El Gobierno deja el 'ok' final a su plan de tener siete cementerios nucleares en España para después del 23J

El Gobierno había venido trabajando en los últimos años en la elaboración del nuevo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR). El Ejecutivo ya cuenta con una versión definitiva de la hoja de ruta de cómo gestionar los desechos, cómo desmantelar las centrales nucleares y cuánto y cómo pagar por todos los trabajos durante las próximas décadas. Pero la aprobación final del plan, cuyo último visto bueno formal se esperaba por el sector como inminente, no llegará hasta después de las elecciones generales del próximo 23J.

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha confirmado que la tramitación total del futuro PGRR está prácticamente completada, pero ha situado el 'ok' final por parte del Gobierno más allá de los comicios de finales de julio. “Tenemos que adoptar medidas más relevantes a corto plazo y ese Plan de Residuos tendremos que abordarlo probablemente después de las elecciones”, ha indicado en declaraciones a la prensa antes de intervenir en el congreso anual de la Asociación Empresarial Eólica (AEE).

El 23J abre la batalla política por tener en España siete cementerios nucleares o sólo uno

El Gobierno sortea así el debate durante la campaña electoral sobre la construcción de cementerios nucleares por España. El plan del Ejecutivo de Pedro Sánchez pasa por construir siete almacenes diferentes para guardar la basura radiactiva, uno en cada una de las plantas nucleares españolas.

La intención es mantener en cada central los residuos nucleares después de su cierre, cuya clausura escalonada está programada entre 2027 y 2035. Allí permanecerán los desechos durante décadas, hasta que se construya un almacén geológico profundo (AGP) con el objetivo de que esté operativo en 2073 y que guarde para siempre los residuos.

Tras mantener abiertas durante meses ambas opciones, el Ejecutivo socialista finalmente descartó construir un sólo cementerio nuclear para guardar los desechos y apuesta por tener siete almacenes diferentes. Por el contrario, el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo no sólo defiende revisar aplazar el calendario de cierres de las centrales nucleares entre 2027 y 2035 pactado con las eléctricas, también respalda explícitamente la opción de un único almacén y resucitar el proyecto de construirlo en Villar de Cañas, en Cuenca.

El caso Villar de Cañas

Apenas un mes después de la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa tras la moción de censura de 2018, el recién estrenado Ejecutivo paralizó toda la tramitación referente a la construcción de un almacén temporal centralizado (ATC) en Villar de Cañas e instó al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a suspender temporalmente el estudio del proyecto por las dudas de los técnicos sobre la calidad de los terrenos y el rechazo de la Administración regional.

El Partido Popular ha defendido en los últimos meses la reactivación del proyecto de Villar de Cañas en el Congreso de los Diputados, lo incluyó también como una de las medidas de su propuesta programática para hacer frente a la crisis energética y lo ha defendido su candidato a alcalde del pueblo conquense en la última campaña electoral de los comicios del 28M (que ha resultado ganador).

Desde el Ministerio para la Transición Ecológica se ha venido alegando que la “falta de consenso social, político e institucional” demostrada durante el periodo de alegaciones del borrador del nuevo Plan General de Residuos Radiactivos hizo “inviable” la opción de un único almacén centralizado. Desde el sector nuclear se reconoce que se debe a que ninguna comunidad autónoma respaldaba la posibilidad de acoger el cementerio nuclear en su territorio, a pesar del interés de algunos ayuntamientos.

De hecho, la Junta de Castilla-La Mancha, encabezada por el socialista Emiliano García Page (recién reelegido con mayoría absoluta en las últimas elecciones autonómicas), ha mostrado durante años de manera insistente y por todo los medios -con reformas legislativas, en los tribunales...- su rechazo frontal a la construcción del cementerio nuclear en Villar de Cañas. La elección del municipio conquense para acoger el ATC fue aprobada en 2011 por el Gobierno de Mariano Rajoy, con el respaldo por la Junta regional entonces encabezada por la también popular María Dolores de Cospedal.

El plan y las eléctricas

El plan del Gobierno actual de construir siete cementerios nucleares es la opción que más rechazo genera entre las propias compañías eléctricas que explotan las centrales, por ser la alternativa más cara (2.100 millones de euros más que hacer un único almacén) y por condenar los actuales emplazamientos de las plantas nucleares a guardar esos residuos durante décadas y sin que se puedan desarrollar otros proyectos industriales en los terrenos tras la clausura y desmantelamiento de las centrales.

Desde la patronal de las nucleares -en la que se integran Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP- ya se ha advertido de su oposición a asumir el sobrecoste milmillonario que implicará tener siete almacenes y las instalaciones aledañas necesarias para garantizar su seguridad y el tratamiento de los residuos. Lo que les preocupa especialmente a las eléctricas, según confirman fuentes del sector nuclear, es que las previsiones de lo que aún queda por pagar hasta el año 2100 para gestionar los residuos nucleares -19.200 millones al optar por los siete silos temporales- implican un sobrecoste inesperado 2.000 millones a precios constantes en relación con el anterior borrador que conllevaría un aumento de las tasas que pagan las centrales para financiar la gestión de los residuos.

Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP culpan de estos sobrecostes al enorme retraso que acumuló el antiguo proyecto de construcción de un almacén temporal centralizado en Villar de Cañas por falta de consenso político, y por eso se niegan a asumirlos. La propuesta de las grandes eléctricas incluida en su informe de alegaciones al borrador de PGRR es considerar esos importes adicionales como costes del sistema eléctrico y cargarlos a la tarifa eléctrica que pagan todos los consumidores.