Empleo público

Funcionarios: El Gobierno acaricia un acuerdo parcial con subida salarial del 7,5% hasta 2024

  • CCOO y UGT dan prácticamente por cerradas las negociaciones, mientras Csif califica de "insuficientes" las últimas condiciones

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y la ministra de Hacienda María Jesús Montero, durante la sesión plenaria de este jueves en el Congreso de los Diputados en Madrid

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y la ministra de Hacienda María Jesús Montero, durante la sesión plenaria de este jueves en el Congreso de los Diputados en Madrid / FERNANDO VILLAR/EFE

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Gabriel Ubieto
Gabriel Ubieto

Redactor

Especialista en Mercado laboral, empresas, pensiones y las diferentes derivadas del mundo del trabajo

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El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha mejorado su oferta de incrementos salariales para los funcionarios de cara a los próximos años. Los negociadores de la ministra María Jesús Montero han planteado subidas del 7,5% hasta 2024, frente al 6% que puso un día antes encima de la mesa, tal como han trasladado este jueves por la tarde a los sindicatos. Tras más de cuatro horas de conversaciones, el Ejecutivo acaricia un acuerdo con dos de las tres centrales sentadas a la mesa. CCOO y UGT tienden al 'sí', mientras Csif califica de "insuficientes" las últimas condiciones. El lunes vuelven a verse las caras Hacienda y las centrales en la que está prevista sea la última reunión, donde las últimas decidirán si dan apoyo o no a la oferta. Acabe con pacto (o no) -el Gobierno tiene potestad para sacarla adelante unilateralmente- afectará directamente a 3,4 millones de empleados públicos.

El reparto de la última oferta planteada desde Hacienda es la siguiente. Incremento retroactivo del 1,5% adicional para este año, en el que los sueldos ya han subido un 2%. Ese punto y medio extra se abonaría en una 'paga extra' a final de año. En 2023 subirán un 2,5% fijo, más otro punto variable (es decir, hasta el 3,5%). Ese punto variable dependerá de si el IPC acumulado entre el 2022 y el 2023 supera el 6% y el PIB supera el 5,9%. Y para el 2024 la subida sería del 2%, más otro medio punto en variables (es decir, hasta el 2,5%). Ese medio punto dependerá de si el IPC acumulado de 2022, 2023 y 2024 supera el 8%. Las opiniones entre las centrales negociadoras son divergentes. En global la subida salarial según estas condiciones sería del 7,5% acumulado hasta el 2024. Que también podría leerse como del 9,5%, si se tiene en cuenta el 2% que ya rige para este año y llevan cobrándolo los empleados públicos desde el 1 de enero.

Preacuerdo parcial

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Fuentes presentes en las negociaciones tanto de UGT como de CCOO dan por buenas las últimas condiciones -pese a que públicamente afirman que el Gobierno tiene margen para más- y confían en que sus respectivos órganos de gobierno, que se reunirán este viernes, les den el 'ok' definitivo. Por su parte, desde Csif han aplaudido la mejora respecto a la primera oferta, pero reiteran en que las últimas condiciones les son "insuficientes" y apretarán el lunes para conseguir más mejoras o se descolgarán del acuerdo. Fuentes sindicales consultadas afirman que la intención del Ejecutivo es llevar el pacto al Consejo de Ministros del próximo martes.

Condiciones salariales a parte, las centrales han apretado para lograr mejoras en cuestiones de horario y cobertura en caso de bajas. La propuesta de reducir la semana laboral a 35 horas sigue siendo prioridad para ellos, especialmente dado que los planteamientos de Hacienda implican una segura pérdida de poder adquisitivo para los empleados públicos. Ya que este 2022 el incremento salarial quedará en el 3,5%, frente a una inflación que está previsto que cierre en el 8%, según estimaciones como las de Funcas. Otras dos bazas importantes son blindar que en todas las administraciones se remunere el 100% del salario desde el primer día en caso de incapacidad temporal. Esto es algo que muchas instituciones ya contemplan, pero no todas. Y recuperar mecanismos para que los empleados públicos puedan acceder a la jubilación parcial.