Huelga de funcionarios: 20.000 personas se manifiestan contra el abuso de interinos

Multitudinaria manifestación en el centro de Barcelona contra el abuso de la interinidad en la función pública. Unas 20.000 personas, según los sindicatos, o 10.000, según la Guardia Urbana, han marchado este jueves al mediodía por la Vía Laietana, convocadas por la IAC y la CGT. La manifestación ha sido el punto álgido de una jornada, que ha mostrado músculo en la calle pero discreto seguimiento a nivel de paros de huelga con discreta incidencia. A la huelga estaban llamados todos los trabajadores del sector público. La Generalitat ha cifrado la participación en el 7% y el Ayuntamiento de Barcelona en el 3,8%; según han explicado a preguntas de EL PERIÓDICO.

Los sindicatos convocantes elevan considerablemente el apoyo de los paros. La IAC ha calificado de "éxito" la convocatoria y ha cifrado el seguimiento en el 18%. La CGT, por su parte, ha tasado el seguimiento en colegios e institutos de entre el 50 y el 60%, del 50% entre el personal de la administraciones municipales y del 40% en la Administración del Estado.

La huelga del sector público en Catalunya ha transcurrido sin incidentes y con normalidad en los servicios básicos de sanidad, educación y transportes. La protesta busca denunciar la situación de abuso de la temporalidad que viven miles de interinos en Catalunya y presionar a los partidos con representación en el Congreso para estabilizar la situación en los afectados mediante la nueva ley que está actualmente en trámite en la cámara baja. Oficialmente el Estado reconoce que hay unos 300.000 interinos actualmente ocupando plazas estructurales en toda España. Y, según los datos actualizados este mismo jueves por el INE, 1,1 millones de trabajadores del sector público tienen un contrato temporal (no todos son interinos, pero sí una gran parte).

En la mañana de este miércoles está transcurriendo sin incidentes una manifestación multitudinaria desde plaza Urquinaona y por la Via Laietana, de la que la Guardia Urbana de Barcelona todavía no ha dado cifras de asistentes. TMB sí ha informado de la afectación en el tránsito de autobuses que tienen recorrido fijado por la zona, concretamente las líneas H16, V15, V17, 47 y 120.

La protesta busca denunciar la situación de abuso de la interinidad que sufren miles de funcionarios y personal laboral. "Hoy he secundado la convocatoria de huelga del sector público para exigir la estabilización del personal interino y temporal de las administraciones públicas. Mañana volveré a estar disponible y a pleno rendimiento como todos los interinos e interinas con las que seguro trabajas cada día", reza uno de los mensajes de los convocantes que han circulado este jueves para informar internamente de los paros.

Los altos índices de temporalidad estructural en la función pública, que se concentran mayoritariamente en la sanidad y la educación, han sido motivo de correctivo en múltiples sentencias por la justicia europea. Para corregirlo, el Gobierno pactó a principios de verano un documento con los sindicatos y ahora los partidos con representación en el Congreso de los Diputados se encuentran debatiendo modificaciones sobre el mismo. Se prevén cambios en la norma y todos los sectores se están movilizando para incidir, incluidos algunos de los sindicatos con fuerza en el sector público catalán. "Ho hay derecho que después de 20 años [en algunos casos] sin convocar oposiciones ahora las culpas recaigan en los trabajadores. Hace falta cambiar el 'Icetazo' y conseguir un proceso de estabilización real", ha declarado la portavoz de la IAC, Assumpta Barbens.

La actual norma contempla sacar a concurso las plazas actualmente ocupadas por interinos, reforzando el peso de la experiencia, pero obligando a los interinos a pasar por examen. Lo que abre la posibilidad a que suspendan el examen y que se queden sin plaza, pese a los años acreditados en el puesto. Es por eso que los convocantes piden a los partidos que cambien la norma o bien para habilitar concursos de méritos para todos los interinos en fraude o bien una conversión automática a indefinidos no fijos, dos medidas que hasta ahora generaban dudas de inconstitucionalidad en el Ejecutivo.