Cinco años después

Empresas catalanas: las que se fueron y se quedaron

La normalización de la vida política catalana genera esperanzas del retorno de algunas empresas catalanas que se fueron durante el 'procés'.

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Martí Saballs Pons

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El grupo textil y de moda Mango mantiene su sede fiscal en Palau Solità i Plegamans; el grupo de perfumería, también de moda, Puig, en l’Hospitalet de Llobregat; las empresas de alimentación BonÀrea y Vall Companys en Guissona y Lleida; el grupo de sanitarios y hogar Roca en Barcelona; la cadena de supermercados Bon Preu y la empresa de cobre y metal La Farga en Les Masies de Voltregà; el fabricante de pizzas Tarradellas en Gurb; Costa Brava Mediterranean Foods en Girona; la siderúrgica Celsa en Castellbisbal... La gran mayoría de estas empresas familiares facturan más de mil millones de euros anuales y son líderes en sus sectores.  

En pleno quinto aniversario de los hechos de octubre de 2017 en Catalunya se suceden los análisis sobre el estado de la empresa catalana, de las 7.200 que decidieron abandonar la sede fiscal en la comunidad; pero, se habla poco de las 622.000 inscritas en los registros mercantiles en 2022. “Nunca, ni antes ni ahora, se puso sobre la mesa la opción de salir de Cataluña por parte de la familia propietaria”, comentan desde una de estas compañías.

En la memoria, la decisión de Banco Sabadell y CaixaBank de abandonar su sede fiscal en la comunidad el 5 y 6 de octubre de aquel año para trasladarse a Alicante y Valencia respectivamente. La decisión abrió las puertas a la salida de hasta 1.800 empresas a lo largo de aquel mes, según el Colegio de Registradores Mercantiles. ¿Las razones? Como señalaba Jaume Guardiola, ex consejero delegado del Sabadell y hoy presidente del Cercle d’ Economia, en un encuentro organizado por El Periódico: “Los bancos vivieron una corrida -fuga de dinero- hasta el punto de que vimos que si los clientes seguían retirando dinero tendríamos que pedir ayuda.” Previamente, el 4 de octubre, la primera empresa cotizada que anunció su salida fue la biotecnológica Oryzon Genomics, presidida por Carlos Buesa, y que hoy tiene una capitalización de 120 millones de euros.

Josep Sánchez-Llibre, vicepresidente de Conservas Dani y presidente de la patronal catalana Foment del Treball, recuerda aquellos momentos como “muy difíciles” para el empresariado catalán. Muchas grandes empresas familiares en sectores muy dirigidos al consumidor final analizaron la posibilidad de marcharse por miedo a perder mercado en el resto de España. Incluso, a pesar de que en la gran mayoría de los casos sus propietarios nunca habían manifestado sus posicionamientos políticos. Las palabras de José Luis Bonet, por entonces presidente de Freixenet, mostraron otro ángulo: “Nunca temimos la posibilidad de que se declarara la independencia. El Estado lo impediría.” Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España fue uno de los empresarios que siempre habían realizado declaraciones muy vehementes contra el procés.

Del Ibex 35, junto a Sabadell y Caixa, fueron otras tres las empresas que tenían su sede fiscal en Cataluña que abandonaron la comunidad: Inmobiliaria Colonial, Naturgy y Cellnex. Sin embargo, dos empresas del Ibex 35 mantuvieron su sede. La empresa de hemoderivados Grifols -aunque esta mantenga una compleja estructura societaria por sus negocios internacionales con parte de la sede fiscal en Irlanda-, controlada por esa familia, y el fabricante de piscinas Fluidra, controlada por sus cuatro familias fundadoras, de origen Sabadell.

El miedo a la inseguridad jurídica, a perder depósitos en el caso de los bancos o mercado en el caso de otras empresas, fueron los argumentos para irse. El impuesto de sociedades es el mismo en todos los lugares y solo la posibilidad de cambio de residencia de la alta dirección de las empresas afectadas podría variar los impuestos a título personal: desde al patrimonio al tramo autonómico. ¿Otra consecuencia directa?Que, lentamente, la sede operativa y de toma de decisiones esté migrando.

¿Volverán algunas de estas empresas? Nadie se atreve a hacer predicciones. El deseo se confunde con la realidad. Sánchez-Llibre manifiesta: «al menos, hemos parado la sangría de que se fueran. Desde la marcha de Quim Torra como president de la Generalitat hay más estabilidad. Falta tener la seguridad por parte del independentismo de que no habrá más Declaraciones Unilaterales de Independencia.» 

Guardiola, desde el Cercle, dice que trabajará para que las empresas que se fueron retornen. También es la intención en Foment y otras instituciones, incluyendo académicos a título personal. Existen conversaciones puntuales, improvisadas, aunque en algunos bufetes se afirma que aún no hay peticiones formales. «Ahora que Junts se ha acabado tal como se conocía, se podrán empezar a replantear algunos regresos», señalan fuentes de empresas que marcharon. Dice Antoni Cañete, presidente de la patronal Pimec: «Deseamos que la cabeza de las empresas que se fueron vuelvan a unirse a sus cuerpo. Espero que a lo largo de 2023 empiecen a producirse regresos.» El contexto político catalán, con un nuevo Govern en marcha, y español seguirá definiendo estas decisiones. Prisa, por ahora, no hay. 

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