Sistema público

Reforma de las pensiones en España y Francia: en qué se parecen y en qué se diferencian

Las huelgas y manifestaciones contra Macron contrastan con la paz social y el apoyo sindical que tiene la reforma del Gobierno

Reforma de las pensiones en España y Francia: en qué se parecen y en qué se diferencian

Gabriel Ubieto

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Una calle encendida, con huelgas y manifestaciones que aglutinan a millones de personas en Francia contrastan con la paz social con la que el Gobierno de Pedro Sánchez acaba de cerrar su reforma de las pensiones. La cara y la cruz de un mismo debate: ¿Cómo hacer sostenible el sistema público ante la inminente jubilación de los 'baby boomers'? A esa pregunta España y Francia llegan desde posiciones muy distintas. Y es que el estallido de ira que sufre Emmanuel Macron estos días no es muy diferente -tal vez sí más efusivo- que el que vivió Mariano Rajoy en el 2013, cuando recortó a futuro las pensiones.

Y es que Francia transita estos días caminos por los que España hace días que pasó y restringe derechos a sus pensionistas -en aras de la sostenibilidad colectiva del sistema- que España hace días que restringió. Las condiciones de jubilación de los franceses son más favorables que la de los españoles y ello se nota en los recursos que debe destinar cada uno de los estados para sostener su sistema público. El francés invierte un 14,5% de su PIB, frente al 12% de España.

Partiendo de esas diferencias históricas, la reforma francesa está causando una revuelta social porque principalmente impone unas condiciones más restrictivas a los trabajadores para jubilarse. Macron pretende elevar la edad legal de jubilación y exige más años trabajados, algo especialmente sensible para los trabajadores. Dos cuestiones que la reforma española no toca, en tanto que se centra principalmente en aumentar los costes laborales que deben asumir las empresas (y en menor medida los trabajadores) para generar más ingresos y alimentar la hucha de las pensiones.

¿Qué cambia en Francia?

Trabajar más años

Macron ha abierto un melón que hacía años que ningún presidente francés tocaba. Desde Nicolas Sarkozy que no se aumentaba la edad legal de jubilación. Entonces los franceses se jubilaban a los 60 años y pasaron a jubilarse a los 62. Ahora Macron acaba de alargar dicha edad hasta los 64 años, con un aumento progresivo durante lo que queda de década. Lo que perjudica especialmente a aquellas personas que empezaron a trabajar de más jóvenes. En España la edad legal para retirarse son los 66 años y seis meses y en los próximos años seguirá subiendo hasta estabilizarse a los 67 años

Esa jubilación a los 67 años es herencia del último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que en 2011 logró pactar con sindicatos y patronal elevar ese umbral de retiro. Frente a ese consenso español, Macron se ha encontrado unos sindicatos contrarios a sus tesis y que están plantándole batalla en las calles para tratar de obligarle a renunciar a su reforma.

La recién aprobada reforma española sí bien no ha tocado la edad legal de jubilación, sí ha modificado las condiciones para que los españoles alarguen su vida laboral. Pero no vía obligación, sino penalizaciones e incentivos. La idea del actual Gobierno es minimizar las prejubilaciones y por ello ha reducido las pensiones de quienes voluntariamente se prejubilen y ha mejorado las de aquellos que decidan trabajar más años.

Más años para cobrar el 100% de pensión

Otro elemento que introduce Francia con su reforma es exigir más años cotizados para poder cobrar la pensión íntegra. Antes se exigían 41 años y ahora se exigirán 43 años. En España la exigencia actual es de 37 años y nueve meses e irá subiendo hasta llegar a los 38 años y seis meses. En este sentido y a diferencia con la edad legal de jubilación, las condiciones aquí son menos lesivas para los españoles.

¿Qué cambia en España?

Pensiones según el IPC

La parte que más directamente han notado los pensionistas este año de la reciente reforma de las pensiones es que estas se actualizan cada ejercicio según la evolución del IPC. Algo que en un contexto como el actual, con una espiral de precios desatada, ha provocado que el Estado suba las pensiones un 8,5%. Esta actualización automática mejora las condiciones anteriores, que limitaban las subidas y las dejaban al criterio del Gobierno de turno, y blinda el poder adquisitivo de los pensionistas. Estos saben que cada año sus pensiones subirán como los precios, ni más ni menos.

Esta garantía que recuperan los españoles con la recién aprobada reforma ya la tenían en Francia desde años. Francia no ha discutido en sus últimas reestructuraciones que todas las prestaciones debían actualizarse en función del IPC promedio de cada año y la reforma de Macron tampoco ha entrado a tocar este punto. 

Mismos años para calcular la pensión

Uno de los principales elementos que ha cambiado con la reforma diseñada por el ministro José Luis Escrivá es el periodo de cómputo. Es decir, los años cotizados por un trabajador que luego tendrá en cuenta la Seguridad Social para calcular el importe de su pensión. Existe consenso entre los economistas que a más años tenidos en cuenta, peor pensión le queda a los jubilados. Y es que habitualmente los últimos años de vida laboral son los que mejor se cobran, ya que se acumula más antigüedad y es más normal tener un mayor rango que cuando se empieza a trabajar.

Inicialmente el ministro Escrivá sondeó la posibilidad de aumentar el periodo de cómputo, para así reducir el gasto que el Estado tendría que pagar en prestaciones futuras. Finalmente los equilibrios internos y con los agentes sociales han provocado que el resultado de su reforma no sea lesivo para los trabajadores. Antes de su reforma se tenían en cuenta los últimos 25 años cotizados y después de la misma se deja escoger al trabajador entre los últimos 25 años o los últimos 29 años, con posibilidad de descartar los peores dos años. En Francia también tienen en cuenta -en el sector privado- los últimos 25 años cotizados.

Más impuestos para empresas y trabajadores

Eminentemente la 'reforma Escrivá' se centra en llevar más dinero a la hucha de las pensiones obligando a empresas y, en menor medida, trabajadores a aportar más durante su vida laboral. Lo que técnicamente se conoce como una subida de las cotizaciones sociales, el Gobierno se refiere como criterios de solidaridad intergeneracional y sus detractores como un nuevo impuesto al trabajo.

Estos mayor costes deberán asumirlos los trabajadores y, con mucha más intensidad, para las empresas. Este año ha entrado en vigor el conocido como Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que es una contribución extra que a un trabajador que cobra 2.000 euros brutos al mes le cuesta 20 euros más de salario. Y en los próximos años le costará 40 euros cada mes. El coste para la empresa es cinco veces más elevado.

Y también suben los costes de las compañías que tengan contratados empleados que cobren más de 4.500 euros brutos al mes. La subida de bases máximas y un recargo especial para la parte de salario que no cotiza provocarán que, a partir del 2025, les suban los costes para pagar nóminas a las empresas.