Bruselas autoriza 5.610 millones más en ayudas para la industria electrointensiva

La Comisión Europea concluye en su evaluación que el plan español sigue siendo necesario y apropiado

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Silvia Martinez

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La Comisión Europea ha dado este lunes luz verde a España para que utilice otros 5.610 millones de euros para compensar a determinadas empresas que hacen un uso intensivo de energía, por los mayores precios de la electricidad derivados del impacto de los precios del carbono en los costes de la electricidad. Con la nueva dotación el presupuesto total destinado por el Gobierno de Pedro Sánchez, para compensar los costos, asciende a los 8.510 millones de euros.

Bruselas autorizó el plan español para socorrer a la industria intensiva el 16 de marzo de 2022 con una inyección inicial de 2.900 millones destinada a paliar la escalada de los precios y que obligó a numerosas plantas a paralizar la actividad. La idea era compensar a determinadas empresas mediamente un reembolso parcial de los costos de emisiones indirectas incurridos entre 2021 y 2030. La compensación se otorga por los costos de emisiones indirectas incurridos en el año anterior, y el pago final se realizará en 2031.

Pago a proveedores

La ayuda tiene en cuenta el aumento en el precio futuro de los derechos de emisión de CO2. A esto se suma un nuevo requisito de elegibilidad adicional, según el cual los beneficiarios de ayudas superiores a 30.000 euros deberán pagar a sus proveedores en un plazo máximo de 60 días, de conformidad con las normas europeas. La Comisión, según ha explicado en un comunicado, ha evaluado el régimen modificado de acuerdo con las normas sobre ayudas de Estado, y en particular, de acuerdo a las Directrices sobre determinadas medidas de ayuda estatal en el contexto del régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero posteriores a 2021.

Según la conclusión de Bruselas, el plan modificado sigue siendo necesario y apropiado para ayudar a las empresas que consumen mucha energía a hacer frente a los precios más altos de la electricidad y evitar que las empresas se trasladen a países fuera de la UE con políticas climáticas menos ambiciosas, lo que resultaría en un aumento de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Además, el Ejecutivo comunitario también considera que el régimen modificado sigue cumpliendo los requisitos establecidos en las Directrices y que la ayuda concedida sigue limitándose al mínimo necesario y no tendrá efectos negativos indebidos sobre la competencia y el comercio en la UE.