Patronal

La CEOE pide no subir las pensiones este año según el IPC para "evitar la ruina" del Estado

Garamendi aboga por un nuevo factor de sostenibilidad, 10 meses después de aprobar la derogación del mecanismo del PP

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en una imagen de archivo.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en una imagen de archivo. / Cézaro De Luca - Europa Press

Gabriel Ubieto

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Diez meses después de firmar en los jardines de Moncloa con Pedro Sánchez la derogación de la reforma de pensiones del PP, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha pedido un "nuevo factor de sostenibilidad" para "evitar la ruina" del sistema público de prestaciones. El líder de la gran patronal ha considerado que si las pensiones suben este año al mismo nivel que el IPC -tal como quedó acordado en la 'reforma Escrivá'- ello puede poner en riesgo la viabilidad de las arcas públicas y por ello ha abogado por consensuar un mecanismo que module los incrementos y estos no queden directamente indexados al IPC. "Cualquier desfase en las pensiones ponemos hablar hasta 15.000 millones de euros de más que iría al déficit del Estado. [...] Hay que ir con cuidado", ha declarado este viernes en un acto en Barcelona.

Uno de los puntales de la reforma de pensiones de Mariano Rajoy que quedó derogado con el reciente pacto fue el denominado factor de sostenibilidad. Este introducía el principio de que adaptar la cuantía de la prestación en función de la esperanza de vida existente, lo que implicaba que a más tiempo vivían los jubilados, menor pensión cobrarían. El objetivo del PP con este mecanismo era contener el creciente gasto para las arcas públicas que el envejecimiento de la población y el inminente retiro de la generación de los 'baby boomers' promete acarrear.

El potente rechazo social que ello provocó obligó al PP a posponer su entrada en vigor y nunca llegó a aplicar, pues antes el pacto firmado en julio del 2021 entre el Gobierno de coalición, CEOE, CCOO y UGT suprimió este supuesto. Otro elemento que contenía dicho pacto es la revalorización automática de las pensiones. Es decir, estas suben ahora cada año en función del IPC medio del año anterior y sin que el Gobierno deba aprobar o pactar nada, con la intención de 'despolitizar' la actualización de prestaciones y conferir seguridad jurídica a los pensionistas. Es por eso que desde este enero las prestaciones y subsidios quedaron incrementados en el 2,5%. Actualmente España destina el 12% de su PIB a abonar pensiones contributivas, a beneficio de 9,9 millones de personas en todo el país.

Según unas recientes estimaciones publicadas por Fedea, subir a partir del año que viene las pensiones en función del IPC elevaría el gasto público total en pensiones hasta los 188.500 millones de euros. Lo que representaría el 14% del PIB, dos puntos de PIB por encima del nivel actual. Ello teniendo en cuenta que la inflación este año acabe por encima del 6%. El FMI prevé, en su último cálculo, que el IPC cerrará el año en una media del 5,3%.

Escrivá y los sindicatos rechazan tocar nada

El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luís Escrivá, fue preguntado hace unas semanas sobre si con la actual inflación se planteaba algún tipo de medida coyuntural para evitar un incremento brusco del gasto en pensiones y descartó rotundamente cualquier cambio. Para compensar el gasto creciente en pensiones y sustituir al factor de sostenibilidad del PP, Escrivá pactó a finales del 2021 solo con los sindicatos, pues la patronal se desmarcó, un incremento temporal durante 10 años de 0,6 puntos de las cotizaciones sociales (aquellas que pagan trabajadores y empresa en la nómina). Un sobrecoste que asumirán principalmente los empresarios, que entrará en vigor a partir del año que viene y que no gusta nada entre la bancada de CEOE.