Plataformas digitales

UberEats amenaza con volver a repartir con autónomos ante la competencia de Glovo

  • La multinacional critica a Yolanda Díaz y le insta a perseguir el presunto fraude del modelo laboral de Glovo

Un repartidor de UberEats espera un pedido en su motocicleta.

Un repartidor de UberEats espera un pedido en su motocicleta. / José Luís Roca (El Periódico)

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Gabriel Ubieto
Gabriel Ubieto

Redactor

Especialista en Mercado laboral, empresas, pensiones y las diferentes derivadas del mundo del trabajo

Escribe desde Barcelona

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Casi siete meses después de la entrada en vigor de la 'ley Rider', el sector del delivery ha dado un giro de 180 grados a su modelo laboral. ¿Todo? Todo no. La principal empresa del sector, Glovo, ha seguido operando con una parte mayoritaria de su flota como ‘riders’ autónomos, lo que le supone menores costes que si les contratará como asalariados. Lo que sí hacen el resto de firmas del sector, ya sea a través de subcontratas o bien directamente. “¿Debemos seguir el ejemplo de Glovo y trabajar con autónomos para poder competir en igualdad de condiciones?”, le pregunta la directora general de Uber Eats en España, Courtney Tims, a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en una carta a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

Uno de las normativas estrella de la ministra de Trabajo en esta legislatura –además de la reciente reforma laboral o la ley del teletrabajo- fue la conocida como ‘ley rider’. Esta, de apenas dos folios de desarrollo normativo, introduce la presunción de laboralidad para los repartidores a domicilio de las plataformas digitales. Es decir, los 'riders' deben ser asalariados a menos que las empresas que les contraten puedan demostrar que reúnen todas las características de un trabajador por cuenta propia. La normativa se ideó para aumentar la protección social de los repartidores en un sector totalmente desregulado en lo laboral y  viene a aplicar la jurisprudencia existente hasta la fecha, que indica que todas las ‘apps’ operaban con falsos autónomos

“Hicimos un gran esfuerzo para adaptarnos a la Ley Rider en un tiempo récord”, le recuerdan desde UberEats a Díaz. Cumplir con la normativa implica un aumento de costes para las compañías. Algunas hicieron números y valoraron que no les salía a cuenta cumplirla, como es el caso de Deliveroo, que cesó sus operaciones antes de que aplicara la norma. Y otros, como Glovo, se han mantenido firmes en su modelo y siguen operando con autónomos, pese a que se exponen a seguir sumando millonarias sanciones por parte de Inspección de Trabajo. Uber Eats, por su parte, desconectó de la aplicación a sus 3.000 repartidores el día antes de la entrada en vigor de la norma.

Guerra por la hegemonía del ‘delivery’

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No obstante, los ritmos de la actuación inspectora –que todavía no se ha pronunciado sobre el actual operativo de Glovo- no son los vertiginosos de las plataformas y mientras tanto la firma de las mochilas amarillas gana cuota de mercado a expensas de sus competidores, según denuncia UberEats en su misiva. Por un lado, las empresas a las que firmas como UberEats o Stuart subcontratan el reparto “cada día les cuesta más encontrar repartidores para atender la creciente demanda de comida a domicilio”, según denuncian desde la primera. Pues Glovo ofrece mayores ingresos a corto plazo a los repartidores como autónomos. Y esa falta de ‘riders’ se traduce en que a los restaurantes que reparten con el resto de aplicaciones se les acumulan los pedidos y al cliente le tarda más en llegar la comida. 

Una combinación que hunde los ingresos del resto de compañías, como es el caso de UberEats, que ve con buenos ojos volver al modelo de autónomos, en tanto que le permite flotas más grandes y asumir menores responsabilidades para con sus ‘riders’. “Vemos con impotencia cómo el Gobierno no ha conseguido hacer cumplir la Ley Rider. Y cómo la situación de desventaja de todas las empresas que sí la cumplimos empeora cada día”. Los costes operativos de abandonar el modelo de flotas y regresar al de autónomos serían muy elevados, dados los contratos firmados con las firmas subcontratadas y la exposición a posibles futuras sanciones. No obstante, Uber Eats amenaza públicamente con dicha posibilidad para presionar al Gobierno y forzarle a actuar contra su principal competidor, en una guerra abierta por la hegemonía de uno de los mercados que más han crecido en los últimos años en España. En 2020, la facturación de las plataformas de delivery aumentó un 193% hasta alcanzar los 1.770 millones de euros, según un informe de la patronal Adigital.