Solidaridad, el sindicato de Vox, registra con defectos formales su huelga contra la amnistía

"Sindicato para la Defensa de la Solidaridad con los Trabajadores de España". Así se registró formalmente en julio del 2020 el sindicato de Vox que clama contra la amnistía y que llama a la huelga general el próximo 24 de noviembre. La central registró a última hora de este pasado martes y con defectos de forma su convocatoria ante el Ministerio de Trabajo, según fuentes consultadas del mismo. Y hasta pasado el mediodía de este miércoles la patronal estatal CEOE no ha podido confirmar a este medio el haber recibido el preaviso de huelga, algo obligatorio por ley en cualquier huelga general.

Desde la autoridad laboral han instado a la central a subsanar los defectos de forma para poder seguir adelante con los paros. Solidaridad, pese a la muy escasa representación sindical que tienen entre los más de 20 millones de ocupados que hay en España, está habilitado legalmente para convocar un paro general. Y lo está, en parte, gracias al precedente judicial que dejaron los paros convocados por el independentismo en los momentos más candentes del procés. 

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Y lo hace con una representación muy minoritaria de delegados electos entre los empleados de todas las empresas de España. En su página web afirma tener unos 250, sobre un total de alrededor de 250.000 en todo el país, es decir, el 0,1% de la representación. En Catalunya, según el registro oficial elaborado por la Generalitat, no tiene ni un solo representante sindical electo. Es decir, el Sindicat Català d'Empleats de Registres de la Propietat, Mercantils i de Bens Mobles o el Sindicato de Salvamento Martítimo, ambos con un delegado sindical electo cada uno, tiene más representación en los centros de trabajo catalanes que Solidaridad.

Durante la pasada legislatura Solidaridad ha apoyado los paros de transportistas convocados en marzo y noviembre del 2022 contra las políticas del Gobierno en este campo. También han participado de protestas impulsadas desde organizaciones agrarias contra la agenda 2030, entre otros.

Precedente independentista

"Ante la nueva traición del Gobierno de España, con la connivencia de la mayor parte de los medios de comunicación, los sindicatos corruptos, la patronal, y el resto de los actores, Solidaridad, como herramienta al servicio de España y de sus trabajadores, solicita todos los apoyos posibles para poder convocar una huelga general", reza el manifiesto publicado en su página web.

“La huelga es ilegal cuando se inicie o se sostenga por motivos políticos o con cualquier otra finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores afectados”, reza un real decreto que desde 1977 regula las relaciones laborales en España. No obstante, y pese a que desde Solidaridad no esconden que sus motivaciones son políticas, fintar esta prohibición es relativamente sencillo, tal como evidenció –y validó el Tribunal Supremo- las huelgas convocadas posteriormente al 1-O por el independentismo catalán.

En su momento la Intersindical-CSC –vinculada históricamente con ERC-, junto a otras centrales como la CGT o COS –más vinculada a la CUP- convocaron varias huelgas generales durante los momentos más candentes del ‘procés’. Fue el caso, por ejemplo, del 3 de octubre del 2017, dos días después del referéndum, o en 2019, para el inicio y final del juicio a los líderes independentistas. Su estrategia consistió en registrar el paro bajo una serie de reivindicaciones eminentemente laborales, como, por ejemplo, la derogación de la reforma laboral del PP. Si bien los cánticos y proclamas que sonaron durante las marchas pocas o ninguna referencias laborales tuvieron. 

En su momento la histórica patronal catalana Foment del Treball llevó ante los tribunales una de esas convocatorias y el Tribunal Supremo acabó fallando a favor de los sindicatos convocantes. Según explican los abogados laboralistas Robert Gutiérrez y Pere Vidal, mientras los argumentos formalmente remitidos a la autoridad laboral sean mayoritariamente laborales, la convocatoria es legal. 

Y la muy escasa implantación de Solidaridad entre los trabajadores no invalida su capacidad para convocarla, ya que, según dejó claro el Supremo en su sentencia, una huelga se puede convocar por una organización sindical con implantación en el ámbito del conflicto por muy reducido que sea el mismo.

Orgánicamente ligado a Vox

Su secretario general es Rodrigo Alonso, que también es portavoz adjunto de Vox en Andalucía. Los sindicatos en España hace un par de décadas que, mayoritariamente, se desvincularon orgánicamente de los partidos políticos. Es decir, sus afiliados son libres de militar en las formaciones que gusten, si bien ninguno de los altos cargos de las centrales con más representación ostenta responsabilidades de relevancia en partidos políticos. 

La UGT, por ejemplo, históricamente ha estado vinculada al PSOE y parte de la plana mayor de su ejecutiva tiene carnet de partido. Si bien ninguno ostenta responsabilidad política dentro del mismo. Fue en 1988 cuando, bajo la batuta de Nicolás Redondo, la UGT reivindicó su autonomía y le montó una huelga general a Felipe González. 

CCOO, por su parte, históricamente ha estado más vinculado al PCE y, posteriormente, a IU y a sus diferentes siglas posteriores. En Catalunya, por ejemplo, los dos últimos secretarios generales de la central han ido en las listas de los ‘comuns’ en el Parlament, si bien ya una vez habían dejado de ser secretarios generales. Si bien, al igual que UGT, reivindican y ejercen el sindicalismo desde su propia autonomía.

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