Hacienda avisa de que los autónomos también deben instaurar este sistema

En su misión por vigilar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los autónomos, la Agencia Tributaria introduce periódicamente nuevas normativas que este colectivo está obligado a conocer para evitar sanciones.

A principios de año se aprobó normativa que regulaba la creación de un canal de denuncias interno, que entró en vigor el 13 de junio y que obliga a todas las empresas de más 250 trabajadores a habilitar un buzón de denuncias anónimo. En él, empleados, proveedores o incluso clientes pueden trasladar a la compañía irregularidades o ilegalidades que hayan detectado.

El texto legal también dictamina que las pymes y los autónomos tienen que disponer de un sistema interno de información, siempre y cuando cumplan con la siguiente condición: tener más de cincuenta trabajadores en plantilla o trabajando por su cuenta. Eso sí, el plazo para que estos lo implementen es hasta el 1 de diciembre de este año.

Características del canal

El canal de denuncias puede ser gestionado desde la misma entidad, aunque el portal de Pimec informa de que las autoridades fiscales contemplan la posibilidad de que en un futuro sea gestionado por un organismo o un tercer externo.

De momento, se debe nombrar a una persona alta directiva de la empresa como "responsable del sistema interno de información". Este canal debe estar abierto no solo a cualquier persona trabajadora de la empresa, sino a clientes, proveedores, incluso a terceros que tengan conocimiento de la comisión de cualquier ilícito penal, laboral o administrativo. De hecho, debe informarse de la disponibilidad del canal en la página web de la empresa.

En ese sentido, el sistema debe ser seguro y garantizar la confidencialidad, impidiendo el acceso de personal no autorizado. Además, de acuerdo con las características de cada compañía, debe integrar los diferentes canales internos que pueden existir en la empresa.

Funcionamiento del canal

Una vez una persona utilice ese canal, recibirá un acuse de recibo de la comunicación en un plazo máximo de 7 días naturales que confirmen la recepción de la información. Tras eso, se prevé un plazo máximo de 3 meses para dar respuesta a las actuaciones de investigación, plazo que puede ampliarse a 3 meses más en casos de especial complejidad.

Lo más importante: se prohíbe cualquier clase de represalia sobre la persona informante (y también existe presunción de inocencia para la protección de las personas afectadas).