Operación empresarial
Hacienda inspeccionará si existen motivos económicos que justifiquen el traslado de Ferrovial a Países Bajos
Ferrovial: última hora de la junta de accionistas, en directo
La directora de la Agencia Tributaria explica que la comprobación de las grandes operaciones de fusión es rutinaria
Rosa María Sánchez
Redactora jefe
Premio Carlos Humanes de Periodismo Económico 2020. Máster Universitario en Investigación en Periodismo por la Universidad Complutense, en 2023. Profesora en el Título de Postgrado Especialista en Información Económica de la Universidad Nebrija. Colaboradora en RNE.
La Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) comprobará "cuando toque" la operación de fusión que ha diseñado Ferrovial para el traslado de su sede de España a Países Bajos, según ha apuntado este martes la directora general de la AEAT, Soledad Fernández. Si la junta de accionistas de Ferrovial aprueba este jueves el traslado de la sede propuesto por el consejo de administración de la multinacional y si, según lo previsto por la compañía, la tributación de la operación se acoge al régimen especial de fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje de valores (FEAC) del impuesto de sociedades, la Agencia Tributaria realizará la comprobación habitual para este tipo de casos, ha explicado Fernández.
"Es una operación FEAC como otras muchas. La inspección comprueba cuando corresponde estas operaciones, cuando toca, para ver si existe un motivo económico válido que sea el fondo de la operación. Si el motivo exclusivamente fuera de tipo fiscal, sí habría consecuencias, pero como en cualquier otra operación", ha respondido Soledad Fernández en la rueda de prensa convocada para presentar la campaña de la declaración de la renta correspondiente a 2022.
De momento, el Ministerio de Economía ha hecho llegar este lunes una carta a los directivos de Ferrovial advirtiendo de que "no existen motivos económicos" que justifiquen el traslado de la sede de la multinacional de Madrid a Ámsterdam. Pero la directora de la AEAT ha dicho que "lógicamente, la Agencia Tributaria no recibe ningún tipo de indicación del Gobierno. Jamás ha sido así. Por la prensa nos hemos enterado de que Economía se ha dirigido por carta a Ferrovial".
Fernández ha explicado que, habitualmente, la Inspección de la AEAT incluye en sus planes anuales un determinado número de operaciones FEAC sobre las que centrar su comprobación, en función del riesgo fiscal existente. "Son comprobaciones largas, de uno o dos años, y costosas, sobre las que es imposible anticipar cantidades", ha añadido, si bien ha admitido que "lógicamente este tipo de regularizaciones siempre va acompañado de importes elevados".
Ferrovial no lo comparte
Por su parte, el portavoz de Ferrovial, Francisco Polo, ha insistido en que "no hay ninguna razón fiscal" en el traslado de la firma a Ámsterdam, que desde el punto de vista tributario es "absolutamente neutro" para la compañía. En una entrevista en 'Onda Cero', el directivo también ha asegurado que la empresa "no comparte" la afirmación del Ministerio de Economía de que no existen motivos económicos para el cambio de sede: "Las razones económicas son sobradas y conocidas". Así, ha defendido que "hoy en día, aquí y ahora, no es factible la doble cotización" en España y Estados Unidos, ya que existe el escollo "insalvable" de que las sociedades encargadas del registro y liquidación de las operaciones con acciones de ambos países "no se entienden".
Asimismo, el fondo soberano de Noruega, Norges Bank IM, ha anunciado que votará en contra del traslado. El instrumento con que el Estado invierte los ingresos del petróleo y gas del país ha justificado su decisión en que la operación "no maximiza" los rendimientos para los accionistas de Ferrovial. Su posición mete presión a la cúpula de la compañía española. El fondo escandinavo tiene un 1,5% de Ferrovial, valorado en unos 300 millones de euros. Si más del 2,56% de los accionistas reclaman su derecho a salir del capital de la empresa, el traslado podría estar en peligro. Ferrovial ha guardado 500 millones de euros para hacer frente a estas reclamaciones, pero ese dinero no sería suficiente si más del 2,56% de los accionistas piden la devolución de su inversión.
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