Francia sienta en el banquillo a Deliveroo y su modelo de los falsos autónomos

El primer juicio penal contra la “uberización” de la economía en Francia. Deliveroo y tres exdirectivos de la multinacional británica se sentaron este martes en el banquillo de los acusados del Tribunal Correccional de París. Hasta el 16 de marzo serán juzgados por el “trabajo camuflado” de sus repartidores de comida a los que obligaban a trabajar como autónomos, aunque disponían de exigencias laborales parecidas a las de los asalariados. Sin duda, es un proceso judicial seguido de cerca por todas aquellas empresas, como Uber, Glovo u otras, que abusan del estatuto de los autónomos para evitar pagar a sus trabajadores las cotizaciones sociales, las vacaciones o darles derecho al paro.

Según la fiscalía, que coordinó la investigación originada por un contundente informa de la inspección laboral, resulta una evidencia “el vínculo de subordinación” entre Deliveroo y sus trabajadores. La plataforma de repartición de comida “recurrió a miles de trabajadores bajo un pretexto estatuto de autónomos a través de contratos comerciales, a pesar de que estaban sometidos a un vínculo de subordinación jurídico permanente”, afirma el auto. En el proceso se juzgará el funcionamiento de la empresa entre 2015 y 2017. Un centenar de repartidores se han presentado como partes civiles.

Horarios fijos y sanciones por rechazar un pedido

Creada en 2013 en Reino Unido, Deliveroo desembarcó en Francia dos años después. Pese a presentarse como una empresa de “economía colaborativa” y que solo ponía en contacto a restaurantes con repartidores, en sus primeros años desarrolló un estricto modelo laboral. Se presionaba a los repartidores para que llevaran el uniforme azul turquesa del grupo, se sacaran el casco y la mochila delante de los clientes y esperaran 15 minutos delante de cada domicilio. También debían respetar los horarios fijados con tres días de antelación. Si rechazaban un pedido, los sancionaban. Incluso determinaban el momento del día en que debían trabajar en función de su rendimiento, calculado a través de la geolocalización.

A pesar de todas estas restricciones, eran considerados como autónomos. De esta forma, Deliveroo, que cotiza en bolsa y que en 2021 registró hasta 300 millones de pedidos en el mundo, se ahorró 6,4 millones de cotizaciones sociales en 2015 y 2016 en Francia, según el informe de la inspección laboral gala, desvelado por el diario digital Mediapart. Entonces, contaba con 2.200 repartidores, actualmente dispone de 22.000 en el país vecino, tras el auge de los pedidos a domicilio con la pandemia.

Advertencia a las empresas “que abusan de los autónomos”

“Hoy, es el juicio de Deliveroo, pero se trata sobre todo de una advertencia a todas aquellas empresas que funcionan con el mismo principio y abusan del estatuto de autónomo”, aseguró a la AFP el abogado Kevin Mention, que representa a 70 repartidores. “Deliveroo trabaja con repartidores autónomos porque quieren ejercer su actividad de esta manera. Esto les da una flexibilidad que no podrían disponer en una relación salarial”, se defendió la empresa en un comunicado.

“Este juicio cubre hechos de 2015 a 2017, en los inicios de la plataforma”, sostuvo Melvina Sarfati El Grably, directora general de Deliveroo en Francia, en una entrevista reciente en el diario Le Parisien. Defendió que las condiciones de sus repartidores habían mejorado en los últimos años, un cambio motivado por la presión de sentencias judiciales. La Corte de Casación, la mayor instancia judicial francesa, ya se ha pronunciado dos veces en contra de este modelo de los falsos autónomos. En marzo de 2020, consideró “ficticio” el estatuto de autónomo de un conductor de Uber.

La incipiente presión judicial y legal contra la mal llamada “economía colaborativa” se trata de un fenómeno que va más allá de Francia. En España, tras la entrada en vigor de la “Ley rider”, que regula la relación entre repartidores y las plataformas, Deliveroo anunció que dejaría de operar en el país. En Suecia y Dinamarca se firmaron convenciones colectivas para ofrecer una mejor protección a estos empleados uberizados. Y en Reino Unido, tras una sentencia del Supremo, Uber aceptó considerar a sus conductores como “asalariados”.