Empleo de falsos autónomos
Trabajo cumple año y medio después su amenaza y lleva a Glovo ante la Fiscalía
La Fiscalía de Barcelona inicia pesquisas para determinar si existe un delito penal por el empleo sistemático de falsos autónomos
Primera multa a Glovo por incumplir la ley Rider, que reserva hasta 400 millones para sanciones
EFE
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El Ministerio de Trabajo ha remitido a la Fiscalía General del Estado un informe en el que recopila una serie de actuaciones de Inspección contra el modelo laboral de Glovo. La empresa de reparto con sede en Barcelona estaría vulnerando la legalidad al emplear de manera sistemática a repartidores como autónomos, cuando estos debieren ser asalariados. La fiscalía provincial de Barcelona ya está estudiando si estos hechos son constitutivos de delito, según ha avanzado 'El País'. Fuentes consultadas por este medio de Glovo afirman no haber recibido ningún tipo de notificación sobre la investigación de Fiscalía.
El departamento liderado por Yolanda Díaz considera que el rechazo reiterado de Glovo, pese a las múltiples actas de Inspección y condenas en los juzgados, a contratar a sus 'riders' "podría ser constitutiva de un delito contra los derechos de los trabajadores". En diciembre del 2022 el Gobierno modificó el código penal para clarificar el empleo sistemático de falsos autónomos como un potencial delito penal, con castigos de cárcel.
Díaz declaró ante los periodistas en septiembre del 2022 su intención de llevar a Glovo ante la fiscalía. Año y medio después ha cumplido con su palabra y ahora este organismo deberá determinar si ve indicios de delito o no en el modus operandi de la empresa de reparto.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció hace meses que iba a instar a la Fiscalía General del Estado a investigar si las empresas de reparto están vulnerando los derechos fundamentales de los trabajadores.
Falta de cotización
La ministra avisó de que aunque la 'ley rider' funciona y la mayoría de las empresas están cumpliendo con sus obligaciones "el peso de la ley" caería sobre aquellas que la incumplan. Díaz se refirió a las sanciones impuestas por la Inspección de Trabajo a Glovo por la falta de cotización de sus empleados, por la vulneración de forma reiterada de la norma y por la obstrucción a la labor inspectora.
"El siguiente paso es la Fiscalía y ver si hay invasión de la esfera penal por la rebelión en que se encuentran algunas de estas empresas en España", dijo la ministra.
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