Juicios

La Fiscalía avala la investigación a tres altos cargos de Costas

La jueza rechaza el recurso de la Abogacía del Estado contra la querella interpuesta por Riu por los hoteles de Fuerteventura 

Imagen del Hotel Tres Islas, de la cadena Riu, en la costa de Corralejo.

Imagen del Hotel Tres Islas, de la cadena Riu, en la costa de Corralejo. / LA PROVINCIA

Rubén Acosta

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El Juzgado de Instrucción número 36 de Madrid investiga la actuación del Ministerio de Transición Ecológica en los expedientes de los hoteles Oliva Beach y Tres Islas, de la cadena Riu, y ha desestimado un recurso de la Abogacía del Estado contra la admisión a trámite de la querella interpuesta por el grupo hotelero, en la que acusa a tres altos cargos del departamento ministerial de un presunto delito de prevaricación. La magistrada titular del juzgado, avalada por la Fiscalía, estima que la demanda presentada por Riu "relata unos hechos que de ser ciertos serían constitutivos de delito", por lo que mantiene la apertura de diligencias y rechaza las alegaciones de la Abogacía del Estado que, no obstante, tiene ahora derecho a apelar ante la Audiencia Provincial de Madrid.

Frente al recurso de reforma de los abogados del Estado, tanto la Fiscalía como Riu y la Plataforma de Defensa del Hotel Tres Islas, que actúa como acusación popular, se opusieron a los argumentos de los representantes del Ministerio y reclamaron a la juez que realice las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados en la querella.

La magistrada María José Ortega Moreno instruye las diligencias contra Ana Oroño Valenciano (directora general de la Costa y el Mar), Ainhoa Pérez Puyol (secretaria general de Dominio Público Marítimo-Terrestre) y Jacobo Martín Fernández (secretario general técnico del Ministerio), que son los tres altos cargos a los que hace alusión la demanda presentada por Riu Hotels.

La directora general del Ministerio, Ana Oroño, es una de las denunciadas por el grupo hotelero

En el auto de admisión a trámite de la denuncia la magistrada considera que "en una primera aproximación indiciaria concurren todos los elementos que, debidamente acreditados por los medios legalmente previstos, podrían integrar el tipo penal", que es el de prevaricación administrativa.

Ante la impugnación presentada por la Abogacía del Estado la jueza cree "ajustada a Derecho" la querella, dando la razón a los argumentos de la Fiscalía. El recurso de reforma defiende la actuación de los tres funcionarios del Ministerio en los expedientes de los hoteles de Corralejo con razones que van al fondo del asunto que se dilucida en la Administración y ahora en la Justicia. Ante ello el auto explica que "la resolución que se combate, precisamente para valorar la solvencia o no del relato de la querella, acuerda, como única diligencia a practicar por el momento, traer a la causa los expedientes que se citan y ello para, tras su análisis y valoración, acordar lo que proceda respecto de la continuación o no del procedimiento". De esta forma, el juzgado solicita los expedientes administrativos para su estudio antes de entrar a valorar si llama o no a declarar a los tres altos cargos.

La cadena hotelera cree "arbitraria" la actuación de estos tres representantes del Ministerio en relación con los expedientes de los hoteles Tres Islas y Oliva Beach por anular las concesiones de ocupación de la zona de dominio público de costa en la que se encuentran los hoteles, supuestamente en contra de los informes de la Abogacía del Estado y basándose en infracciones urbanísticas que habrían prescrito.

La magistrada solicita a Transición los expedientes del Oliva Beach y el Tres Islas

La denuncia se admitió a trámite en febrero y en octubre el Juzgado aprobó la personación como acusación popular de la Plataforma de Defensa del Hotel Tres Islas. Los representantes del Hotel Oliva Beach también tienen intención de solicitar la personación en la instrucción judicial. En ambos casos el abogado que representa al colectivo es Dennis Miranda.

Además del pleito judicial, la situación de los expedientes de los dos establecimientos majoreros están también sujeta a una controversia política desde que la Comunidad Autónoma tiene las competencias transferidas de gestión del litoral el pasado 1 de enero. El Gobierno canario ha advertido con presentar un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional.