en España

Lo que debería ser una operación sencilla encaminada a sacar de las calles los vehículos más contaminantes e inseguros se está convirtiendo en un suplicio de quienes, ilusos, creyeron en que era una buena oportunidad. Esta historia es como otras muchas historias que se están repitiendo en nuestro país desde que aparecieran las ayudas europeas cuyo objetivo no es otro quye la descarbonización del transporte.

Septiembre del 2021. El conductor de un ciclomotor de gasolina decide comprarse una moto eléctrica, empujado por las buenas intenciones de concienciación por la movilidad sostenible y por razones también de ahorro. El precio ronda los seis mil euros pero existe una ayuda no menor, de 1.300 euros, si se da de baja el vehículo de gasolina. Todo para fomentar la transición ecológica. 

Empieza el 'vía crucis'

El conductor, feliz, adquiere la moto, que además es de fabricación catalana: Silence. En el concesionario le facilitan las gestiones para rellenar el formulario, exigente, con el que se solicita la ayuda de 1.300 euros. Eso sí, en el concesionario ya le advierten de que el cobro de la ayuda tardará unos meses…

Mayo del 2022. El Institut Català de l’Energia envía al conductor una resolución de “concesión de la subvención correspondiente”. La carta, de lenguaje técnico, incluye los membretes de la UE y del ministerio de Industria y del Plan de Recuperación y Transformación y Resiliencia. El conductor, ingenuamente, cree que en cualquier momento aparecerán los 1.300 euros en su cuenta corriente. 

Nada más lejos de la realidad. Meses después, el conductor llama al Institut Català de l’Energia (ICAEN), no sin grandes dosis de paciencia para acceder a la atención requerida, y descubre que no, que no va a cobrar. Que la resolución le indica que es ahora cuando debe proceder a presentar toda la documentación. Incluidos asuntos tan poco fáciles de hallar como la documentación de la moto antigua, la de gasolina, que está ya desgüazada desde hace meses.

Se le indica que puede tramitarlo todo mediante un Excel pero ya le recomiendan que no, que lo haga presencialmente en las oficinas de la Generalitat. El conductor pide hora. Se desplaza a la Zona Franca con la documentación. Y el sistema informático del Govern ese día decide no funcionar.

Regresa un segundo día. Y por supuesto, falta documentación. La de la moto de gasolina. El conductor se arma de paciencia y tras bucear en la web de la DGT, logra la documentación requerida. Abre un enlace interno en gencat.cat y logra adjuntar la documentación que faltaba. 

Larga espera

El conductor espera. Pasan meses. Periódicamente, el conductor contacta con la Generalitat (no sin antes estar varios minutos al teléfono en espera) y cada vez la respuesta es la misma: hay muchos expedientes. Su caso tardará meses.

Primavera del 2024. El conductor recibe una notificación de la Generalitat. Le comentan que debe rellenar, si no lo ha hecho, una declaración jurada. Se arma nuevamente de paciencia y lo envía todo, no sin perder de nuevo tiempo en la aplicación digital del Govern para poder enviar dicho documento previamente escaneado y firmado. Suerte que está familiarizado con la tecnología digital.

Unos días después, recibe otra notificación del ICAEN. Esperanzado, abre el enlace (usando todos los sistema de autentificación que, cada vez, se requieren para ello) y descubre que…falta documentación. Contacta rápidamente con el ICAEN -tras minutos en espera- y le comentan que debe justificar la subvención recibida…por unas placas solares. ¿Cómo? Él no adquirió ninguna placa solar. Adquirió una moto eléctrica -a la que por otra parte le han robado la batería, con lo cual ahora ni tan solo puede circular con ella- y pide encarecidamente que se resuelva su caso.

Le comentan que ha habido un error, pero que debe presentar de nuevo la documentación sobre la moto de gasolina…que pruebe que estaba a su nombre. Le dicen que es fácil, que solo debe bucear en la DGT. Más dosis de paciencia y envía todo lo requerido, una vez más, a través de la aplicación digital. En este trámite logra milagrosamente hablar con un tramitador del ICAEN que le ofrece un teléfono directo para comunicarse con él sin pasar por una centralita que tarda unos 15 minutos de media en atenderle. Pero el teléfono en cuestión, días después, no está operativo.

El conductor ha cumplimentado todos los requerimientos y le comentan que ahora la comisión de pagos puede tardar “unos dos meses” en que le llegue por fin el dinero a su cuenta de ahorros. Han pasado dos años y medio desde que adquirió la moto eléctrica. Ahora, ciertamente, el conductor no recomendará a nadie que intente cobrar un ayuda por transición ecológica. Y carece de argumentos para contradecir a quien quiera comprarse una moto de gasolina, más barata.

¿La última parada del vía crucis? Pues sí, hay una parada (al menos) más. En lugar de percibir los 1.300 euros prometidos solo recibirá 1.100 euros. Se da la circunstancia de que el 'plus' por el desgüace de la moto de gasolina solo se cobra si la desgüazas después de hacer la factura de la moto eléctrica, y no antes (ni siquiera dos días), algo que evidentemente nuestro atrevido conductor no sabía. Vamos, que ni Mortadelo y Filemón o Pepe Gotera y Otilio ('Chapuzas a domicilio') habrían conseguido perpetrar semejante desbarajuste.

Un Moves que no va

Esta historia, como decimos, es como otras muchas. Hay quien se compró hace dos años un Dacia Spring y todavía espera. Bueno, no es uno, son muchos. El plan Moves tiene muchas brechas y desde la Unión Europea ya se ha dado cuenta. Hasta los propios fabricantes de vehículos lo han visto. Nuestro plan Moves (ahora el III) no es un procedimiento automatizado a través de los concesionarios, lo que complica el acceso a las ayudas.

El propio Luca de Meo, máximo responsable de Renault y presidente de la asociación de fabricantes de automóviles (ACEA) ya ha pedido a los dirigentes políticos que las remesas de ayudas se gestionen directamente desde la Unión Europea y no desde los gobiernos nacionales y autonómicos (ese es el gran problema). Ayudas directas que estimulen el cambio de vehículo, y no laberintos interminables que acaban provocando el cansancio y el desestimiento de los usuarios.